MERCADOS|OPINIÓN
Dentro de las ventajas de este miniimpuesto se pueden mencionar que es de muy fácil recaudación, ya que las transacciones financieras están debidamente registradas y son de acceso público, que se puede empezar a recaudar desde el momento en que sea aprobado unos US$235 millones de dólares al mes y que es imposible de evadir. Además, es eficiente, ya que grava en mayor medida la especulación financiera, que es una actividad con elevados costos sociales en términos de estabilidad económica e induce a mayores grados de estabilidad en el mercado financiero. Finalmente, es claramente progresivo, pues las personas de menores recursos no realizan transacciones financieras.
En este artículo proponemos un miniimpuesto a las transacciones financieras, que es capaz de recaudar de forma eficaz y permanente un 1% del PIB (US$2.800 millones anuales). Así, esperamos aportar al debate público acerca del financiamiento responsable de las exigencias sociales planteadas claramente por la ciudadanía, con un enfoque que considere los principios básicos de un sistema tributario: progresividad y justicia tributaria.
El Gobierno ha propuesto financiar las pensiones con un aumento de 2 puntos en el IVA. De esto se desprenden dos elementos esenciales: i) un reconocimiento explícito de la necesidad de subir los tributos para financiar derechos sociales; y ii) que los recursos provendrían de todos los chilenos.
Estamos de acuerdo con el primer punto, debemos aumentar la recaudación para financiar las exigencias sociales, no así con el segundo, que sigue evidenciando el insistente enfoque del Gobierno y de muchos de los “técnicos” que merodean en los medios de comunicación, repitiendo el mantra ortodoxo de que los recursos deben provenir de todos los chilenos, incluso en mayor proporción de quienes menos ingresos reciben.
[cita tipo=»destaque»]Dada la urgencia por recursos debido a la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, es necesario pensar creativamente en herramientas recaudatorias que no afecten a las trabajadoras y los trabajadores del país, que muestren un compromiso real con el financiamiento responsable y eficaz de las exigencias sociales planteadas claramente por la ciudadanía. La tasa Tobin apunta en esta dirección. Hacemos un llamado a nuestros colegas a pensar “fuera de la caja” y no darle la espalda a la ciudadanía.[/cita]
Debemos erradicar la absurda lógica que afirma que las crisis y las necesidades de inversión social las pagan los trabajadores. En cambio, se debe lograr que este consenso sobre el aumento de la recaudación y gasto fiscal cumpla con estándares mínimos de justicia social, considerando como fuentes de financiamiento aquellas dejadas de lado por políticas pro elite de las últimas décadas y nuevas formas creativas, que no afecten a las capas medias y bajas.
Existe un consenso en el debate público sobre la necesidad de aumentar la recaudación fiscal. Se ha propuesto como meta pasar del actual 20% del PIB a montos en torno al 31% e incluso superiores (35% del PIB), para acercarse a los países OCDE que el actual ministro de Hacienda considera como referentes.
Una mejora al sistema tributario debe ser efectivamente progresiva. Esto impone ciertas restricciones como abstenerse de subir el IVA, no subir impuestos a las capas medias y bajas, y no ampliar la base tributaria hacia personas de menores ingresos.
Algunas medidas absolutamente necesarias para un programa tributario progresivo corresponden a royalties a los recursos naturales, impuestos patrimoniales, desintegración del sistema tributario e impuestos a las ganancias de capital.
Estas medidas deben ser complementadas con un plan decidido de reducción de la enorme evasión tributaria que se concentra principalmente en los sectores más ricos.
En este contexto, proponemos gravar con una bajísima tasa las transacciones financieras. Esta medida se aplica actualmente en muchos países y contribuye a “nivelar la cancha” entre el sector real de la economía y el sector financiero, al tiempo que posee atractivas características que describimos a continuación.
