(Des)acuerdo constitucional de los partidos, ¿y dónde quedó la ciudadanía?

Sin duda, la sociedad chilena está para terapia grupal. Veamos los síntomas. El Congreso y los partidos políticos ocupan el último lugar dentro del ranking de reputación y confianza de todas las instituciones que existen en el país. En 2019 –un 25 de octubre–, millones de personas que marcharon y coparon plazas y avenidas en todo el país solo portaban banderas chilenas y de los Pueblos Originarios (PPOO), porque, si alguien osaba sacar la bandera de un partido –de cualquier color–, era inmediatamente repudiado y conminado a guardarla. Luego, en el plebiscito de entrada, el 80% votó por que la Constitución fuera redactada solo por personas elegidas, rechazando rotundamente la fórmula mixta que incluía a parlamentarios. A continuación, la gente eligió, democráticamente, a 155 convencionales, la mayoría independientes o de pequeños grupos. ¿Los partidos? Fueron brutalmente derrotados. Recordemos que la DC solo obtuvo un escaño en la Convención. Y hace dos meses, el 62% de los chilenos rechazaron el texto propuesto, ¿pero quién les dijo a los partidos de derecha que ese porcentaje fue un respaldo a ellos?

Paradójicamente, y pese a estos contundentes antecedentes, todos acontecidos en un lapso de menos de tres años, hoy, los partidos políticos –sí, esos mismos ubicados en el último lugar en confianza y credibilidad por los chilenos– intentan llegar a un acuerdo que funde las bases –esa cursilería chilena de ponerle “bordes”, copiado de Argentina- de una nueva Carta Magna, así como un mecanismo para implementarlo. Y el espectáculo ha sido penoso. Casi dos meses reuniéndose semana a semana para buscar puntos comunes. ¿Y los independientes? ¿Y las organizaciones sociales? ¿Y la ciudadanía? Excluidos por completo. Para eso están los partidos, los “expertos”, las mentes brillantes. Incluso, tienen consenso en que debe haber una suerte de guardián de “los bordes”. ¿El problema? La disputa radica en quién debe ser el «sheriff» –el Senado, una comisión bicameral o la Corte Suprema–.

Dos meses de reuniones intensas, largas, tediosas, pero sin resultados. Dos meses de conversaciones entre los “señores(as) políticos(as)”, entre el llamado Grupo de los 8, los que –excluyendo, incluso, a algunos partidos– han demostrado a la opinión pública esa incapacidad de ponerse de acuerdo, reforzando la consolidada percepción que los tiene en el fondo de la tabla de confianza de los chilenos. A estas alturas, comienza a aparecer una legítima sospecha de si existe voluntad real de un acuerdo, o si ambos sectores están buscando lo que en jerga circense se conoce como “la cachetada del payaso”, es decir, “hacer como si”. Porque pareciera que a la derecha le conviene seguir como estamos y a Apruebo Dignidad buscar un mejor momento político para avanzar hacia una nueva Constitución. En otras palabras, dilatar y dilatar.

Ahora, supongamos que logran un acuerdo. De seguro, los representantes de los partidos entregarán al país una fórmula que pondrá dificultades a los independientes y representantes de la civilidad, además de un sistema de tutela, que sugiere la pregunta de para qué hacer un plebiscito de salida.

¿Y en qué van las conversaciones? La última semana fue la más compleja de las largas negociaciones sostenidas entre el oficialismo y la oposición. Luego de haber consensuado los 10 puntos de los llamados “bordes” –una señal que hacía pensar que el acuerdo estaba cerca–, las conversaciones se trabaron en algo que parecía secundario, es decir, el mecanismo o las formas en que se llevaría a cabo el denominado “segundo tiempo constitucional”.

Hasta el día jueves, existía acuerdo respecto del plazo (6 meses), la elección de constituyentes (abril de 2023), la paridad de la instancia y que integrarían un organismo de control de los “bordes”. Los puntos más divergentes seguían siendo la fórmula mixta –convencionales electos y expertos– y el número de integrantes. En el oficialismo han planteado 125 convencionales, más 9 representantes de los PPOO. En la oposición, les gustaría entre 50 y 120, y Amarillos –actuando como un verdadero partido– ha señalado 50 electos, más 20 expertos. Tampoco existía consenso respecto al sistema electoral, es decir, si tendremos listas nacionales y qué rol cumplirán los independientes

Pero todo quedó en nada cuando el representante de Convergencia Social –el partido del Presidente Gabriel Boric– suspendió, unilateralmente, una reunión clave, a la que todos habían comprometido su asistencia. Esto se interpretó –tanto por Socialismo Democrático como por Chile Vamos– como una señal del Frente Amplio de dilatar el acuerdo.

¿La razón? La falta de acuerdo interno en el oficialismo y la inconformidad de las bases del FA con los famosos “bordes” acordados. Como indicamos antes, pareciera que en ese conglomerado prefieren que el proceso decante y se retome cuando existan mejores condiciones de apoyo ciudadano. Una paradoja, considerando que la semana pasada Chile Vamos, junto con la ex Concertación, fueron los que impulsaban el acuerdo.

Cosas de nuestros(as) señores(as) políticos(as). Total, como ya sabemos, después dirán “no lo vimos venir”.