Opinión
En el semipresidencialismo y el parlamentarismo, el jefe de Gobierno o gobernante es elegido por una mayoría de parlamentarios. Se trata de algo que es en Chile “contraintuitivo”. Un régimen político “contraintuitivo” difícilmente puede arraigar y legitimarse. Bajo el semipresidencialismo, el pueblo vota por un Presidente que será jefe de Estado, pero no jefe de Gobierno. Es decir, preside, pero no gobierna. El o la gobernante emana del Parlamento. En ciertos regímenes híbridos, el pueblo vota por un Presidente. Pero su jefe de gabinete necesita la aprobación de una mayoría parlamentaria. Pero, en Chile, ¿se puede poner fin a ese rito democrático, esa participación de la ciudadanía de elegir a un Presidente que gobierne? Y si se lo hiciera, ¿no renacería? ¿Quién puede borrar esa institución del voto directo por el gobernante de la memoria de un pueblo?
¿La primera Convención Constitucional democrática de nuestra historia le quita al pueblo el derecho a elegir en votación directa a su gobernante? ¿De veras? ¿Es políticamente viable algo así?
La Comisión de Sistema Político de la Convención, al ir alejando esa posibilidad, se ha movido con realismo, sentido práctico y comprensión política de lo que está en juego. Porque lo que implican, tanto el parlamentarismo, el semipresidencialismo, como ciertas fórmulas híbridas, es justamente la pérdida de ese derecho. Y digo “derecho” porque creo que así es como lo vivimos aquí. Lo hemos sentido en esta campaña y en las elecciones que le dieron rotunda victoria a Gabriel Boric. ¿Se puede poner fin a ese rito democrático, esa participación de la ciudadanía? Y si se lo hiciera, ¿no renacería? ¿Quién puede borrar esa institución del voto directo por el gobernante de la memoria de un pueblo?
Instituir el derecho al matrimonio igualitario, por ejemplo, refleja un cambio cultural que crea un nuevo derecho. Despojar a los ciudadanos del derecho a elegir al jefe de Gobierno y traspasárselo a los partidos del Congreso, es muy distinto, es quitarle al pueblo un derecho adquirido, un derecho que para nosotros forma parte de la esencia de la democracia.
Esa propuesta —que el o la gobernante o su jefe de gabinete surjan de una “cocina” en el Parlamento– es inevitablemente elitista. La costumbre de distinguir y encarnar el papel del jefe de Estado y jefe de Gobierno en personas distintas surge en países monárquicos o de tradición monárquica. Por cierto, Suecia, Dinamarca, Bélgica, España, Reino Unido todavía tienen reyes –reinan y no gobiernan–. Alemania tenía emperador hasta 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial. Fue en la monarquía y desde ella que se legitimó el cargo del primer ministro como jefe de Gobierno.
En el semipresidencialismo y el parlamentarismo, el jefe de Gobierno o gobernante es, entonces, elegido por una mayoría de parlamentarios. Se trata de algo que es en Chile “contraintuitivo”, para usar el término del convencional Marcos Barraza. Un régimen político “contraintuitivo” difícilmente puede arraigar y legitimarse.
Bajo el semipresidencialismo, el pueblo vota por un Presidente que será jefe de Estado, pero no jefe de Gobierno. Es decir, preside, pero no gobierna. El o la gobernante emana del Parlamento. En ciertos regímenes híbridos, el pueblo vota por un Presidente. Pero su jefe de gabinete necesita la aprobación de una mayoría parlamentaria.
En dichos regímenes, después de las elecciones, los partidos negocian en el Parlamento quién será el jefe de Gobierno, cuál su programa y cómo se reparten los cargos del gabinete. Esto ocurre si ningún partido logra la mayoría y es necesario, por tanto, formar una coalición que dé origen a un Gobierno. El proceso puede tomar bastante tiempo. En Holanda, en promedio, se tardan 90 días. A veces el partido mayoritario queda fuera de la coalición que arma Gobierno. Entre tanto, no hay un Gobierno real, solo una administración interina que no pasa leyes. Ahora mismo Holanda está sin Gobierno desde el 18 de marzo. En Bulgaria (semipresidencialismo) hubo desde abril tres elecciones parlamentarias generales y, pese a ello, no fue posible armar una coalición de Gobierno. Recién el 10 de diciembre se anunció un acuerdo. Esta dificultad y demora para acordar quién gobernará no es algo excepcional. Veamos: Portugal (semipresidencial), se tardaron 100 días (1980); Holanda (parlamentario), 225 días (2017); República Checa (semipresidencial), 240 días (2018); Suecia (parlamentario), 133 días (2019); Austria (semipresidencial), 225 días (2020); España (parlamentario), 316 días (2015) y 254 días (2019); Bélgica (parlamentario), 653 días (2020).
Si hay multipartidismo y distancia ideológica entre los partidos, como sucede en Chile, es probable que estos bloqueos previos sean frecuentes. ¿Qué ocurriría en estas situaciones de vacío de poder, dadas las urgencias socioeconómicas que nos angustian? ¿Las dirigencias partidarias en una cocina parlamentaria armando a puertas cerradas su coalición y los partidos-bisagra consiguiendo poder desproporcionado en relación con sus votos? ¿Los partidos poniéndose de acuerdo en el Parlamento acerca de quién gobernará y repartiéndose los ministerios? ¿Y, mientras tanto, la ciudadanía observando?
