Opinión
La crisis de autoridad que se vive en el país está caracterizada por el hecho de que los grupos dominantes, las elites, pierden la capacidad de dirigir a la sociedad, de convencerla, de conducirla por un rumbo, de respetar las reglas y la autoridad, de generar cohesión. Sebastián Piñera pensó que la pandemia le entregaba esa oportunidad que todo gobernante espera cuando todo está cuesta arriba: empezar de cero. Asumió que la autoridad iba a ser suficiente para validar una completamente deficiente política sanitaria. Lo que el Presidente no consideró en su real magnitud fue el proceso que se viene gestando desde hace años y que estalló en octubre del año pasado: la crisis de legitimidad de la autoridad, de la institucionalidad y sus liderazgos.
La pandemia está fuera de control. Las negras cifras de contagios y muertes que vemos todos los días, las medidas que no surten efectos, la saturación de los servicios de salud, el hambre, el desempleo y el daño económico son solo los efectos más visibles y palpables de la crisis. El Gobierno ha ensayado una serie de explicaciones y causas para todos estos fenómenos, intentando un encadenamiento a partir de una idea base: la responsabilidad es de las personas, no del Ejecutivo.
Todos los días el vocero de turno llama la atención a la ciudadanía para que se quede en casa; sin embargo, no hay atisbo alguno que permita presumir que alguien en La Moneda comprenda las razones de este comportamiento.
En este sentido, el Gobierno se resiste a asumir que la responsabilidad es suya, que las malas políticas públicas, los mensajes confusos, el escándalo por los cambios en cifras de fallecimiento, y la tozudez de las autoridades con la vuelta a la normalidad, terminaron por minar la poca credibilidad que les quedaba. A esto se suman las completamente insuficientes políticas de apoyo económico a las familias, las que lejos de generar el efecto de permitirles a las personas más pobres del país quedarse en casa, se han convertido en un insulto, sobre todo con el espectáculo y el show mediático relacionado a la entrega de cajas de mercadería.
Sebastián Piñera pensó que la pandemia le entregaba esa oportunidad que todo gobernante espera cuando todo está cuesta arriba: empezar de cero. Asumió que la autoridad iba a ser suficiente para validar una completamente deficiente política sanitaria. Lo que el Presidente no consideró en su real magnitud fue el proceso que se viene gestando desde hace años y que estalló en octubre del año pasado: la crisis de legitimidad de la autoridad, de la institucionalidad y sus liderazgos.
Sebastián Piñera quiso creer que esa sociedad que se rebeló frente a las reglas del juego y las autoridades se había normalizado. Que la crisis sanitaria superaría la crisis política. Pero no, la sociedad chilena ha dejado en claro que ya no consiente la forma en las que se gobierna y tampoco la forma en que debe orientar la vida para lograr el bienestar. El sentido común de la sociedad se movió y, a golpe de realidad, constató que no es posible una vida digna bajo el camino trazado en los último 30 años.
Esta crisis de autoridad está caracterizada por el hecho de que los grupos dominantes, las elites, pierden la capacidad de dirigir a la sociedad, de convencerla, de conducirla por un rumbo, de respetar las reglas y la autoridad, de generar cohesión. Es decir, la pérdida del consentimiento, de la aceptación del pueblo.
Lo que hoy debiera causar estupor es que el Gobierno siga gobernando desde Apoquindo 3000 y no entienda la urgencia de realizar cambios profundos en su modo de gestionar la crisis sanitaria, de modo de recuperar algo de este consentimiento, sin el cual toda estrategia sanitaria continuará naufragando.
Lejano a este planteamiento, pareciera ser que el Gobierno intenta reparar este déficit con un recrudecimiento de la versión autoritaria del ejercicio poder. El intento de pasar en medio de la crisis una nueva Ley de Seguridad y haber intentado retomar la discusión sobre la Ley de Defensa de Infraestructura Crítica, elementos que nada tienen que ver con la crisis sanitaria y económica que vive Chile.
Por el contrario, una versión que compatibiliza el ejercicio de la autoridad con las sociedades democráticas, acepta que la pérdida de autoridad no se resuelve con un aumento la coacción y uso de la fuerza. En este sentido recuperar autoridad debe ser sinónimo de confianza y credibilidad, no de castigo. Sobran casos de otros países, no tan ricos, y a veces más pobres, que han acatado las medidas decretadas de confinamiento y están cohesionados detrás del objetivo de proteger para protegerse, bajo un Estado garante de la vida y del bienestar de las personas. Esto es porque han tenido, sus autoridades y medidas, el consentimiento de la gente para acatar, cumplir y confiar.
El consentimiento a la forma en la que se gobernaba y las cosas en las que creíamos terminó. Es vital –literalmente– apoyarnos en otras formas, en otros actores, en otras ideas y en el reconocimiento de fracaso de la clase dirigente para, desde esta emergencia, reconfigurar la convivencia, el consentimiento y la cohesión colectiva para resguardar la vida y el futuro.
