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Descentralizar: propuestas para ciudades más seguras

por 8 noviembre, 2021

Descentralizar: propuestas para ciudades más seguras
Consideramos indispensable descentralizar las decisiones en materia de seguridad, transfiriendo competencias a las gobernadoras y los gobernadores regionales y municipalidades, para que las políticas que se implementen tengan el sello de cada una de las realidades locales. Las prioridades en inversión en seguridad son distintas para comunas tan distintas como Providencia, Santiago, Cerro Navia o Independencia. Se requiere de un presupuesto claro en sus límites pero descentralizado en su gestión, que fortalezca las capacidades de actuar de modo local. Junto con ello, deben potenciarse las atribuciones normativas en materias de seguridad a disposición de concejos municipales y consejos regionales.
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Recientemente, elegimos por primera vez de forma democrática a nuestros(as) gobernadores(as) regionales, lo que pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la descentralización, la política regional, la participación ciudadana en los procesos locales, y la forma en que la comunidad local participa de sus definiciones.

Esta discusión democrática abre posibilidades para que las políticas e inversiones que se desarrollen respondan a las perspectivas de la ciudadanía, y no únicamente a las prioridades que disponga el poder central. Pero una descentralización efectiva requiere no solo de elecciones democráticas, sino también de conformar una nueva institucionalidad. La clave estará en este caso en los consejos regionales, que serán la bisagra entre el Gobierno Regional y la ciudadanía.

La reforma que habilitó la elección de gobernadores(as) regionales abrió un campo de disputa en torno a las atribuciones de las gobernaciones y los consejos regionales, sobre todo en su relación con la figura del delegado presidencial, designado por el Gobierno. Es en este debate, y considerando cómo los procesos institucionales permean distintas esferas de la vida cotidiana, que coinciden las discusiones sobre descentralización y participación social con temas de gran preocupación ciudadana, como lo es la seguridad.

Hoy el deseo de vivir mejor, más tranquilos y seguros en nuestros barrios y casas es una prioridad en la vida de todos(as) los(as) chilenos(as), en particular para las vecinas y los vecinos de las comunas de la Región Metropolitana. Barrios más vivos, con centros comunitarios, alternativas para distintas edades, áreas verdes, ciclovías, o pequeño comercio vecinal, son también barrios más seguros, donde podemos convivir mejor, y transitar entre nuestros espacios públicos y privados de forma más tranquila. La gestión de un futuro como ese es mucho más viable y eficiente desde la escala de los municipios y gobiernos regionales.

Los instrumentos de política pública en materia de seguridad tienen que combinar distintos elementos: desde reformas policiales hasta reformas al sistema de inteligencia, pasando por el fortalecimiento de las herramientas del Ministerio Público, medidas en torno a la construcción de ciudades y barrios y, por supuesto, educación. Pero también necesitamos una nueva institucionalidad.

Consideramos indispensable descentralizar las decisiones en materia de seguridad, transfiriendo competencias a las gobernadoras y los gobernadores regionales y municipalidades, para que las políticas que se implementen tengan el sello de cada una de las realidades locales. Las prioridades en inversión en seguridad son distintas para comunas tan distintas como Providencia, Santiago, Cerro Navia o Independencia. Se requiere de un presupuesto claro en sus límites pero descentralizado en su gestión, que fortalezca las capacidades de actuar de modo local. Junto con ello, deben potenciarse las atribuciones normativas en materias de seguridad a disposición de concejos municipales y consejos regionales.

Potenciar las escalas locales y regionales permite también promover una mayor vinculación interministerial. Hoy muchos programas funcionan de modo aislado, replicando esfuerzos o destinando los mismos sin criterios de pertinencia territorial. Necesitamos coordinar la labor de diferentes instituciones del Estado involucradas en prevenir y sancionar distintos tipos de violencia e ilícitos, tales como la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de la Niñez y los ministerios de Desarrollo Social, Educación e incluso Vivienda y Obras Públicas, generando cuerpos intermedios de gestión, como los Consejos Comunales y Regionales de Seguridad, implementando para esto mejoras en la Ley 20.965.

Del mismo modo, buscando potenciar la prevención de los conflictos en la comunidad, es necesaria la creación de unidades de mediación comunitaria a nivel nacional. Esta labor es hoy muchas veces desplegada por los municipios, pero sin una política pública nacional que la respalde, potencie y promueva. Es importante contar con mayores recursos e infraestructura para apoyar a la ciudadanía en la prevención y gestión de conflictos vecinales, comunitarios y socioambientales.



Requerimos de nuevas propuestas que vayan más allá de loseslóganes del populismo penal, con una mirada integral que incorpore a los(as) vecinos(as) en la gestión de sus soluciones. Necesitamos reformas urgentes a los sistemas de inteligencia, al Ministerio Público y a las policías. Pero para ofrecer alternativas al ciclo de reproducción criminal, necesitamos también vincular las soluciones a las distintas realidades locales, poniendo en el centro el territorio con la participación activa de las vecinas y los vecinos. Construir ciudades seguras y sin miedo es también construir un nuevo modelo institucional que potencie la escala regional y municipal.

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