Plurinacionalidad, CEP y framing

Tras conocerse la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), ciertas voces afirmaron que la población mapuche estaba en contra de la plurinacionalidad y daba bajísima valoración a los convencionales de escaños reservados, en oposición a la confianza que muestran hacia instituciones como Carabineros y la PDI. Quienes estudiamos comunicación, sabemos que gran parte de las audiencias, especialmente los cibernautas, no lee más allá de los titulares de una noticia, y que ambos –titulares y noticias– pueden estar enmarcados (framing) en aquello que el medio o emisor quiera enfatizar, incidiendo en nuestra interpretación de la realidad.

En este contexto, era pertinente recurrir a la misma encuesta CEP para observar la imagen completa que muestra y cuánto esta se condice con las sentencias contra la plurinacionalidad y el trabajo de los convencionales de pueblos originarios que algunos divulgaron. De no hacerlo, los datos seleccionados para difusión podrían usarse para reforzar sesgos o inducir conclusiones erradas en quienes de buena fe intentan encontrar en el debate público respuestas que permitan avanzar en soluciones para los conflictos y desafíos que enfrenta el país.

Al revisar el mencionado estudio, encontré información que me parece importante compartir y que ayuda a comprender mejor un escenario complejo.

Lo primero a tomar en cuenta es que la encuesta se realizó durante los meses de enero y julio de 2022, y en ese período, la Convención Constitucional pasó de los debates en comisiones a las definiciones finales del Pleno. Para el autodefinido mundo mapuche encuestado, la Convención aparece con una confianza de 19%, por debajo de instituciones como la PDI, Conadi o Carabineros, pero por encima del Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, empresas forestales, y muy por sobre el Congreso, cuya confianza alcanza un 9%, en lo más bajo de la tabla, solo arriba de los partidos políticos (4%). Es pertinente agregar que ante la pregunta sobre los conflictos más fuertes entre algunos grupos o instituciones y las comunidades mapuche, las primeras mayorías son las empresas forestales (56%) y Carabineros (50%).

Los convencionales de escaños reservados aparecen con niveles bajos de confianza (17%) solo en una pregunta, donde la comparación se hace respecto al longko, presidente, machi o werkén “de mi comunidad”. No es difícil comprender que quienes son autoridades de la comunidad propia obtengan –por cercanía, vinculación o conocimiento– mayores grados de confianza que quienes detentan cargos de representación en una institución que no funciona en el territorio; a su vez, especialistas podrán ahondar en la crisis de la democracia representativa global.

Ante la consulta “Chile debe ser…”, un 42% se manifiesta a favor de un Estado multicultural (30%) o plurinacional (12%), frente un 48% que opta por uno donde convivan “personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones”. Cabe destacar que se pide optar entre multiculturalidad o plurinacionalidad, por un lado, y un país que no distingue, por el otro, cuando la propuesta habla, específicamente, de reconocer la diversidad, no de distinguir: “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado” (Artículo 5.1; el destacado es mío). En comunicación, sabemos que los sesgos o imaginarios sobre las palabras tienen relevancia en la formación de opiniones; por ello, se debe tomar en cuenta que hacer distinciones y reconocer, en el actual contexto, pueden representar cosas distintas e incluso, opuestas.

Ahondando en esa respuesta, frente a términos novedosos o poco definidos –como plurinacionalidad, interculturalidad o multiculturalidad–, resulta útil mirar otros datos del mismo estudio para tener mayores elementos que nos permitan hacer un mejor análisis sobre lo que esas comunidades mapuche parecen anhelar y cómo ello se relaciona con lo ofrecido en la propuesta de nueva Constitución.

