Opinión
El regateo y la especulación del Gobierno para implementar el Ingreso Mínimo de Emergencia, en montos y cobertura, junto a anuncios populistas como las Canastas de Alimentos, sin claridad en el modo de distribución exige a la oposición una actitud más categórica. Si no existe perspectiva común sobre el futuro de Chile, al menos debiese darse en la mirada sobre esta pandemia. Actitud que no debe ser contemplativa y empática de lo obrado por el gobierno, sino por el contrario altamente exigente de una política económica redistributiva y de protección social integral, que asegure ingresos para vastos sectores de la población que les permitan enfrentar con seguridad esta pandemia.
Habidas cuenta de la crisis sanitaria y socioeconómica en curso, no cabe duda que el gobierno y la derecha en su conjunto han actuado de manera errática, sin previsión y con profunda irresponsabilidad frente a la pandemia y sus efectos, orientados como agenda oculta y cada vez más explícita, a la conservación del modelo neoliberal. Desoyendo y desatendiendo medidas de protección integral en tiempo oportuno, improvisando medidas y ninguneando a las organizaciones sociales y a niveles de la institucionalidad como son los alcaldes y municipios que tienen contacto directo con las carencias y padecimientos de las personas y comunidades. En definitiva, desprovistos de una mirada integral que dé respuesta en tiempo presente y futuro a las crecientes carencias y riesgos de la población.
Si hay algo que ha caracterizado históricamente a la sociedad chilena, como activo de responsabilidad individual y colectiva en autoprotección, es su confianza en el juicio y orientación de sus autoridades en catástrofes y emergencias sanitarias, más allá de su signo político. Esto en parte explica los buenos indicadores sanitarios y el impacto atenuado de emergencias del pasado. Por esto, a la luz de la explosión de contagios y muertes, con repercusiones en la población más vulnerable del país, resulta tan reprochable las señales contradictorias emitidas desde el gobierno, a partir de la evidente presión del gran empresariado, con costos devastadores aún indeterminados.
La “nueva normalidad” y la invitación a “tomar un cafecito” promovida por la autoridad ministerial de salud. Las irresponsables medidas y conductas del alcalde Lavín y sus “pilotos” con la salud de los trabajadores, abriendo un mall, sin ninguna duda, relajaron las medidas de autoprotección de la población. Y como telón de fondo, una ofensiva desvergonzada desde el gobierno por traspasar y situar el fracaso del diseño preventivo frente al COVID-19 a las conductas de la población, expresado en propaganda política que mediante la peculiar idea de “asintomáticos sociales”, repetido en diversos medios por profesionales a fines al sistema, intentan justificar en quienes irrespetan las normas de restricción social y cuidados las negligencias del gobierno. Conviene recordar que las conductas irresponsables de las personas que actúan poniendo en riesgo a su entorno, en buena medida aumentaron tras los mensajes y señales contradictorias del Presidente y su gobierno, y no por una condición patológica o anómica extendida.
En este cuadro, la derecha desesperadamente parece sostener su política frente a esta crisis en la idea ahistórica de gestos y acciones individuales, apelando a un voluntarismo populista y corporativista, propio de la dictadura, que deposita las soluciones estructurales en la caridad y el mercado, y no en una genuina solidaridad, con base en las políticas públicas y en la acción estatal.
De lo anterior, resultan poco sostenibles y más bien un recurso retórico los dichos del Presiente Piñera sobre la creación de una Red de Protección Social, que claramente y desde la evidencia legislativa y de la vivencia de las personas es una falsedad. A la inversa, lo cierto es que, existiendo un Sistema Intersectorial de Protección Social con institucionalidad adecuada y extendida, es un despropósito que esta no se haya fortalecido y robustecido para mitigar el impacto de una realidad social masivamente vulnerable.
De esta manera el problema y los crecientes riesgos para la vida y para el sostén de vida de las personas y las comunidades se expresan por un lado en la mala gestión de crisis, tanto por su exitismo irreal como por su especulación en las medidas; como en la débil e insuficiente respuesta y acción del gobierno que focaliza al máximo sus medidas de apoyo económico, reeditando las políticas de ortodoxia neoliberal de la dictadura durante la crisis económica de 1982. Y en consecuencia desatendiendo a vastos sectores de la población que se empobrecen.
Así el pueblo de Chile se enfrenta a las necesarias medidas de restricción que impone la pandemia, desprovisto de seguridad y confianza por parte del gobierno, es decir, sin el soporte de seguridad psicosocial frente un evento tan prolongado y perturbador. La subjetividad dañada por el encierro prolongado comienza a tener efectos al interior de los hogares, especialmente cuando no existen redes de apoyo social y económico. Las personas, por la explosión de contagios y el aumento de las defunciones se enfrentan a la muerte y a los temores que ello provoca.
Pero, en una economía donde la vulnerabilidad es la recurrencia empírica que prevalece y no la excepcionalidad, en economías de subsistencia donde las familias complementan ingresos por trabajo formal y trabajo informal, las familias y las comunidades hoy se están enfrentando al hambre, a muchas necesidades y a privaciones que vulneran el cuerpo y la dignidad.
Por ello, el regateo y la especulación del Gobierno para implementar el Ingreso Mínimo de Emergencia, en montos y cobertura, junto a anuncios populistas como las Canastas de Alimentos, sin claridad en el modo de distribución exige a la oposición una actitud más categórica. Si no existe perspectiva común sobre el futuro de Chile, al menos debiese darse en la mirada sobre esta pandemia. Actitud que no debe ser contemplativa y empática de lo obrado por el gobierno, sino por el contrario altamente exigente de una política económica redistributiva y de protección social integral, que asegure ingresos para vastos sectores de la población que les permitan enfrentar con seguridad esta pandemia. Fuentes de financiamiento posible existen como son los recursos del Fondo de Estabilidad Económica y Social, el Fondo Estratégico Militar o el acceso al crédito con organismo internacionales como el Banco Mundial. Siendo prioritario acentuar la justicia fiscal mediante la creación de un impuesto a las grandes fortunas.
Por ello, en este cuadro social cabe preguntarse ¿qué viabilidad tiene un nuevo pacto político y social? promovido por la derecha y sectores de la oposición de inspiración neoliberal; probablemente ninguno. Si se quiere imponer, sumando los votos de la derecha y sectores neoliberales se puede, pero careciendo de toda legitimidad social.
Al respecto, el sistema político y en particular la sensibilidad progresista y de izquierda no puede actuar validando la negligencia inexcusable que ha caracterizado al gobierno del presidente Piñera durante esta catástrofe sanitaria y socio económica, considerando que los efectos de esta pandemia agudizan las desigualdades y asimetrías tan rechazadas por las nuevas mayorías sociales.
A los chilenos y chilenas les debe preocupar y molestar una oposición que no logra establecer una posición única y carece de unidad para enfrentar a la derecha, con iniciativas que fracasan y acentúan las divisiones. Pero le debe fastidiar mucho más la negación e incumplimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales y eso se está dejando sentir en ellos territorios.
