De gris claro a gris oscuro: proceso constituyente sigue en punto muerto

“No hay un acuerdo” y “tenemos plena conciencia de que estamos contra el tiempo porque también nos tenemos que hacer cargo de otras urgencias”, es lo que decían al salir de la sala los negociadores que, este lunes, se reunieron desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 17:00 horas en el edificio del ex Congreso Nacional, en Santiago. Esto, como continuación de las conversaciones que quedaron en vilo, tras el paréntesis –por 48 horas, desde el pasado viernes 2 de diciembre– que se dieron los partidos para «sondear distintas fórmulas con sus bases».

Cumplidos ya tres meses desde el plebiscito de salida y tras una serie de encuentros, desencuentros, negociaciones, el nudo principal sigue siendo el mismo: la conformación del órgano constituyente y el rol de los expertos. Vale decir, si debe ser 100% electo o el Congreso deberá designar a un porcentaje de los miembros, grupo que además debería tener calidad de experto.  

La mañana de este lunes el oficialismo llegó con su propia fórmula para incorporar expertos: un listado designado por el Congreso, pero ratificado por la ciudadanía. Es decir, que se sometieran a la misma elección de futuros convencionales. De esta manera, los expertos –que tendrían voz y voto– serían visados en las urnas. Sin embargo, este mecanismo no encontró apoyo en la oposición y también generó dudas al interior de Socialismo Democrático.

Juan Antonio Coloma explicaba que «desde la derecha no queremos que la votación de convencionales se transforme en un plebiscito sobre el mecanismo. Esa es la debilidad que vemos en la propuesta del oficialismo y por eso estamos buscando otras fórmulas”.  

Hasta ahora hay dos propuestas principales. Por un lado, la oficialista –que contiene lineamientos que el Presidente Boric les pidió a sus coaliciones impulsar– y que a grandes rasgos consiste en: anteproyecto redactado por expertos que sirva como insumo; órgano 100% electo que elabore la Constitución; la propuesta final debe ser ratificada por 4/7 en el Congreso; además de contemplar un plebiscito de salida.

Por otro lado, está la que presentó la derecha, cuyos lineamientos son: comité de 50 expertos elegidos por el Congreso; propuestos por la Cámara y ratificados por 4/7 del Senado; este escribirá un anteproyecto no vinculante que sirva como insumo; 50 elegidos en listas paritarias que van a conformar un Consejo Constitucional, en conjunto con los 50 expertos redactores del insumo constitucional; un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 integrantes, los que revisarán las mociones presentadas y juzgarán eventuales inadmisibilidades. 

“Está el planteamiento del oficialismo con la Democracia Cristiana, respecto de un órgano 100% elegido por la ciudadanía, y la propuesta que Chile Vamos ya ha hecho pública, de un sistema mixto de 50% de expertos y 50% de integrantes elegidos por la ciudadanía. Ahí subsiste una diferencia sustantiva entre las partes”, resumía el senador socialista y presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde.  

“En las otras materias (…) ha habido acercamientos y se han planteado propuestas sobre la mesa que van a ser analizadas a través de estas consultas internas y esperamos que mañana podamos ir resolviendo”, agregó Elizalde. 

Así las cosas, en la oposición veían con buenos ojos que el oficialismo estuviera pensando en la posibilidad de incorporar a expertos. «Ahora hay que buscar la mejor manera de hacerlo para que todas las partes queden satisfechas”, señaló el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien agregó que la propuesta con la que llegó el oficialismo este lunes –sobre una ratificación ciudadana de la lista de expertos designados por el Congreso– es “una buena noticia” para las conversaciones.  

La sensación positiva de los negociadores de la oposición se reafirma –según ellos– por el hecho de que «durante el día los representantes de la izquierda se mostraron interesados sobre temas complementarios, en el caso de que la comisión fuera mixta. Querían saber cuál sería el quórum que estarían por poner a los expertos para elaborar el anteproyecto constitucional, para la votación en el mismo órgano y para la ratificación en el Congreso, así como las fechas de las votaciones».  

Respecto al primer punto, integrantes de la oposición comunicaron que estaban abiertos a explorar sus ideas, si es que la izquierda avanzaba a un órgano mixto, al tiempo que, sobre las votaciones, indicaron que esperaban fueran “lo antes posible”, dado que no quieren un plebiscito de salida más allá del 2023. Sin embargo, las buenas intenciones quedaron solo en palabras, porque el día cerró sin acuerdos.

Los peros de un órgano mixto 

Tomás Jordán, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado y quien fue coordinador del proceso constituyente realizado durante el periodo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018, sostiene que un órgano mixto tiene dos complejidades: una es “el principio democrático”; y la otra es el establecimiento de dos tipos de convencionales, donde “la del electorado es una designación democrática directa y la del Congreso es una indirecta”, puntualiza.  

