Opinión
Son varios meses de confinamiento para millones de chilenos en todo el territorio, decenas de millones de controles de circulación de personas y vehículos, toques de queda con resguardo militar, para “cuidar la salud de los chilenos”. Nada de esto ha detenido o atenuado los contagios y las enfermedades. No se necesita de militares para combatir el virus. Para combatirlo se necesita de recursos para hacer la detección, para apoyar a los que deben ser aislados y tratados por la enfermedad. Es de esperar que el Congreso Nacional no permita un tercer Estado de Excepción. Sería absolutamente inadmisible para la vida social y política que se haga el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre en estas condiciones.
Los chilenos estamos soportando un largo y agobiante Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado desde el 18 de marzo por el Presidente Piñera para “combatir la pandemia”. El 15 de junio, decidió prorrogar el Estado de Excepción Constitucional, mediante Decreto Supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por un plazo adicional de 90 días. Esta prórroga se materializó a través del Decreto Supemo Nº 269, publicado en el Diario Oficial el 16 de junio.
Son facultades enormes que limitan o anulan las libertades individuales y los derechos civiles de toda la población, lo que incluye la pérdida del trabajo o el deterioro patrimonial de las personas. Según la actual Constitución, basta que el Presidente informe al Congreso para que entre en vigencia y así privarnos, durante 180 días, de los derechos más elementales.
Estos decretos supremos han militarizado el país con la designación de los jefes de Defensa Nacional y Regional que asumen la dirección y supervigilancia de su jurisdicción. Las facultades presidenciales son delegadas total o parcialmente en los jefes de la Defensa Nacional designados.
¿Cuáles son las principales medidas que se han aplicado en Chile?
¿Se justifica el Estado de Excepción Constitucional en Chile, en nombre de combatir la pandemia, autoconfiriéndose el Presidente poderes comparables a los que tuvo durante 17 años el dictador Pinochet? Pinochet apeló a la seguridad nacional, anunciando una guerra interna. Piñera lo hace apelando a combatir la pandemia. Y la masividad de las medidas actuales supera la privación de libertades que tuvimos en la dictadura.
En el caso del Chile actual, esta medida es un abuso completo y no se justifica desde ningún punto de vista. La Constitución actual es ya más que suficientemente presidencialista, relegando al Congreso a un papel secundario. En la pandemia, a pesar de los millones de controles diarios de “permisos temporales” dados por la Comisaría Virtual, no ha tenido ningún impacto efectivo.
Son varios meses de confinamiento para millones de chilenos en todo el territorio, decenas de millones de controles de circulación de personas y vehículos, toques de queda con resguardo militar, para “cuidar la salud de los chilenos”.
Nada de esto ha detenido o atenuado los contagios y las enfermedades. Solo la lógica oculta de combatir un eventual rebrote del estallido social puede explicar este exceso de concentración del poder presidencial, acompañado por una nutrida batería de recursos para el control policial-militar e instrumentos sancionatorios.
Durante meses Chile ha sido rankeado entre los 10 países más afectados por la pandemia, como lo son Perú, Brasil, Estados Unidos o México… según los fiables informes diarios entregados por la Universidad John Hopkins. Perú es otro de los países que tiene medidas draconianas de control, sanciones y confinamiento y lo único que ha logrado es una enorme cantidad de muertos e infectados.
¿De qué han servido las medidas que prohíben trabajar o salir de la ciudad donde se vive, si el COVID-19 hace estragos en todo Chile?
Los delitos de asaltos, robos y crímenes se siguen cometiendo con alta frecuencia en todo el territorio, incluido el horario de toque de queda y sin impedir que vaya en aumento la sensación de inseguridad de la población, que el Estado de Excepción Constitucional dice combatir.
Se argumenta de parte de los autoritarios que los chilenos no sabemos cuidar nuestra salud y por ello se necesita “mano fuerte” del Estado que nos controle y nos castigue. Recientemente el Congreso aprobó modificar el Código Penal en su artículo 368, para endurecer las sanciones ligadas a la circulación de personas. Hay penas que pueden llegar a los 5 años de cárcel y multas por más de 10 millones de pesos para alguien que circula sin permiso o haga actividades prohibidas por la autoridad sanitaria.
Esto es desproporcionado y lo permite la actual legislación. Es absolutamente falsa la premisa que no hay autocuidado de los chilenos. Nadie pretende exponerse innecesariamente. Son razones imperiosas las que nos llevan a salir de nuestros domicilios. Basta poner reglas sensatas de circulación y dar los recursos financieros adecuados para controlar los flujos de las personas. Países como Nueva Zelanda, Noruega o Uruguay, que confían en su población, así lo demuestran.
La amenaza constante y los omnipresentes controles son enormes, mientras los permisos diarios en Santiago llegan a 1 millón 400 mil personas. Hay cotidianamente filas de vehículos ante la presencia de los “boinas negras” en las calles. Esto es altamente contraproducente. Habla más de la desconfianza del Gobierno en la población civil que de una verdadera protección de la salud pública.
El abastecimiento nacional, que es otra razón esgrimida por el Gobierno para suspender o clausurar las libertades públicas, no se logra con el control y la represión sobre la población civil. El abastecimiento se asegura permitiendo que los agentes económicos operen con libertad.
No se necesita de miles de militares con metralletas para combatir el virus. Para combatir el virus se necesita de recursos para hacer la detección, para apoyar a los que deben ser aislados y tratados por la enfermedad, hacer el monitoreo de los contagios, reforzar las residencias sanitarias, fortalecer el suministro de insumo a los hospitales y a la salud primaria. Mientras estos recursos para la salud siguen siendo escasos, cuando los médicos y los funcionarios de la salud piden más apoyo y recursos para atender a los enfermos, los recursos para los militares y las policías no son escatimados por el Gobierno.
En Canadá los militares fueron destinados a las residencias de ancianos para abastecerlos y cuidarlos. En Chile se les pone patrullando las calles y pidiendo documentos a los conductores y a los peatones, generando contactos y contagios entre civiles y militares que podrían ser evitados usando los criterios pertinentes que les restituyan a las Fuerzas Armadas un rol más social y menos policial.
El Congreso Nacional solo podrá dejar sin efecto un nuevo decreto supremo presidencial de Estado de Excepción transcurridos 180 días, si las razones que lo motivaron hubieran cesado. Los ciudadanos podríamos esperar, para creer que aún tenemos algo de libertades democráticas, que el Congreso Nacional no permita un tercer Estado de Excepción. Sería absolutamente tóxico e inadmisible para la vida social y política que se haga el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre en estas deplorables y represivas condiciones.
Si hay algo de sensatez entre los diputados y los senadores del país, debiéramos esperar que no le permitan extender al Gobierno las facultades de Excepción Constitucional. Más aún si este Gobierno está por el Rechazo al cambio de la actual Constitución heredada de Pinochet.
Un nuevo cheque en blanco al Gobierno para prolongar la excepcionalidad constitucional, no se justifica y es inaceptable. Hemos sido despojados de nuestras libertades más elementales durante demasiado tiempo. Se ha limitado severamente el derecho a trabajar, a circular libremente y a manifestarnos en los espacios públicos en nombre de combatir la pandemia.
Es momento de que recuperemos estas facultades ciudadanas sin tener que pedir permiso a los militares o a las policías. Chile se merece que se restituyan los derechos elementales que aun la actual Constitución dice proteger.
