Opinión
La persistencia de discrepancias no resueltas, permite cuestionar la suma urgencia que ha puesto el Ejecutivo a la tramitación del proyecto en el Senado. Hoy existe una brecha profunda entre dos enfoques contrapuestos de lo que debe ser la política migratoria y, mientras esa brecha no se cierre, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una ley con una legitimidad espuria, insostenible en el tiempo.
La discusión en torno al proyecto de ley de migraciones supone una diferencia política sobre la forma en que debe darse la relación del Estado con los migrantes. Esta discusión parte de algunos acuerdos transversales. Hoy nadie pone en duda que es necesario cambiar el DL 1.094 vigente desde 1975, tampoco que la migración debe ordenarse por canales regulares y la ley tiene que aportar a ese propósito. Hoy nadie promueve suprimir las fronteras ni se opone a la idea de que la migración debe producirse en condiciones de seguridad para los migrantes. Donde no parece haber acuerdo es en el principio que la nueva ley migratoria debe derivar de un consenso a nivel del Estado y no solo una conquista del Gobierno.
La persistencia de discrepancias no resueltas, permite cuestionar la suma urgencia que ha puesto el Ejecutivo a la tramitación del proyecto en el Senado. Hoy existe una brecha profunda entre dos enfoques contrapuestos de lo que debe ser la política migratoria y, mientras esa brecha no se cierre, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una ley con una legitimidad espuria, insostenible en el tiempo.
El enfoque del proyecto de ley y el relato que lo acompaña, está articulado sobre cinco ejes. El primero, asume una concepción del migrante como un sujeto de sospecha. Presupone que los extranjeros son personas que buscan, por defecto, vulnerar el régimen jurídico del país y sacar provecho ilegítimo de los bienes públicos y servicios sociales. En este sentido, el proyecto está articulado en una trenza de sanciones y desincentivos a esa supuesta disposición de los extranjeros a vulnerar la ley. Segundo, se asume que la migración es una carga para el Estado, frente a lo cual el proyecto establece condiciones de acceso y permanencia de los migrantes en el país, al alivio de esta supuesta carga.
[cita tipo=»destaque»]Frente a esos supuestos que subyacen a la propuesta del Gobierno, existe un enfoque contrapuesto que ha sido expresado por actores políticos de oposición, organizaciones de migrantes e instituciones de la sociedad que trabajan con esta población. Esta mirada asume, primero, que los migrantes son personas motivadas por la búsqueda de su bienestar, pero sumamente sensibles al bien común y propensos a la responsabilidad para con el Estado y las normas.[/cita]
En tercer lugar la propuesta oficial asume una mirada economicista de la migración, pues pone como prioridad la potencial contribución de los migrantes a la economía nacional, por sobre el resguardo de las garantías de acceso a los derechos. Se subordina, así, la migración como derecho y como oportunidad. En cuarto lugar, predomina en la concepción oficialista un enfoque nacionalista sobre la gestión de la política migratoria. Se desconocen, de esta forma, en el articulado del proyecto, los compromisos jurídicos vinculantes internacionales que Chile ha suscrito. Finalmente, la posición oficial asume que una ley migratoria tiene una potestad absoluta para determinar los flujos migratorios. Presupone, con ello, que los únicos incentivos para condicionar la marcha de los migrantes son aquellos que se establezcan por la vía normativa.
Frente a esos supuestos que subyacen a la propuesta del Gobierno, existe un enfoque contrapuesto que ha sido expresado por actores políticos de oposición, organizaciones de migrantes e instituciones de la sociedad que trabajan con esta población. Esta mirada asume, primero, que los migrantes son personas motivadas por la búsqueda de su bienestar, pero sumamente sensibles al bien común y propensos a la responsabilidad para con el Estado y las normas. Lo que, entre otras cosas, explicaría que puedan pasar noches enteras a la intemperie haciendo filas para que la PDI o Extranjería les formalice un documento.
En segundo lugar, se asume que la migración genera por defecto una contribución al desarrollo cultural, social, económico y político de la sociedad.
Tercero, se asume como prioridad el acceso a los derechos. Esto implica que la política debe establecer garantías para todos los migrantes, independientemente de su situación administrativa, nivel de calificación o capacidad para demostrar su contribución a la economía.
Cuarto, se asume un enfoque internacional de la política migratoria, que aspira a que estén plasmado, en los artículos y no solo en la introducción del proyecto, el conjunto de compromisos internacionales que Chile ha suscrito.
Finalmente, se entiende que la ley migratoria tiene limitaciones en sus efectos y que, por tanto, debe atender a las condiciones estructurales que pueden tensionarla. Una ley ni va a conseguir cerrar la frontera ni tampoco atraerá por sí sola, selectivamente, a ciertos migrantes. En lugar de poner puertas donde no hay muros, es necesario construir canales donde fluye el agua.
El proyecto de ley de migraciones es una necesidad del país y, mientras estas controversias no se resuelvan, en vez de tener una conquista política para el Estado, tendremos como mucho una victoria pírrica de un Gobierno obstinado.