Por ejemplo, frente a la pregunta sobre “creación de autonomías territoriales indígenas dentro del Estado chileno”, un 43% dice estar “muy de acuerdo o más de acuerdo” versus un 34% que señala estar “muy en desacuerdo o más en desacuerdo”; el resto no manifiesta opción. Cuando se consulta sobre cómo reparar o compensar al pueblo mapuche, las dos primeras mayorías son: “restituyéndoles tierras” y “reconociendo constitucionalmente al pueblo mapuche”. Sobre las medidas para lograr paz en la zona, las con mayor valoración son: “diálogos entre todos los grupos en conflicto”, “mayor presencia de Carabineros”, “parlamentos entre el Estado y el pueblo mapuche” y “reparación de la deuda histórica”; incluso, sobre los dos dígitos y junto a “mayor presencia de FFAA” está “un Estado multicultural”. Acerca de los elementos más importantes para mantener la cultura del pueblo mapuche, las preferencias son: “hablar la lengua mapuche”, “que la Constitución reconozca al pueblo mapuche” y “que no se discrimine a los mapuche”; y más abajo en la tabla, pero también sobre los dos dígitos y empatadas, aparecen “que el Estado entregue tierra a los mapuche” y “participar en ceremonias o ritos mapuche”. Por último, un 70% no quiere un “Estado mapuche independiente, como un país totalmente separado de Chile”.

¿Cómo se relacionan estos datos con la propuesta de nueva Constitución, que define a Chile como plurinacional e intercultural?

Bajo estos principios, el texto considera el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, con representación y participación política, así como sus derechos colectivos; las autonomías territoriales; promoción y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y plurilingüismo; restitución de tierras como forma preferente de reparación, y reconocimiento de sus sistemas jurídicos, respetando siempre los derechos humanos y sujetos a la revisión de la Corte Suprema. Además, en su artículo 3, declara que “Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible”.

Así, entonces, al comparar ambos escenarios –los anhelos expresados en la encuesta CEP y la propuesta de nueva Constitución que delimita y dota de contenido los conceptos de plurinacionalidad e interculturalidad–, es posible sacar nuevas y diferentes conclusiones de las que hemos escuchado tanto estos días.

Primero, más allá de lo expresado específicamente en la pregunta que pide optar por un Estado plurinacional, no se puede sentenciar que la población mapuche de la zona encuestada esté en contra de lo que bajo ese concepto propone el texto entregado por la Convención. Al contrario, materias como reconocimiento constitucional, restitución de tierras, reconocimiento de la cultura y la lengua, así como la mantención de un Estado único e indivisible, por nombrar algunas, son puntos de encuentro entre ambas visiones. Pareciera ser, entonces, un problema semántico y no necesariamente de definiciones políticas.

Segundo, efectivamente el segmento de la encuesta que se seleccionó para su difusión puede inducir conclusiones erradas o usarse para reafirmar una posición previa en el debate público. Por ejemplo, en una entrevista realizada para la cadena internacional de noticias DNews, en el marco de una conversación sobre el conflicto en la zona de La Araucanía, el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, sugirió que a la población mapuche no le interesaría la plurinacionalidad, en atención a los datos arrojados por la encuesta CEP, y no me cabe duda de la disposición al diálogo y escucha del exministro articulador de uno de los últimos y más valorados intentos por juntar en una misma mesa a todos los sectores involucrados en el conflicto chileno-mapuche. Ante esto, si hay quienes señalan rechazar la plurinacionalidad porque no es lo que el pueblo mapuche querría, sería relevante que precisaran si, al igual que las encuestadas y los encuestados, valoran y aprueban el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y su representación, las autonomías territoriales, la restitución de tierras o las medidas necesarias para la mantención de la cultura mapuche.

Si es así, entonces el desafío para ellos es acudir a la propuesta constitucional y reconocer cómo se delimita y qué engloba una palabra que, por nueva en nuestro debate, carece de formas claras en el imaginario personal y colectivo. Y para quienes apoyan la plurinacionalidad, la tarea es mostrar cómo la propuesta constitucional dota de contenido a este concepto para responder precisamente a lo que esas comunidades parecen anhelar; también, definir aspectos menos demarcados en el mismo texto –por ejemplo, en materia de pluralismo jurídico– y la vinculación que pudieran tener con las demandas de no discriminación o representación, entre otras.

Recordando las palabras de la académica australiana Shireen Morris, en el seminario Hablemos de la Constitución, organizado recientemente por Espacio Público, “lo que entendemos [en Australia] como reconocimiento constitucional indígena es lo que la propuesta de nueva Constitución chilena plantea como plurinacionalidad”. Despejar variables como esa es clave para avanzar en la conversación sobre un nuevo y mejor trato entre los pueblos originarios y el Estado chileno. Y ante este mismo objetivo, revisar y analizar, con autocrítica y buena fe, cómo periodistas, medios o liderazgos presentamos la información en la esfera pública, es un continuo deber.