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¿Tropezaremos de nuevo con la misma piedra?

por 13 marzo, 2020

¿Tropezaremos de nuevo con la misma piedra?
Hoy, 47 años después, estamos conociendo que el Ejército ha estado desplegando personal de civil en marchas y manifestaciones, so pretexto de recopilar información para prevenir ataques a cuarteles. Sin embargo, la sociedad civil debe estar muy alerta sobre estos procedimientos, que se dan simultáneamente al surgimiento de grupos de extrema derecha que se han estructurado como de “primera línea” de apoyo a marchas por el “Rechazo”. Estos últimos se presentan en las mismas premunidos de gas pimienta, palos y escudos confeccionados casi en serie.
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Durante los meses previos al golpe de Estado de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas –principalmente el Ejército y la FACH– desplegaron personal de civil y colaboradores civiles afines a grupos de extrema derecha como Patria y Libertad en todas las marchas y manifestaciones que, por entonces, los partidos y agrupaciones que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular efectuaban en defensa del mismo. La misión era fotografiar e identificar a los asistentes a objeto de disponer de dicha información para una eventualidad futura. Esa eventualidad se dio efectivamente y significó miles de víctimas entre asesinatos, detenciones ilegítimas, torturas y toda suerte de violaciones a los Derechos Humanos, gran parte de ellas aún impunes. Impunidad de la que se han beneficiado especialmente civiles.

La actuación descrita de personal militar fue, además, favorecida por la vigencia de la Ley 17.798 de Control de Armas, promulgada en octubre de 1972 a instancias de parlamentarios de derecha y el senador Carmona (DC), uno de los principales pro golpistas, que presentó la moción en el Senado. Se argumentó, como justificación, el asesinato del general, René Schneider, omitiendo que fue cometido por un comando de extrema derecha, financiado por la CIA, a través de la embajada de Estados Unidos en Chile. Parlamentarios de Gobierno, ingenuamente, concurrieron con su voto a aprobar la norma propuesta, que en la práctica era una modificación a la Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado.

A lo anterior hay que agregar la gravísima situación presente en Carabineros, hoy prácticamente descontrolado. Esto último es producto de una seguidilla de hechos que han afectado irreversiblemente su prestigio y que parten con las conocidas irregularidades financieras, siguen con los montajes en distintas operaciones –incluido el asesinato de Camilo Catrillanca– y desembocan en la actuación absolutamente deplorable mostrada con motivo de las manifestaciones y hechos delictuales acaecidos desde octubre, en los que la institución ha evidenciado, simultáneamente, incapacidad para reprimir la delincuencia y falta de profesionalismo y criterio para controlar las manifestaciones.

Dicha ley significó carta blanca para que las FF.AA. desarrollaran, desde inicios del año 1973, una continua labor de allanamientos a sedes partidistas de la Unidad Popular so pretexto de buscar armas, pero en la práctica era para obtener información de los partidos, de sus adherentes y para generar temor. No escatimaron esfuerzos en este sentido.

Hoy, 47 años después, estamos conociendo que el Ejército ha estado desplegando personal de civil en marchas y manifestaciones, so pretexto de recopilar información para prevenir ataques a cuarteles. Sin embargo, la sociedad civil debe estar muy alerta sobre estos procedimientos, que se dan simultáneamente al surgimiento de grupos de extrema derecha que se han estructurado como de “primera línea” de apoyo a marchas por el “Rechazo”. Estos últimos se presentan en las mismas premunidos de gas pimienta, palos y escudos confeccionados casi en serie. Una sede de la UDI ha sido mencionada como lugar de acopio y eventualmente producción.

A lo anterior hay que agregar la gravísima situación presente en Carabineros, hoy prácticamente descontrolado. Esto último es producto de una seguidilla de hechos que han afectado irreversiblemente su prestigio y que parten con las conocidas irregularidades financieras, siguen con los montajes en distintas operaciones –incluido el asesinato de Camilo Catrillanca– y desembocan en la actuación absolutamente deplorable mostrada con motivo de las manifestaciones y hechos delictuales acaecidos desde octubre, en los que la institución ha evidenciado, simultáneamente, incapacidad para reprimir la delincuencia y falta de profesionalismo y criterio para controlar las manifestaciones.

Es en este último contexto donde se evidencian más claramente las deficiencias profundas en el reclutamiento y formación de cuadros que, a juzgar por los distintos hechos conocidos, no son exclusivos de Carabineros rasos y suboficiales. Se habla de una reestructuración de la institución. Más bien se requiere crear una nueva, liberada de la profunda militarización que rige todo el funcionamiento de la policía uniformada y que le ha creado un profundo daño. Historia aparte es la profunda y odiosa brecha que existe entre oficiales y tropa y que, en privado, estos últimos señalan como insostenible. El abuso es mayor al existente en otras ramas de la defensa y estos no son menores.

A raíz de los hechos ocurridos a propósito del golpe de Estado de 1973, la democracia ha logrado una mínima intervención en la formación de los cuadros humanos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que se reducen a la existencia de cátedras sobre Derechos Humanos –de cuya profundidad de contenidos y énfasis con los que se tratan, nada sabemos– y poco más que eso. Pero el acceso a las escuelas matrices de oficiales sigue bajo la misma dinámica que ha tenido siempre y que se traduce en que, especialmente en el caso de la Armada y el Ejército, se logra garantizar la continuidad de una mentalidad y doctrina reaccionaria, germen permanente de futuras irrupciones en la arena política e interrupciones del devenir democrático. No nos engañemos: nada ha cambiado en estos aspectos.

Así, aun cuando el escenario es otro, podríamos estar encaminándonos a una nueva situación de ruptura institucional que, nuevamente, encontrará a las fuerzas progresistas desprotegidas y expuestas a toda suerte de abusos y excesos.

De hecho, ya lo vemos. No necesariamente la intervención de las Fuerzas Armadas se traduce siempre en un ejercicio directo del poder. Hay variantes tanto o más peligrosas, como el apoyo e injerencia para imponer mandatarios títere. En la región tenemos ejemplos como los de Juan María Bordaberry en Uruguay (1973 - 1976); Artur da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel, estos últimos tres en Brasil, entre 1967 y 1979. Una figura como la del presidente títere es una opción para las fuerzas reaccionarias en un contexto mundial en que los golpes de Estado en regla parecen no encajar.

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