Opinión
Necesariamente la crítica a la descentralización del Estado debe ir acompañada también de una crítica del carácter monocultural, extractivista y privatizador del Estado de Chile, el cual ha usado a los territorios del país como meras fuentes de extracción de recursos naturales para satisfacer las necesidades de las élites. Si no se plantea de esa forma, la descentralización estatal terminará siendo una demanda conservadora de ciertos sectores empresariales y gremiales, lo que podrá derivar finalmente en una mera distribución del poder político y económico entre las élites de Santiago y del resto de las regiones.
Chile se encuentra en un momento inédito de su historia, luego de la aplastante victoria del Apruebo en el plebiscito constitucional del pasado 25 de octubre, el cual ha generado muchas expectativas sobre las grandes discusiones que se vendrán a nivel país durante los próximos meses.
Una de esas discusiones hace referencia a la necesidad de una profunda descentralización del Estado unitario de Chile, la cual ha sido una demanda impulsada por distintos sectores provenientes de la sociedad civil y también de partidos políticos.
Es así como las críticas al Estado por su carácter centralizado y burocrático se han evidenciado en la gran desigualdad histórica entre Santiago con el resto de las regiones del país, la que se puede reflejar en el nivel de ingresos, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la infraestructura y a la misma representación de sus autoridades regionales, las cuales recién en el año 2021 se elegirán de manera democrática por la ciudadanía.
[cita tipo=»destaque»]Por tanto, no basta un Estado descentralizado con gobiernos regionales y municipios fuertes, si a las grandes empresas extractivas nacionales y transnacionales existentes en el país no se les ponen límites sociales y ambientales claros en las distintas localidades, las cuales son literalmente saqueadas por la megaminería, el negocio forestal, agroalimentario y también inmobiliario.[/cita]
No obstante, si bien uno puede estar de acuerdo con la crítica que se hace, con respecto a que la toma de decisiones ha estado históricamente en Santiago de manera hiperpresidencialista, esta se hace completamente insuficiente, en la medida que no se plantee explícitamente desde qué lugar ideológico estamos entendiendo la descentralización del Estado.
Planteo esta inquietud, ya que muchos de los sectores que han buscado impulsar en Chile la llamada descentralización –desde la década de los 80 en adelante– han sido fervientes seguidores del modelo neoliberal impuesto en dictadura y profundizado en democracia por la elite política imperante, a través de un regionalismo de mercado.
Los casos de la Corporación para la Regionalización de Chile (CorChile), el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización (Conarede), la Corporación Privada del Desarrollo de la Región del Biobío (Corbiobío) y la Fundación Chile Descentralizado, todas ellas impulsadas por nombres como Claudio Lapostol y Heinrich Von Baer (hermano de Erik Von Baer y tío de Ena Von Baer), han respondido más bien a una descentralización de carácter funcional a los grandes grupos económicos, como ha planteado el historiador Patricio Ruiz Godoy.
De ahí que necesariamente la crítica a la descentralización del Estado deba ir acompañada, también, de una crítica del carácter monocultural, extractivista y privatizador del Estado de Chile, el cual ha usado a los territorios del país como meras fuentes de extracción de recursos naturales para satisfacer las necesidades de las élites.
Me parece que si no se plantea de esa forma la crítica, la descentralización estatal terminará siendo una demanda conservadora de ciertos sectores empresariales y gremiales, lo que podrá derivar finalmente en una mera distribución del poder político y económico entre las élites de Santiago y del resto de las regiones.
Ante este escenario, de lo que se trata es de impulsar una descentralización en donde el Estado cambie no solo administrativamente, dándoles más atribuciones a los gobiernos regionales y a los municipios, sino que también su estructura económica y productiva, la que ha impuesto modelos de desarrollo insostenibles para los distintos territorios, pueblos y comunidades.
Por tanto, no basta un Estado descentralizado con gobiernos regionales y municipios fuertes, si a las grandes empresas extractivas nacionales y transnacionales existentes en el país no se les ponen límites sociales y ambientales claros en las distintas localidades, las cuales son literalmente saqueadas por la megaminería, el negocio forestal, agroalimentario y también inmobiliario.
En otras palabras, se queda corta una descentralización administrativa que sigue reproduciendo un discurso centrado en la inversión privada y en una idea de crecimiento económico ilimitado, sin políticas redistributivas ni ecológicas consistentes, ya que está condenada a generar un Estado subsidiario 2.0.
Por el contrario, la descentralización tiene que servirnos para frenar y no para profundizar una concentración de la riqueza brutal en Chile, vinculada principalmente a la venta de materias primas y al despojo territorial para explotar bienes comunes.
En síntesis, una descentralización que no plantee explícitamente un Estado Plurinacional, con derechos sociales universales garantizados –educación, salud, vivienda– y que declare constitucionalmente los derechos de la naturaleza, corre el riesgo de ser un mero Estado neoliberal, pero de carácter descentralizado.
