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Crédito: ATON
«Es una obligación de los sostenedores mantener en funcionamiento los establecimientos educacionales, a pesar de existir contingencias de diversa índole, por cuanto ello permite dar cumplimiento al deber de cuidado de los párvulos y estudiantes», dice el dictamen que establece una multa de 1.000 UTM (52 millones de pesos) para los establecimientos que no cumplan esta disposición. Ante esto, Carlos Díaz argumentó la mala condición de muchos establecimientos educacionales: «Hay muchos establecimientos como lo han mostrado los mismos alcaldes y sostenedores, bastante transversalmente, que no están en condiciones de atender estudiantes y abrir sus puertas debido al abandono en el que están estos establecimientos educacionales».
El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz rechazó el dictamen de la Superintendencia de Educación que obliga a retomar las clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país, calificándolo como una «presión indebida» del Ministerio de Educación (Mineduc).
«Es una obligación de los sostenedores mantener en funcionamiento los establecimientos educacionales, a pesar de existir contingencias de diversa índole, por cuanto ello permite dar cumplimiento al deber de cuidado de los párvulos y estudiantes», dice el dictamen que establece una multa de 1.000 UTM (52 millones de pesos) para los establecimientos que no cumplan esta disposición.
En esa línea, el superintendente Cristián O’Ryan sostuvo que «la voluntariedad del regreso presencial es para las familias y no para los establecimientos».
Ante esto, Carlos Díaz argumentó la mala condición de muchos establecimientos educacionales: «Hay muchos establecimientos como lo han mostrado los mismos alcaldes y sostenedores, bastante transversalmente, que no están en condiciones de atender estudiantes y abrir sus puertas debido al abandono en el que están estos establecimientos educacionales».
«Entonces más que preocuparse hoy día el ministerio de andar multando a estos sostenedores para que abran las puertas de la escuela, debiera el ministerio preocuparse de entregar los recursos para que las escuelas estén en condiciones, porque el nivel de abandono en el que están es el que ha impedido que se puedan abrir», agregó, según consigna Radio Universidad de Chile.
«Nosotros hemos viendo el tema y la verdad es que no hemos sabido si se han incorporado nuevos ingresos, de que llegaran recursos frescos o de que haya efectivamente preocupación respecto a las condiciones en las que están los establecimientos, por lo menos con los sostenedores que hemos conversado y con los antecedentes que tenemos es que no hay nueva inyección de recursos», sostuvo Díaz.
Por otra parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), quien presentó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, consideró que este dictamen vulnera a las comunidades educativas al imponerles multas.
«Las clases presenciales son irremplazables, pero evidentemente para ello se requieren condiciones dignas y de seguridad. Hay escuelas que no han abierto no por capricho, sino porque no están las condiciones necesarias, ya sea de infraestructura o de implementación para cumplir con estos mínimos. Establecer la apertura por la fuerza mediante un dictamen, y amenazar con multas de millones de pesos creo que es una nueva canallada de este gobierno con estudiantes, contra trabajadores y comunidades educativas, y en definitiva, es no hacerse cargo de la realidad precaria de cientos de escuelas del país», dijo la parlamentaria.
