Opinión
La derecha ha pedido insistentemente combatir el fuego con bencina, centrando su demanda en decretar Estado de Sitio en la Macrozona Sur. Una idea que genera resistencias obvias desde un sector de la oposición –el trauma aún está vigente–, pero que tampoco despierta total simpatía en todo el oficialismo, por lo que el Presidente ha sido cauto, dejando entrever una cierta ambigüedad respecto a si esa solución puede terminar agravando la crisis. En cierta forma, La Moneda enfrenta el dilema del –en términos psicológicos– doble vínculo. Haga el movimiento que haga, tendrá un costo importante. Es decir, esto es lo equivalente a una persona acorralada que debe decidir entre saltar al precipicio o enfrentar a un león.
Partamos por la anécdota. La verdad es que el Presidente sigue siendo prisionero de sí mismo. La regla dice que siempre, después de un hecho positivo, viene una chambonada que termina desviando la atención. Porque su poco cortés gesto de retirarse –con toda su comitiva, incluyendo al presidente de la Cámara– y dejar hablando sola a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, luego de la reunión sostenida el viernes pasado, en que se abordó –sin resultados concretos– la megacrisis de La Araucanía. Su actitud terminó por deslucir el acuerdo logrado unos días antes con los representantes de los médicos, profesores y la Defensora de la Niñez, para resolver el otro poco educado gesto del ministro Lucas Palacios, que trató de manera muy poco deferente a los profesores.
Lo cierto es que el Mandatario se dedicó, durante sus tres largas semanas de vacaciones, a sacarle el máximo provecho al –exitoso hasta ahora– proceso de vacunación. Se inoculó él, visitó los centros de vacunación de la región en que se halla una de sus casas favoritas, habló por redes, por televisión y siempre haciendo referencia a las vacunas. Mientras tanto, en paralelo, se producía una escalada sin precedentes en la Macrozona Sur, con atentados incendiarios y cortes de caminos que se han salido de control. En la misma fecha, el coordinador a cargo de enfrentar el problema, también gozaba de vacaciones, pese a llevar menos de dos meses en el cargo.
El conflicto de La Araucanía, sin duda, se ha convertido en una verdadera pesadilla para el Gobierno. Criticado por todos los sectores, partiendo por la propia derecha, los agricultores afectados –con justa razón–, camioneros y todos los que en su momento declararon albergar grandes esperanzas con la llegada de Piñera por segunda vez a La Moneda. En la campaña de 2017, el entonces candidato de Chile Vamos utilizó como puntos centrales de su campaña la seguridad pública, el empleo, la migración y particularmente el conflicto en La Araucanía. Además, a medida que pasaban las semanas, todas las alocuciones del hoy Jefe de Estado se focalizaron en Michelle Bachelet y en refregarle los problemas que la entonces Mandataria habría sido incapaz de manejar.
El candidato Piñera prometió que él devolvería la paz perdida. Sin ir más lejos, el actual Presidente y los candidatos de derecha arrasaron con la votación en esa región. Paradójicamente para el Primer Mandatario, La Araucanía se transformó en una crisis inmensamente más profunda de lo que denunció en la campaña. De hecho, la gente del sector al que pertenece ha denunciado que en la zona no existe Estado de derecho. Vaya contradicción también para un Gobierno de derecha.
Lo cierto es que el conflicto se volvió completamente inmanejable para La Moneda. Piñera ha cambiado varias veces de intendente, ha anunciado y vuelto a anunciar el “Plan Araucanía”, sin resultado alguno. Sus cuatro ministros del Interior han sido incapaces de encontrar soluciones, incluyendo a Víctor Pérez, que lo único que hizo fue prender más el fuego. Hoy el nivel de violencia y la falta de capacidad de reacción del Estado son totales. Qué más claro que los 850 policías que no fueron capaces de cumplir con un procedimiento ordenado por la justicia en una pequeña comunidad. Piñera prometió devolver el Estado de derecho en la zona y resolver el conflicto. Tres años después, La Araucanía está, literalmente, en llamas.
Porque si la PDI hizo un papelón en el operativo en Temucuicui –que movilizó a detectives de todo el país con un costo de 120 millones–, Carabineros no lo ha hecho mejor. Cambios de mando permanentes, incluyendo al general de la IX Zona Araucanía que renunció el día antes de asumir, hace solo tres meses; falta de inteligencia para entender el conflicto; el caso Catrillanca, etc.
El Presidente, consciente de que la crisis va a seguir escalando y rebotará más fuerte desde marzo –más aún considerando la discusión constituyente en lo referente a los pueblos originarios–, intentó la semana pasada dar una señal de control. Citó primero al alto mando de las Fuerzas Armadas y a los directores de ambas policías. A la salida de esa reunión, efectuó un llamado a la “unidad nacional” para enfrentar el problema –algo que ha realizado antes–, pero aprovechó la ocasión para refregarle al Parlamento –que estaba de vacaciones y que pareció no inmutarse– la falta de voluntad de avanzar en las leyes que buscan entregar más facultades a las policías en el combate de lo que se ha terminado simplificando solo en la violencia –que es un síntoma– y no en lo de fondo. Porque el conflicto en La Araucanía se arrastra por décadas y hay que reconocer que ningún Gobierno, desde la vuelta a la democracia, lo ha podido resolver.
La derecha ha pedido insistentemente combatir el fuego con bencina, centrando su demanda en decretar Estado de Sitio en la Macrozona Sur. Una idea que genera resistencias obvias desde un sector de la oposición –el trauma aún está vigente–, pero que tampoco despierta total simpatía en todo el oficialismo, por lo que el Presidente ha sido cauto, dejando entrever una cierta ambigüedad respecto a si esa solución puede terminar agravando la crisis. En cierta forma, La Moneda enfrenta el dilema del –en términos psicológicos– doble vínculo. Haga el movimiento que haga, tendrá un costo importante. Es decir, esto es lo equivalente a una persona acorralada que debe decidir entre saltar al precipicio o enfrentar a un león.
Concuerdo en que cualquier solución en La Araucanía requiere de un acuerdo amplio –algo difícil en un año electoral–, pero especialmente necesita de un diálogo con los principales involucrados: los propios mapuches. Si pretenden resolver la crisis desde el Congreso y La Moneda, que parece ser la apuesta de la derecha, el esfuerzo terminará en un nuevo fracaso y las consecuencias pueden ser insospechadas.
Concuerdo también en que se debe buscar una nueva forma de inteligencia para enfrentar los hechos de violencia, sin embargo, resulta grave que el coordinador, Cristián Barra, haya señalado que la complejidad del territorio hace imposible el actuar del Estado. Esas regiones no son –ni por topografía ni por extensión– Vietnam o Chiapas. Y, claro, lo que deja la mayor lección es que no hay nada peor que una promesa electoral que es imposible de cumplir en el corto plazo. Bueno, otra más de los “tiempos mejores”.
