CULTURA
Las implicancias del recorte en la propuesta de Ley de Presupuesto de Cultura 2021 son diversas, y todas impactan seriamente al desarrollo del país. Las áreas que más sufren son el Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional, Conjuntos artísticos estables, Plan Nacional de Fomento a la Lectura, Red de Bibliotecas Públicas, Desarrollo Artístico en la Educación, Centros de Creación (CECREA), gastos de personal e Instituciones Colaboradoras. Cabe señalar que también otras muchas instituciones culturales -cuya gestión ha prescindido del aporte público- están también en una crisis que puede ser irremontable.
En una reciente asamblea de la Asociación Gremial de Gestores Culturales de Chile (Adcultura), se acordó manifestar su desacuerdo total con el proyecto de ley de presupuesto de cultura 2021, propuesto por el Ministerio de Hacienda al Congreso.
La crítica del gremio se funda en el análisis pormenorizado de sus partidas, los cambios que conllevan y los recortes que en diferente grado -aseguran- afectan a numerosas instituciones y organizaciones colaboradoras, fondos y/o programas.
«Las y los gestores culturales somos importantes actores del diseño, aplicación y evaluación de programas y políticas culturales, tanto en instituciones públicas y privadas, en la articulación de la producción y difusión de bienes culturales como en la activación sociocultural en los territorios. Nuestras prácticas acompañan a los objetivos de desarrollo cultural de nuestro país y sobre todo representan los principios rectores de las más relevantes declaraciones internacionales de cooperación y desarrollo cultural a las que Chile ha adherido», señalan.
«Los y las gestoras trabajamos, con múltiples modalidades, en el fomento a la creación, la difusión de las artes y el patrimonio, la educación artística como dinámica de cambio social, la interculturalidad como diálogo de saberes, las industrias creativas como motor de crecimiento, en fortalecer valores de no discriminación y en los derechos culturales como parte fundamental de los derechos humanos, por mencionar sólo algunos de los ámbitos de nuestro interés y campo profesional».
Por ello es que califican categóricamente que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 para Cultura carece de visión estratégica que sea coherente con el momento que vive Chile, la crisis social y sanitaria y acorde al grado de desarrollo que paulatinamente los gestores han logrado en el campo cultural.
Ley de presupuesto de Cultura
¿Qué trae el proyecto de presupuesto cultural? Primero trae un Fondo Transitorio sin glosa, advierten. «Se anuncia un importante fondo de emergencia transitorio que, sin embargo, no va acompañado de una definición (glosa) que permita ver con claridad y transparencia de qué modo y a quiénes iría dirigido. AdCultura considera fundamental que este fondo se administre expeditamente, de una manera colegiada a través de la implementación de un órgano representativo que tome parte en sus definiciones estratégicas. Esto permitirá superar las deficiencias del abordaje de la emergencia en 2020 y focalizar con pertinencia y fluidez el único fondo disponible en el presupuesto para aportar en parte a la reactivación cultural».
En segundo lugar, incluye por tercera vez una reducción de los recursos a las instituciones colaboradoras: «El proyecto de ley de presupuesto impone un recorte a las instituciones colaboradoras de MINCAP y esta vez, de ambas subsecretarías. Esta política sistemática perjudica la implementación de los objetivos y políticas culturales del propio Ministerio, afectando en forma directa el derecho ciudadano a participar de la vida cultural y al mismo tiempo debilitando instituciones que además de sus servicios, son fuente de trabajo para un sector precarizado y altamente impactado, primero por el estallido social y luego por la pandemia. El rol de estas variadas instituciones es de alto valor, considerando sobre todo que son un puente entre el Estado y la ciudadanía, y que surgen construidos por la propia política pública. Lo mismo sucede con las 48 organizaciones que alberga el programa POIC (Programa Otras Instituciones Colaboradoras) que sufre este año una baja presupuestaria del 10%».
En tercer término, mantiene la lógica concursable como principal mecanismo de fomento: «Vemos con preocupación que la principal demanda del sector, largamente consensuada por las diversas mesas de trabajo implementadas por el MINCAP durante el 2020 como también en los diagnósticos levantados por CICE (Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia) y así mismo en los resultados de los diversos cabildos culturales realizados a partir del estallido social, no se reflejan en nuevas propuestas que impliquen un cambio de paradigma en nuestra política cultural».
