EDITORIAL
El debate parlamentario que está por iniciarse podría terminar de facto con las AFP, pero también acelerar considerablemente la inestabilidad de la economía del país. Hay que tenerlo claro, y no decirlo es populismo legislativo, uno que espera cosechar frutos para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, pero sin poner todas las cartas sobre la mesa e informar debidamente a la ciudadanía sobre su real necesidad y perniciosas consecuencias. Además, el retiro ocurriría en momentos en que el Estado –por fin– ha estado realizando un significativo esfuerzo financiero fiscal con el IFE –que debiera mantenerse–, que compensa y equilibra la misma necesidad que se pretende solucionar con el retiro de fondos propuesto.
La discusión parlamentaria sobre el cuarto retiro de un 10 % de los fondos previsionales iniciará su debate legislativo este miércoles 11 de agosto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Así lo informó su presidente, el socialista Marcos Ilabaca, quien dijo, además, que se pondrán simultáneamente en Tabla las siete iniciativas parlamentarias presentadas. O sea, un proyecto por cada 22 diputados y fracción sobre la materia a tratar.
Lo primero que se debe señalar es que tales iniciativas presentan una primera gran división: las que proponen el retiro parcial de un nuevo 10 % de los fondos vigentes, y aquellas que proponen el retiro total de los fondos, es decir, el 100 %.
En realidad, ambos grupos de iniciativas implican la notificación implícita de que la industria previsional, negocio, o como se quiera denominar, de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), está en vías de terminarse en el país, introduciendo una fuerte incertidumbre en los pilares financieros de todo el sistema económico nacional. Más allá de la valoración que merezca el sistema de AFP, lo cierto es que, en el mediano plazo, ello generaría muchos problemas, por el costo del dinero para inversiones, las enormes presiones inflacionarias y la falta de ingresos. Indudablemente, lo que se busca con el retiro es liberar ahorros para el consumo actual, y no mejorar un sistema de pensiones futuro o buscar mecanismos de reactivación en el mediano o largo plazo.
La introducción de esa variable externa, de suplir la falta de ingresos con esos fondos, desvirtúa los objetivos del sistema de pensiones, independientemente de la evaluación de su desempeño. Pero, además, el retiro ocurriría en un momento en que el Estado –por fin– ha estado realizando un significativo esfuerzo financiero fiscal con el IFE –que todo indica debiera mantenerse–, para compensar y equilibrar la misma necesidad que se pretende solucionar con el retiro de fondos propuesto.
Es decir, se genera una duplicidad de esfuerzos sin control objetivo, debilitando de manera peligrosa y acaso innecesariamente nuestra institución previsional en particular y la salud de nuestra economía en general.
Para la discusión que se inicia, resulta casi irrelevante el monto del retiro. Si se aprueba solo por el 10 %, afectaría desde ya un volumen financiero crítico del sistema, ascendente a casi la mitad de lo que tenían hace un año, dejando en evidencia su casi inevitable inviabilidad. Además de dejar con muy poca cobertura de seguridad y administración el resto de los recursos que queden en los fondos. Para qué decir que retirar el 100 % implicaría, en los hechos, dar un término abrupto al derecho a la previsión social, devolviéndolo a la responsabilidad individual de la gente y desconociendo su condición de ser un derecho constitucional.
Hay que consignar que el Estado de Chile tiene una responsabilidad estructural en cuanto a garantizar la existencia de un sistema de previsión social con pensiones dignas. Y que ello es uno de los temas fundamentales que deberá discutir la Convención Constitucional que está funcionando. Sin embargo, parte de la elite política, al parecer convencida de la intangibilidad práctica de la reforma de las AFP, hoy se ha dedicado a practicar con la política de los retiros parciales la táctica de la alcachofa, hoja por hoja, hasta que el sistema se acabe –generando un ambiente de abundancia y prosperidad artificial pero prontamente perecedero–, sin reconocer que tarde o temprano el tema de fondo de las pensiones volverá a caerle en las manos.
La jerga popular llama a todo esto desvestir a un santo para vestir a otro o –como lo hace el diputado Jorge Alessandri– aplicar una política de santos tapados, sin explicitar que, en este caso, él no busca el término de las AFP como parece ser su propuesta de retiro del 100 %, sino derechamente el desconocimiento de la previsión social como un derecho constitucional de la gente, “hasta que se apruebe uno nuevo”.
En términos de gobernabilidad democrática, esto es populismo legislativo. Revestir de procedimientos democráticos una solución a corto plazo, sustrayendo fondos de otra parte, sin atender a que los impactos, tarde o temprano, retornarán con peor intensidad sobre el mismo problema: la falta de ingresos por la crisis económica. Camuflar el objetivo estratégico de cambiar el sistema de pensiones y terminar con las AFP de manera tan elusiva, resulta en un engaño, aunque en lo inmediato permita ir a comprar al almacén de la esquina.
El debate que se inicia el 11 de agosto podría terminar de facto con las AFP, pero también acelerar considerablemente la inestabilidad de la economía. Hay que tenerlo claro, y no decirlo es populismo legislativo, uno que espera cosechar frutos para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales sin poner todas las cartas sobre la mesa e informar debidamente a la ciudadanía.
