EDITORIAL
Los grupos que ejercen violencia armada en la denominada «Macrozona Sur» queman propiedades o roban madera, muchas veces con resultado de muerte para ciudadanos indefensos, son bandas criminales, y no necesariamente con orientaciones políticas. Y lo que sectores mapuche pudieran hacer en este sentido bajo ningún concepto puede ser considerado como parte de sus legítimas aspiraciones. Tampoco son legítimos ni legales los montajes de inteligencia, la represión a mansalva o los trucos de militarización de los agentes de la ley. En el camino a la construcción de soluciones pacíficas, lo que la ciudadanía demanda es una información clara y oportuna acerca de lo que ocurre en esos lugares. Chile no puede ni debe convertirse en un país donde el periodismo sea una profesión de riesgo por el asesinato de periodistas, ni entrar a la triste y decadente lista de Estados latinoamericanos sin efectiva libertad de prensa.
El atentado de que fueron víctimas el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Juan Esteban Sánchez, mientras regresaban de cumplir con sus labores periodísticas cerca de Tirúa, constituye una alerta clara de que la violencia en parte de los territorios de la denominada «Macrozona Sur», de enorme diversidad y complejidad –son muy distintas las realidades de, por ejemplo, Temuco y Cañete–, está ya fuera de control. Las graves lesiones con armas de fuego sufridas por este equipo de prensa de TVN indican que se ha pasado del amedrentamiento a la agresión, pura y dura, tanto física como simbólica, contra derechos tan importantes como la vida de las personas y la libertad de prensa e información.
Como ocurre siempre en este tipo de hechos, que parecen asentarse en el sur país, la población civil inocente y los periodistas quedan expuestos a sufrir daños colaterales, en medio de las pugnas violentas entre grupos adversarios. No solo entre las propias bandas armadas sino también entre estas y las fuerzas de orden, cuando estas últimas buscan controlar la situación, lamentablemente no siempre por medios legítimos. Una vez instalada la violencia, solo es cosa de tiempo para que el escenario se llene de víctimas inocentes.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó el hecho de que la presencia de los periodistas en la zona fuera para entrevistar a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Ello agrega una apreciación negativa al valor de la libertad de prensa en el país y a la necesidad de que la ciudadanía esté bien informada. Es malo para el país que el Sr. Galli no entienda el derecho/deber que cumple la prensa en una sociedad democrática.
Queremos entender que Arauco/Malleco, y la Araucanía en general, no son una zona de guerra, ni menos territorios con ingreso vedado. Y que el Estado de Chile garantiza, con políticas efectivas y legítimas, la seguridad individual y colectiva de la población, incluida su libre circulación. Pero, evidentemente, esto no lo está haciendo bien.
Los grupos que ejercen violencia armada en esa zona, queman propiedades o roban madera, muchas veces con resultado de muerte para ciudadanos indefensos, son bandas criminales y no necesariamente con orientaciones políticas. Y lo que sectores mapuche pudieran hacer en este sentido bajo ningún concepto puede ser considerado como parte de sus legítimas aspiraciones. Por el contrario, solo las instrumentalizan para sus fines aviesos.
Tampoco son legítimos ni legales los montajes de inteligencia, la represión a mansalva o los trucos de militarización de los agentes de la ley que, con anuencia principalmente de los dos últimos gobiernos, se han hecho en parte importante de la denominada “Macrozona Sur”. Que policías transformen en criminales con pruebas falsas a ciudadanos mapuche, representa un acto de la mayor violencia en contra de los derechos civiles y la integridad democrática.
En el camino a la construcción de soluciones pacíficas, lo que la ciudadanía demanda es una información clara y oportuna acerca de lo que ocurre en esos lugares. Una información sin intoxicaciones de intereses parciales o de poder, más allá del golpe de imagen sobre actos vandálicos, o de crueldad y amedrentamiento, que normalmente quedan sin identificación de responsables ciertos.
Ante esto, lo que el periodismo debe hacer, y es su misión, es concurrir al escenario, indagar hasta donde se pueda y consultar todas las fuentes posibles, y la mayor cantidad de actores, para develar, de manera transparente y equilibrada, una información plausible y veraz a la ciudadanía.
En esta imprescindible labor, nadie puede poner en duda que un actor importante de la demanda mapuche en La Araucanía ha sido la CAM. Y que su líder, Héctor Llaitul, quisiera hablar con los periodistas de TVN, era y es una gran noticia para la salud informativa del país. Pero lo que a los periodistas les ocurrió luego, es una pésima noticia para la democracia y es lo que deben indagar las autoridades, y sancionarse severamente a los culpables.
El clivaje hacia la violencia ha puesto, de manera evidente y en todas partes donde ella se enseñorea, a un actor insustituible para la democracia moderna: el periodismo independiente y la libertad de información. Sin prensa libre de presiones corporativas, el poder político tiene el camino despejado para realizarse como autocracia y manipular a la opinión pública.
Por tanto, antes que criticar la pauta periodística de los periodistas agredidos de TVN, lo que el Gobierno debe hacer es investigar a fondo los hechos y apoyar con todos los recursos posibles al Ministerio Público, para que se pueda llegar a la verdad de lo ocurrido y a la sanción de los responsables. No se puede permitir que el atentado quede sin autores, o la investigación ceda a la relativización valórica, porque ahora le tocó a la prensa, la que tanto ha criticado la acción de las policías en la zona.
Chile no puede ni debe convertirse en un país donde el periodismo sea una profesión de riesgo por el asesinato de periodistas, ni entrar a la triste y decadente lista de Estados latinoamericanos sin efectiva libertad de prensa.
