Opinión
Hemos visto cómo el Estado no llega a las personas y, por eso, proponemos la instauración de una “nueva gobernabilidad”, que redefina las prácticas y formas en que se ejerce el poder público. Aumentaremos radicalmente los niveles de transparencia y probidad, para no permitir la captura de los nuevos espacios gubernamentales que se crearán. Asimismo, promoveremos procesos colectivos de discusión y definición de las atribuciones que demandaremos al Gobierno Central para comenzar a gestionar las áreas que el pueblo decida, de manera descentralizada.
Desde el 18 de octubre de 2019, el pueblo chileno decidió transformar su futuro. El 10 y 11 de abril, las instituciones públicas podrán decidir si se pliegan a ese llamado, o si mantienen las formas y prácticas de administrar el poder estatal que, en gran medida, ocasionaron el estallido popular. Si bien la mayor parte de la atención pública se la lleva, enhorabuena, el proceso de elección de la Convención Constitucional, queremos hacer un llamado conjunto a posar la mirada sobre una votación que será tanto o más importante para el futuro de nuestra nación, la cual ni siquiera cuenta con espacio en la franja electoral en la televisión nacional. Nos referimos a la primera elección de Gobernadores Regionales.
La gestión de las primeras autoridades regionales electas democráticamente será un verdadero proceso constituyente paralelo al que se vivirá a nivel nacional. Viviremos una etapa de fortalecimiento y de verdadera constitución de una esfera política regional. Por años, hemos carecido de un espacio real de deliberación democrática, de organización y movilización social, en definitiva, de política a nivel regional. La ausencia de legitimidad de nuestras autoridades a nivel subnacional ha dejado el proyecto económico, social y ecológico en manos de funcionarios designados desde escritorios de Santiago, no elegidos por el pueblo y sin promover la paridad de género en los cargos de representación. Pero, tal vez lo más importante, las ciudadanas y los ciudadanos no han tenido la oportunidad de presionar, fiscalizar o construir las políticas que desean exigirles a sus representantes para experimentar un efectivo buen vivir.
De forma colectiva queremos manifestar nuestro compromiso para guiar una gestión regional ambiciosa y en conjunto con las personas. Queremos revitalizar la democracia, entregando espacios de decisión efectiva al pueblo regional. Implementaremos con rapidez una agenda de verdadera creación de institucionalidad a nivel subnacional, utilizando para ello todas las herramientas que la ley entrega. De esta manera, esperamos consolidar un modelo de participación ciudadana vinculante, que participe de forma activa en las decisiones en el territorio.
Hemos visto cómo el Estado no llega a las personas y, por eso, proponemos la instauración de una “nueva gobernabilidad”, que redefina las prácticas y formas en que se ejerce el poder público. Aumentaremos radicalmente los niveles de transparencia y probidad, para no permitir la captura de los nuevos espacios gubernamentales que se crearán. Asimismo, promoveremos procesos colectivos de discusión y definición de las atribuciones que demandaremos al Gobierno Central para comenzar a gestionar las áreas que el pueblo decida, de manera descentralizada. Apuntaremos a crear una comisión de coordinación de política regional en conjunto con todos los municipios de nuestras regiones, para definir de manera colectiva las herramientas a utilizar y procesos a coordinar de manera abierta y transparente. Esta forma novedosa de conducir el gobierno regional debe tener por base fundamental la estrategia regional de desarrollo, instrumento que debe ser validado por la ciudadanía y ser parte central para la fiscalización ejercida por el pueblo.
En segundo lugar, queremos guiar el camino de reconfiguración de los modelos económicos extractivistas que nuestros compatriotas sufren a lo largo del territorio nacional. La privatización de nuestros bienes comunes naturales sostiene a las industrias de bajo valor agregado que dañan nuestros ecosistemas y mantienen la desigualdad en la distribución de la riqueza producida por los trabajadores. Proponemos guiar el diseño de nuevas estrategias de desarrollo, que se guíen bajo criterios colectivos, incentivando el conocimiento e innovación para la agregación de valor, promoviendo la economía local con base territorial y teniendo por criterio unificador la urgente necesidad de iniciar una transición social y ecológica frente a la crisis climática y ambiental.
Finalmente, creemos que esta transición debe construirse con la mira puesta en fortalecer la provisión de derechos sociales que mejoren el bienestar de nuestra población. Debemos guiar la inversión pública decidida localmente hacia la construcción de vivienda pública, buscando derrotar la pobreza energética, construyendo redes de transporte público sostenible que abarque la totalidad del territorio. Por otra parte, buscaremos enriquecer nuestros sistemas educativos públicos, para que sean espacio de encuentro de la diversidad de nuestras regiones, al mismo tiempo que se constituyan como lugares donde se valore el conocimiento de los pueblos originarios, la paridad de género en los cargos de representación y la historia y cultura de las comunidades.
Estas son solo algunas de las ideas que planteamos, pero queremos reiterar el compromiso de nuestras candidaturas: seremos gobiernos constituyentes, del país, pero principalmente de nuestras regiones.
