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Gobernadores verdes: a levantar el veto elitista a los otros desarrollos

por 26 mayo, 2021

Gobernadores verdes: a levantar el veto elitista a los otros desarrollos
En el futuro se deberá observar si la elección de gobernadores dinamiza la devolución económica y si articula un bloque descentralizador con mapuches y otros segmentos contrahegemónicos. Regionalistas, territorialistas y verdes pueden empujar estos procesos en pugna en Chile. Deberán crear la federación de gobiernos regionales, como impulsamos con la Fundación Friedrich Ebert, en 1992, la Asociación Chilena de Municipios, como instrumento para lograr lo que la derecha neoliberal y la Concertación han negado y dilatado hasta hoy: rentas, planificación vinculante y competencias relevantes, para que los que habiten el territorio puedan aprobar coaliciones que permitan “otros desarrollos” más equitativos y sustentables.
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En un tercio de las regiones del país, las candidaturas a gobernadores que presentaron propuestas con giros relevantes en cuanto al desarrollo de sus regiones obtuvieron un significativo respaldo, encabezados por Rodrigo Mundaca en Valparaíso, la ecologista Krist Naranjo en Coquimbo, y la suma de los candidatos regionalistas verdes, ecologistas y frenteamplistas en Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío y La Araucanía.

En todos estos casos se cuestiona el modelo extractivista, se aboga por una gobernanza pública del agua multiactor, que maneje integralmente las cuencas y asegure el agua como derecho humano y como bien ambiental; la opción por el transporte público no contaminante, valorando la recuperación de trenes e intermodalidad con ciclovías; la transición a economías verdes con énfasis en agricultura tradicional campesina; industrias creativas, turismo sustentable y la recuperación ambiental de la biodiversidad.

Dentro de las temáticas también estuvieron presentes los salares en el norte y las quebradas con oasis, el bosque esclerófilo en la zona central y el bosque mapuche y valdiviano en el sur, junto a los glaciares y la duplicación de las zonas protegidas, así como la plurinacionalidad que implica el regreso a la pluralidad de saberes de los pueblos originarios que han pujado por el buen vivir en toda Abya Yala (el nombre de los kuna de Panamá y Colombia para referirse a América, la tierra madura y vital).

Para enfrentar dicha tarea, los gobernadores se toparán con la débil acogida a estas ideas en los candidatos de los bloques tradicionales, quienes no arman coaliciones territoriales con acuerdos programáticos explícitos con estas propuestas, que emergieron con inusitada fuerza en paralelo a la revolución social independiente en la Convención Constitucional. Los que valoren y entiendan el mecanismo de programa obligatorio en los candidatos a gobernadores y segunda vuelta que se logró imponer desde las propuestas de la Comisión para la Descentralización 2014, deberán pactar y colocar lo verde como sustantivo en el nuevo “programa” que presenten de cara al balotage regional.

La elite chilena y sus economistas se han opuesto a la descentralización sustantiva, a pesar de las protestas territoriales y las recomendaciones internacionales. Las oposiciones tienen que ver con cuatro aspectos claves: rentas regionales autónomas con fondo de convergencia estructural; traspaso de competencias claves para hacer otros modelos (Corfo, Indap, Serviu, Transporte), planificación territorial vinculante; Planes Regionales de Ordenamiento Territorial que aumenten las zonas protegidas y limiten los monocultivos como la palta y otros; y posibilidad de creación de empresas públicas en transporte, agua y reciclaje.   

No son pocas las competencias de los gobernadores y posibilidades al trabajar con sus consejos regionales, que legalmente deben aprobar los mal hechos o nunca implementados planes centrales en transporte, medioambiente, disposición final de la basura y la posibilidad de dar un salto enorme en reciclaje y compostaje para el arbolado urbano. El arreglo de diciembre del 2017 fue “mediano”, ya que permitió elección de gobernadores pero no hubo Ley de Rentas Regionales (veto de la UDI y la tecnocracia concertacionista) ni traspaso de competencias relevantes y servicios, lo que comienza el 2022 con las peticiones que hagan las regiones.

Con la persistencia de los grupos regionalistas –de Guillier a Chahuán, de Mulet a Sepúlveda–, la fortaleza del Subdere Ricardo Cifuentes y la inteligencia de su asesor Osvaldo Henríquez, se fortaleció el poder normativo del Gobierno Regional: Gobernador más Consejo Regional que debe aprobar los planes estratégicos, usar su poder reglamentario, crear comités intergubernamentales para las tareas claves; gobernanza metropolitana en las zonas de más de 250 mil habitantes, las divisiones de infraestructura y transporte que implica que el Gore/Core aprueba los planes, la nueva ola desarrollista que implicará la nueva división de fomento e “industrias”, la obligación de crear consejos regionales en toda política, coordinados por la División de Desarrollo Social (infancia, discapacidad, adultos mayores). 

En lo ambiental, junto a los planes de descontaminación y disposición final de residuos, que en la práctica son inexistentes en regiones al no tener financiamiento, lo más relevante son los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROTs), cuyo reglamento sigue sin ser dictaminado por el terror de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sofofa, eléctricas y mineras de que se acabe la aprobación de proyectos “en su mérito”, producto de un ciclo en que las regiones definan zonas de protección, corredores de transporte eléctrico, zonas específicas de industria pesada lejos de puertos y localidades, así como condiciones al monocultivo.

Este poder planificador es el arma para gobernar cuencas, regular el monocultivo, acceder a bordes costeros protegidos, evitar zonas de sacrificio, exigir antepuertos y ordenar el periurbano y la expansión de parcelas de agrado en forma racional. En la ley, las atribuciones y sentido son explícitos, no obstante una decena de ministerios presentaron observaciones. El duopolio elitario de la política centralista y empresarial chilena teme esta planificación que coloca condicionantes, como de hecho se avanzó en ensayos en Bíobío, La Araucanía y Los Ríos, pero al sugerir la negativa a centrales hidroeléctricas en cuencas completas, zonas sagradas indígenas y condiciones a megaempresas, se desató el pánico de los poderes fácticos. Así reza lo acordado y establecido como competencia regional.



Elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de los ministros que conforman la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio establecida en el párrafo quinto de este literal. El Plan Regional de Ordenamiento Territorial es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación de dicho territorio. También establecerá, con carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. El incumplimiento de las condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. El plan reconocerá, además, las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación respectiva.

En el futuro se deberá observar si la elección de gobernadores dinamiza la devolución económica y si articula un bloque descentralizador con mapuches y otros segmentos contrahegemónicos. Regionalistas, territorialistas y verdes pueden empujar estos procesos en pugna en Chile. Deberán crear la federación de gobiernos regionales, como impulsamos con la Fundación Friedrich Ebert, en 1992, la Asociación Chilena de Municipios, como instrumento para lograr lo que la derecha neoliberal y la Concertación han negado y dilatado hasta hoy: rentas, planificación vinculante y competencias relevantes, para que los que habiten el territorio puedan aprobar coaliciones que permitan “otros desarrollos” más equitativos y sustentables.

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