Según Jordán, el electo tiene un “mandato popular” y un programa determinado, en cambio el experto no estaría obligado a seguir los lineamientos del partido que lo nombró ni las órdenes de la colectividad: “No necesariamente van a tener un mandato del Parlamento, porque no los puede mandatar, solo nombrar. A las autoridades públicas nombradas por el Congreso no les puedes dar un mandato, ni al Fiscal Nacional, ni al Contralor, por ejemplo”. 

Además, agrega que la idea que proponía una ratificación por la ciudadanía respecto a los expertos, “le daría una refrendación popular a la lista de expertos, pero no mandato popular. Una alternativa es que los expertos llevaran un programa”. 

En este punto, lo que rescata de los expertos es que –a juicio del abogado– llegan a acuerdo con rapidez por estar menos intervenidos por el factor político de coyuntura.  

Pablo Fuenzalida, doctor en Derecho e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), indica que en la Convención pasada también hubo expertos, pero que el problema fue la manera en que se reclutaron, dándoles demasiado poder vía asignaciones a los convencionales con el fin de que contrataran directamente a asesores, y “dejando perdida la Secretaría Técnica, que fue neutral”.  

Uno de los problemas que visualiza Fuenzalida en un órgano mixto es que el Congreso se está fragmentando cada vez más, por lo tanto –explica–, “las pugnas por dar representatividad a cada uno de estos nuevos partidos que van apareciendo, hacen bastante difícil ver que no haya un mayor cuestionamiento al origen de estos expertos”. 

Asegura que el problema de fondo podría ser similar al que se tenía con los senadores designados antiguamente.  

En tal sentido, agrega que, al proponer un comité de admisibilidad integrado por 14 miembros, quienes también serían expertos y nombrados por el Congreso, “se pueden crear ciertos sesgos, teniendo a la vista que los dos grupos comparten saberes previos y experiencias profesionales”. 

De quórum y tutelajes

Tomás Jordán cree que la idea de que la propuesta de nueva Constitución sea ratificada por 4/7 en el Congreso apunta a que el órgano constitucional escriba “una propuesta aprobable”. Sin embargo, de acuerdo al abogado, el mecanismo no genera seguridades. Pone de ejemplo a Islandia, donde la propuesta constitucional tenía que ser ratificada por el Congreso Nacional y “el Parlamento nunca la tramitó”. 

Lo caracteriza como una “sobretutela”, dado que ya se fijaron doce bases que encaminan la redacción de la nueva Constitución. “Entonces se tienen doce bases, órgano dirimente, órgano electo o mixto, ¿y además 4/7? Creo que allí hay una renuncia a la legitimidad constituyente”, plantea.  

Pablo Fuenzalida postula que, para avanzar en esta idea, primero se debe definir el quórum que tendrá para aprobar normas el órgano constituyente, ya que «el Congreso no podría tener el mismo peso que la futura Convención. Además que, si lo que se quiere es gente más calificada, los partidos pueden nominar a personas de acuerdo a una serie de determinadas calificaciones”, señala.

Así, pone otro mecanismo sobre la mesa: que, en vez de doce bordes, se repita una cláusula como la que se tuvo en la Convención anterior –artículo 135– y que el Congreso contara con la posibilidad de que, con un alto quórum –pone de ejemplo 2/3–, y en un tiempo determinado, pudiera hacerle cambios a la propuesta que se va a plebiscitar. “Una suerte de bicameralización”, detalla.  

“Porque así se asegura que cuestiones que son impopulares, que tienen un rechazo transversal, es muy posible que con un quórum alto sean reformadas por el Congreso antes de que se plebiscite. Sería un proceso de veto con reglas de quórum alto y con un plazo sumamente acotado. De lo contrario, generaría la suspicacia de por qué no hace las reformas el Congreso de forma directa, en vez de estar creando un órgano al que el Congreso le pueda pasar por encima”, agrega.  

Los próximos pasos: la hora de ceder 

Jordán asegura que, en un acuerdo, lo natural es que la posición preeminente gane más. Apunta a la oposición como este grupo con más poder, por representar a las fuerzas del Congreso que estuvieron por la opción ganadora del plebiscito del 4 de septiembre.

Sin embargo, explica que “independiente de la posición preeminente, se necesita a todos por un tema de quórum”. Así, sostiene que el oficialismo “ha ganado poco” y ha tenido que ceder mucho.  

Pablo Fuenzalida está de acuerdo con que, hasta ahora, le ha tocado ceder más al oficialismo. “Mi impresión, desde un punto de vista político, es que le corresponde ahora a la oposición mostrar dadivosidad frente a lo que se le ha presentado. Porque el oficialismo cedió con cierta facilidad la incorporación de bordes previos. Incluso se agregaron más de lo que estaban pidiendo, así como el comité de admisibilidad, que también es una idea que viene en gran medida desde la oposición”, señala.