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Pese a que la ministra manifestó que con esto no busca restarle importancia a los crímenes de líderes sociales, políticos de diferentes sectores criticaron sus palabras porque consideran que desconoce la compleja situación que viven quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
La ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango, desató este martes una polémica tras afirmar que son asesinadas más personas en robos de teléfonos móviles que por ser líderes sociales o por defender los derechos humanos.
«Aquí mueren más personas por robos de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira pero hay que defender a los colombianos y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto, y en eso estamos», dijo Arango en un acto en Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.
Pese a que la ministra manifestó que con esto no busca restarle importancia a los crímenes de líderes sociales, políticos de diferentes sectores criticaron sus palabras porque consideran que desconoce la compleja situación que viven quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
«La ‘ministra de la política’ no sabe que asesinar a alguien que defiende una comunidad rural es destruir la esperanza de miles de campesinos, indígenas o afrodescendientes. Para ella el valor de esa vida es equiparable al precio de un celular», afirmó en Twitter el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Polo Democrático.
Juan Fernando Cristo -quien fue ministro del Interior durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018)- tachó de «barbaridad» lo dicho por Arango, muy cercana al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). «Qué inhumanidad y desinterés por la vida de los líderes sociales», añadió Cristo, que también fue senador entre 1998 y 2014 por el Partido Liberal.
Según el informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), 108 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2019. De ese total, el 75 por ciento ocurrió en zonas rurales y el 86 por ciento en municipios con «un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional», de acuerdo con el informe, en alusión tácita a la relación de estos crímenes con su ocurrencia en zonas alejadas y con poca presencia estatal.