Propuesto en 1971 por James Tobin (Premio Nobel) con el objetivo de disminuir la volatilidad en los mercados inducida por la búsqueda de ganancias especulativas de corto plazo, las que no generan ningún valor en la economía real y que involucran altos costos para las economías. La tasa propuesta por Tobin fue de 0.5% sobre el monto transado.
El origen de esta idea corresponde a Keynes, quien en 1936 propuso un gravamen a las transacciones financieras de Wall Street para contrarrestar la excesiva y dañina especulación. Lo interesante del caso es que el mismo Keynes fue un experimentado y exitoso especulador bursátil.
Con una tasa de 0,3% sobre todas las transacciones financieras –mucho más baja que la propuesta por Tobin–, estimamos una recaudación de US$2.800 millones, equivalente a 1 punto del PIB, monto similar a lo que el Gobierno y sus “técnicos”, al parecer, quieren recaudar usando el regresivo recurso de aumentar el IVA en 2 puntos.
El año 2019 el monto total transado en la bolsa de comercio de Santiago correspondió a US$914.000 millones, un monto de más de 3 veces todo lo producido en la economía nacional.
Para el caso de las acciones, el monto promedio de cada transacción fue de US$10.200, equivalentes a $7.2 millones de pesos. En este caso el impuesto que proponemos sería de solo $21 mil pesos por transacción media, cuatro veces menos de lo que cobra un notario por confeccionar una escritura.
Dentro de las ventajas de este miniimpuesto se pueden mencionar, entre otras, las siguientes:
-De muy fácil recaudación ya que las transacciones financieras están debidamente registradas y son de acceso público.
-Puede empezar a recaudar desde el momento en que sea aprobado unos US$235 millones de dólares al mes.
-Es imposible de evadir.
-Es eficiente, ya que grava en mayor medida la especulación financiera, que es una actividad con elevados costos sociales en términos de estabilidad económica.
-Induce mayores grados de estabilidad en el mercado financiero.
-Es claramente progresivo, las personas de menores recursos no realizan transacciones financieras.
Los impuestos a las transacciones financieras han estado muy presentes en la agenda regulatoria y legislativa desde la crisis financiera de 2008 en muchos países. En los años siguientes, varios países europeos y no europeos han hecho propuestas de impuestos nacionales sobre las transacciones financieras o han introducido tales impuestos.
Este tipo de impuestos se han aplicado en muchos países generalmente con tasas mucho más altas que las que sugerimos aquí. En general, la evaluación hecha por una gran cantidad de estudios es bastante positiva en cuanto a su capacidad de recaudación y eficiencia económica. Una revisión de estos estudios efectuada por McCulloch y Pacillo (2011) concluye que “un impuesto Tobin es factible y, si se diseña adecuadamente, puede hacer una contribución significativa a los ingresos sin causar distorsiones importantes”.
Un análisis reciente sobre impuestos a las transferencias financieras reporta que alrededor de 30 países los aplican en distintas formas. Los objetivos y resultados son múltiples, no obstante es concluyente respecto a que, junto con otras políticas, estos instrumentos podrían ofrecer un mecanismo atractivo para reformar el sistema financiero mundial. Algunos países que en la actualidad aplican con éxito el impuesto Tobin son el Reino Unido, Taiwán, Francia, Italia y Finlandia.
Dada la urgencia por recursos debido a la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, es necesario pensar creativamente en herramientas recaudatorias que no afecten a las trabajadoras y los trabajadores del país, que muestren un compromiso real con el financiamiento responsable y eficaz de las exigencias sociales planteadas claramente por la ciudadanía. La tasa Tobin apunta en esta dirección. Hacemos un llamado a nuestros colegas a pensar “fuera de la caja” y no darle la espalda a la ciudadanía.
Sus propuestas hoy son ortogonales a las necesidades de Chile y muchos otros países, como aumento del IVA o ampliación de la base tributaria, que no solo apuntan a gravar los ingresos de los segmentos más vulnerables, sino que también han sido rechazadas por instituciones como la OCDE y el FMI.