De acuerdo a Adcultura «las verdaderas políticas culturales sólo se pueden sostener cuando el Estado está dispuesto a ejercer un rol protagónico en el desarrollo del país». Ese rol -apuntan- que debe ser planteado a largo plazo, «debe gozar de herramientas robustas que permitan incidir en el fomento a la diversidad cultural, el acceso a los espacios culturales como bienes públicos, la descentralización de los esfuerzos, y la puesta en valor de prácticas sociales de todos los pueblos de la nación. Es el momento de comenzar a dar señales de cambio, desarrollando una nueva mirada sobre el financiamiento a la cultura. Las políticas públicas del siglo XXI proveen de numerosos mecanismos, herramientas y procedimientos que deben ser asumidos por una urgente reforma de la ley que creó al MINCAP, cuya debilidad burocrática y política ha agravado la crisis sanitaria y social. A modo de ejemplo, Organizaciones como las que el POIC (Programa Otras Instituciones Colaboradoras) ha albergado en su política pública ahora se ven altamente afectadas, justamente por la lógica de la concursabilidad».
En relación al presupuesto de La Nación y la cultura, el organismo gremial sostiene que «es importante considerar algunos antecedentes a la hora de hablar de los recortes en cultura. En primer lugar, si bien hemos hecho un recorrido importante en materia de política pública de cultura desde el retorno a la democracia, nuestra inversión es aún deficitaria y no se condice con la importancia que adquiere esta materia en el desarrollo sustentable de una sociedad. Por otra parte, los agentes dinamizadores de nuestro sector son trabajadores y trabajadoras altamente precarizados y fuera del radar de las políticas sociales. Nuestro sector, ha estado comprometido en la lucha de llegar al 1% de inversión en cultura. En los últimos años habíamos observado un estancamiento en el 0,4%, y la noticia para el 2021 es una baja al 0,3%. Este retroceso es a todas luces una mala noticia y en particular, un desaliento para enfrentar una crisis política, social y sanitaria como la que sufrimos. La cultura no es un programa de atención a los artistas sino un ámbito fundamental de desarrollo de los ciudadanos. El verdadero desarrollo de un país pasa por comprender que la cultura es uno de sus ejes estructurales».
Finalmente consideran que el crecimiento en el área cultural ha sido artificial: «El anuncio de las autoridades en relación a un aumento presupuestario en cultura de un 13% se derriba con una rápida lectura. Se trata de un “crecimiento” que descansa en la redistribución de presupuestos provenientes de otras carteras ministeriales y que, en general, vuelven como transferencias a las mismas carteras. Diversas organizaciones de la cultura, e incluso la propia bancada cultural del congreso han consensuado que el presupuesto de cultura 2021 goza de un mínimo aumento.
Las implicancias de los recortes en cultura:
Las implicancias para el gremio son diversas, y todas impactan seriamente al desarrollo del país. Las áreas que más recorte sufren en la propuesta de Ley de Presupuesto de Cultura 2021 son el Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional, Conjuntos artísticos estables, Plan Nacional de Fomento a la Lectura, Red de Bibliotecas Públicas, Desarrollo Artístico en la Educación, Centros de Creación (CECREA), gastos de personal e Instituciones Colaboradoras. Cabe señalar que también muchas de estas instituciones, cuya gestión ha prescindido del aporte público, están también en una crisis que puede ser irremontable.
El impacto de estos recortes -sostienen- se prevé en primer lugar en el cumplimiento del derecho ciudadano de participar activamente en la vida cultural del país, en especial en niños niñas y jóvenes. En segundo lugar se afecta a un gran grupo de agentes colaboradores de los programas, que llegan a todo Chile, que son gestores/as culturales, artistas, técnicos y muchos otros trabajadores que participan de la cadena de valor del sector. Finalmente, también pone en riesgo el trabajo de los colaboradores directos, por eventuales recortes de personal.
«El debilitamiento de las artes y expresiones culturales, así como de las instancias de encuentro y diálogo que estas actividades aportan, implican restar calidad a la vida en común y favorecer fenómenos sociales de apatía y negatividad», afirman.
Consternación por el rol del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio:
Por último, Adcultura enfatiza que «no podemos dejar de decir que miramos con consternación el rol pasivo que ha ejercido nuestro principal órgano colegiado. La historia de nuestra joven institucionalidad está marcada por el declarado anhelo de la participación. Chile está viviendo, sin duda un momento histórico, desencadenado en Octubre del 2019 con el estallido social que implicó una inmensa participación activa de sus artistas, creadores y ciudadanos, pero también ha vivido momentos muy difíciles en los que hemos visto cómo los derechos humanos se han visto vulnerados y la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura se ha visto precarizada. En este contexto, el Consejo de la Cultura ha sido un espacio sin voz autónoma y alejado de toda realidad. Es urgente que reformulemos un órgano que fue significativo en el CNCA, dotándolo de mejores herramientas de vinculación y representatividad».
