Opinión
En nuestro país, la necesidad de una reforma a Carabineros se hizo más visible con ocasión del estallido social. Desde entonces hemos escuchado acerca de la instalación de una unidad coordinadora de la reforma –por parte del Gobierno de Piñera– y de algunas propuestas legales, tales como la Ley de Modernización de las Policías, la extensión de la carrera policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, poco es lo que se conoce de dicho proceso, y del contenido de dichos proyectos por parte de la ciudadanía, la que ha sido la primera en clamar por estos cambios. Lo anterior, más allá de la existencia de un sitio web en el que se ha anexado una serie de documentos, cuyo lanzamiento data de mediados del año 2021.
En América Latina, los procesos de reformas policiales son relativamente recientes, desarrollándose principalmente en la década de los ochenta y noventa del pasado siglo. Cada una de estas reformas ha contado, eso sí, con particularidades propias: algunas han tenido alcance nacional, otras se han circunscrito a determinados territorios –especialmente donde existen policías descentralizadas–, en algunas se ha involucrado la participación de la ciudadanía en el diseño de propuestas y lo más complejo, a mi juicio, es que muchas de ellas se hayan iniciado sin contar con una diagnóstico acabado de la realidad delictual, ni menos han contado con acopios de evidencias de los cambios que han resultado efectivos y eficientes en la labor de las policías.
En nuestro país, la necesidad de una reforma a Carabineros se hizo más visible con ocasión del estallido social. Desde entonces hemos escuchado acerca de la instalación de una unidad coordinadora de la reforma –por parte del Gobierno de Piñera– y de algunas propuestas legales, tales como la Ley de Modernización de las Policías, la extensión de la carrera policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, poco es lo que se conoce de dicho proceso, y del contenido de dichos proyectos por parte de la ciudadanía, la que ha sido la primera en clamar por estos cambios. Lo anterior, más allá de la existencia de un sitio web en el que se ha anexado una serie de documentos, cuyo lanzamiento data de mediados del año 2021. De acuerdo a lo anterior, ya podríamos categorizar este proceso de reforma policial como uno de aquellos que cuenta con escasa participación ciudadana, con el riesgo asociado de ser considerado poco legítimo por la ciudadanía.
Hoy la experiencia internacional ha permitido identificar aquellos elementos que son mínimos necesarios para impulsar de manera exitosa una reforma policial. Entre ellos se encuentra la necesaria conducción civil de los cambios que se impulsen en esta materia
La necesidad de contar con canales permanentes de comunicación hacia la ciudadanía, que le permitan entender y conocer los avances que se hagan en el marco de la reforma policial, también es un elemento mínimo necesario en procesos de reforma. Asimismo, crear espacios de participación efectiva ciudadana para otorgar legitimidad al proceso de reforma.
Debe considerarse el implementar adecuados sistemas de control internos y externos, de manera que todos los esfuerzos no corran el riesgo de ser deslegitimados producto de actos alejados o reñidos con la legalidad vigente o que impliquen algún grado de abuso de autoridad.
También los canales de comunicación deben considerar espacios intrainstitucionales de participación que permitan a los mismos miembros de la policía ser parte de su proceso de cambio y no recibir por imposición nuevas normas en la materia, lo que seguramente resultaría altamente resistido.
Por cierto, todo este proceso debe circunscribirse en un férreo marco de respeto a los derechos humanos, especialmente cuando consideramos que hoy el principal desafío operativo de las policías en gran parte del mundo es el orden público.
En este punto vale la pena considerar lo señalado por Amnistía Internacional: “El control policial de las reuniones públicas, como manifestaciones, marchas y concentraciones –también llamado gestión del orden público– es una situación especial de la acción policial. El derecho de reunión y asociación pacífica es un derecho básico que la policía está obligada a facilitar. El factor decisivo en el control policial de las manifestaciones y de otros actos públicos radica en la preparación”.
Como vemos, muchos de los temas que implican cambios en una policía radicarán, por cierto, en los niveles de preparación y formación del personal con que vayan asociados.
Hoy se hace necesario abordar de manera urgente y con estos enfoques la reforma a Carabineros; sin embargo, con cierta preocupación hemos visto que las salidas comunicacionales del Gobierno no se han referido a estos elementos necesarios en los cuales avanzar en el marco de la reforma a Carabineros ya iniciada, y, en cambio, se han centrado en reprochar y criticar tempranamente, vía Twitter, operativos de control de orden público, que luego deben ser morigerados y, lo que resulta más contradictorio aún, es que mientras el discurso de Gobierno en campaña se centró en considerar que temas como el conflicto en La Araucanía debían aproximarse con una nueva mirada, no solo de control, solo vemos anuncios en la prensa referidos al reforzamiento de la presencia policial en la zona y a la entrega a Carabineros de 15 Mowag cedidos por el Ejército.
Mi humilde sensación, es que algo no calza entre el discurso y la acción.
