Opinión
El contenido profundo de las movilizaciones de los trabajadores de la salud, es que se oponen al desmantelamiento crónico que ha sufrido el sector público en dicho ámbito y a la larga historia de precariedad que padecen los funcionarios de las instituciones de salud pública. Significan una continuidad con el relato de la necesidad de un país con garantías de derechos sociales, que se instaló desde el estallido social y que, en este caso, ha sido reforzado durante la pandemia: necesitamos terminar con la grave grieta que separa a los enfermos pobres de los que pueden pagar y, esto, solo es posible con una reforma profunda al sistema de financiamiento con perspectivas de un sistema público universal.
Ya van más de ocho meses de pandemia y las muertes que lamentar se cuantifican en 19.782, mientras que la cifra actual de contagios llega hasta 523.604. Esta enorme crisis sanitaria, ha significado un esfuerzo y tensión constante sobre los servicios de salud y una sobreexigencia diaria a sus trabajadores y trabajadoras. Si bien ha ido instalándose comunicacionalmente la idea de control parcial del virus, producto del sesgo con el cual el Minsal reporta los datos, la sobrecarga en los hospitales no ha disminuido y se ha sumado una creciente demanda de pacientes crónicos y de salud mental, descompensados como consecuencia de la disminución de los controles durante la pandemia.
Lo anterior, junto con el aumento de las listas de espera y todas las atenciones que no llegaron al sistema de salud, puede producir una nueva crisis sanitaria, pudiendo nuevamente colapsar los servicios de salud, sin que a la fecha exista un plan que permita hacerse cargo de esta compleja situación en forma satisfactoria y de cara al próximo año.
Es en este contexto sanitario en donde se han iniciado movilizaciones de los trabajadores de la salud que protestan por precariedad de sus condiciones laborales, compromisos incumplidos por parte del Gobierno y por un presupuesto sectorial de austeridad fiscal, que además de ser un contrasentido ante una crisis sanitaria aún no resuelta con miles de atenciones pendientes, perpetúa una brecha de financiamiento de nuestros centros públicos de salud.
[cita tipo=»destaque»]Por su parte, desde el Ministerio de Salud parecieran otra vez no querer entender las peticiones que reclaman sus trabajadores, la respuesta del mismo ministro Paris ha sido desestimar la urgencia de las demandas y acusar de irresponsables a quienes nos han cuidado en una crisis sanitaria inédita. Lo anterior, en un intento de desvirtuar las movilizaciones, enfatizando la afectación de las y los millones de usuarios y usuarias que se atienden en la salud pública, sin reconocer su responsabilidad en el desarrollo del contexto sanitario, sus consecuencias actuales y desconociendo los enormes esfuerzos desplegados por el personal de salud.[/cita]
Lo que demandan los gremios de salud es que se mantenga el pago de acuerdo al cumplimiento de metas sanitarias anual y que exista una compensación del esfuerzo extraordinario realizado por trabajadores y trabajadoras de salud, lo que, a diferencia de FF.AA. y Carabineros, no ha sido recibido hasta el momento. Solicitan descanso compensatorio y bono COVID (que fue una propuesta del mismo ministro Paris), mantener los refuerzos COVID-19 en los establecimientos de salud, medidas concretas para satisfacer las necesidades de cuidados infantiles y de otro tipo al personal de salud, prorrogar la vigencia de permisos y feriados legales acumulados de años anteriores, ya que en muchos casos el personal de salud no los utilizó para apoyar la respuesta ante la pandemia y, por último, un aumento del presupuesto de salud 2021. Aumento cuyo énfasis central debiese estar en el incremento per cápita destinado a la Atención Primaria de Salud.
El contenido profundo de estas movilizaciones, es que se oponen al desmantelamiento crónico que ha sufrido el sector público de la salud y a la larga historia de precariedad que padecen los trabajadores de las instituciones de salud pública. Significan una continuidad con el relato de la necesidad de un país con garantías de derechos sociales, que se instaló desde el estallido social y que, en este caso, ha sido reforzado durante la pandemia: necesitamos terminar con la grave grieta que separa a los enfermos pobres de los que pueden pagar y, esto, solo es posible con una reforma profunda al sistema de financiamiento con perspectivas de un sistema público universal.
Por su parte, desde el Ministerio de Salud parecieran otra vez no querer entender las peticiones que reclaman sus trabajadores, la respuesta del mismo ministro Paris ha sido desestimar la urgencia de las demandas y acusar de irresponsables a quienes nos han cuidado en una crisis sanitaria inédita. Lo anterior, en un intento de desvirtuar las movilizaciones, enfatizando la afectación de las y los millones de usuarios y usuarias que se atienden en la salud pública, sin reconocer su responsabilidad en el desarrollo del contexto sanitario, sus consecuencias actuales y desconociendo los enormes esfuerzos desplegados por el personal de salud.
Los procesos de movilizaciones abiertos desde el 18 de octubre, que tenían como una de sus demandas centrales al derecho a la salud, posteriormente reafirmados en su contenido durante la pandemia, vuelven a demostrar la insostenibilidad de un modelo de salud a merced del mercado. Es urgente avanzar en mancomunar los recursos de la seguridad social y aportes fiscales, para dar paso a un Fondo Único que permita financiar un Sistema Público Universal de Salud. Sistema que por fin se haga cargo del cuidado y protección de toda la población.
Es de consenso amplio que los esquemas de financiamiento mediante un “fondo común” y “pagador único” son más eficientes y equitativos, dado que reducen los grandes costos administrativos orientados a la selección de riesgo. Además, en estos se invierte en el propio sistema de salud y no en privados que hoy, con el actual sistema, alcanzan ganancias millonarias a través de sus clínicas y aseguradoras. Por otra parte, la noción de un Fondo Único se basa en lógicas solidarias entre jóvenes y viejos, sanos y enfermos, distribuyendo de forma racional los recursos a nivel nacional.
La posibilidad de hacer estas modificaciones estructurales en el financiamiento, que permitan materializar una salud como derecho social, pasa por confrontar directamente los intereses del negocio en salud que hoy representan las aseguradoras privadas y clínicas.
Esta vez, son las trabajadoras y los trabajadores de la salud unidos en bloque quienes exigen en las calles y desde sus labores, revertir una lógica crónica de desmantelamiento de nuestros hospitales públicos. Precarización que, a su vez, ha sido nicho de negocio para el sector privado, exponiendo a la población de menos recursos a un temor a enfermar por la incertidumbre de si podrán recibir un buen tratamiento. Ahora es cuando es posible construir una única salud digna para todas y todos quienes habitan este país.
