Defensa Nacional para el siglo XXI: GADFA propone evaluar reducción del gasto militar y rediseñar sistema previsional para las futuras promociones

Un documento con 14 ejes programáticos para abrir la discusión sobre la Defensa y Fuerzas Armadas del siglo XXI elaboró el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) en el contexto del momento constitucional que atraviesa el país.

El análisis aborda puntos como una nueva política de Defensa Nacional, una nueva orgánica del Ministerio de Defensa, evaluar la reducción del gasto militar, completar la reforma de la Justicia Militar y formación en derechos humanos, entre otros.

La propuesta se sustenta en tres objetivos clave, comenzando por “una política de defensa moderna consistente con visión de largo plazo respecto de la inserción global del país, lo que implica el desarrollo e implementación de un nuevo tipo de relación institucional entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa de manera de insertar la política de defensa en los lineamientos de la política exterior, a la vez que esta última considere los primeros”.

Otro objetivo planteado por GADFA es “organizarse a partir de los principios de legítima defensa y la cooperación para la consolidación de la paz regional y global, generando las condiciones para la creación de una Zona de Paz Sudamericana. La relación con los países vecinos deberá fijarse y materializarse en este marco de política”.

Asimismo, plantean como tercer objetivo la necesidad de “reconfigurarse para la formación de una fuerza militar conjunta, reinsertando sus componentes al interior del Estado democrático como servicio público, estableciendo el mando civil efectivo sobre ellas, eliminando su autonomía corporativa y organizándola de modo financieramente sustentable”.

El grupo acota que “estas propuestas se enlazan con el trabajo de la Convención Constitucional y las modificaciones que puedan introducirse en este ámbito. Por lo mismo, los objetivos y propuestas de política pública consignadas a continuación deberán ser homologadas con las nuevas normas”.

Integran el equipo GADFA Felipe Agüero, Mireya Dávila, José Luis Díaz, Galo Eidelstein, Sebastián Monsalve, María Inés Ruz, Eduardo Santos, Augusto Varas, Mladen Yopo y otros profesionales y académicos (as).

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Ejes clave

En cuanto a la “Política de Defensa Nacional”, sugieren que se incluyan mecanismos de participación de la sociedad civil en sus definiciones y estableciendo por ley la composición del respectivo Consejo de la Sociedad Civil (Ley 20.500) en el  Ministerio de Defensa y sus servicios dependientes de manera de establecer una relación institucionalizada y reglada de las FF.AA. con la sociedad.

“De igual forma, deberá establecer la voluntariedad del servicio militar, así como instituir el servicio civil para quienes deseen cooperar en la gestión del Estado”, señalan.

Respecto a la nueva orgánica del Ministerio de Defensa, indican que “se precisa modificar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa (Ley 20.424 y LOC 18.948) a partir del análisis crítico de los avances y limitaciones experimentados en su aplicación de manera de permitir la conducción civil efectiva de las FF.AA., ampliando su planta y creando una carrera funcionaria civil con personal seleccionado por la Alta Dirección Pública”, además de “modificar la estructura y atribuciones de subsecretarías del Ministerio de Defensa de acuerdo a las nuevas normas”.

Asimismo, plantean la creación de un Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, asesor del Presidente de la República, que “deberá estructurarse como un sistema integrado de política exterior y defensa nacional para asesorar al Presidente/a respecto de la acción internacional del país, integrando las visiones e iniciativas generadas tanto a nivel del gobierno central como de las regiones, universidades y organizaciones sociales, de manera de darle a estas políticas su condición de política de Estado”.

Igualmente, “con el propósito de impulsar la creación de una Zona de Paz Sudamericana a través de instituciones regionales cooperativas en consonancia con nuestra política exterior y las tareas internacionales de las FF.AA., se deberán: a) sistematizar las iniciativas sudamericanas en materia de medidas de confianza mutua; b) avanzar en transparencia en el gasto militar; c) avanzar en mecanismos de control de compra de armas y desarme; y d) fortalecer la presencia civil en las bases antárticas y vigorizar el Instituto Antártico. Todo lo anterior en la perspectiva de organizar una propuesta regional de cooperación para la paz”.

En gasto en armas, el GAFDA señala que “en el marco de la Política de Defensa Nacional se deberá evaluar la reducción del gasto militar, el redimensionamiento de las dotaciones y la renovación de los sistemas de armas de acuerdo a la evolución de la Planificación Político Estratégica”.

“Esta deberá considerar la evolución del escenario vecinal, regional e internacional, así como las capacidades necesarias de la defensa y los reales equilibrios estratégicos resultantes, dentro del marco presupuestario disponible. Ello requerirá reevaluar los fondos de Capacidades Estratégicas y de Contingencia” y “se debe dar un fuerte impulso a las políticas de control de gestión y presupuestaria diseñando e implementando una Agencia Civil de Compras Militares como parte de la estructura administrativa del Ministerio de Defensa”, añaden.

En materia de Estado Mayor Conjunto (EMCO), proponen el envío al Congreso del proyecto de ley que establezca el mando permanente, en tiempos de paz, crisis y estado de guerra, de un Jefe del Estado Mayor Conjunto con cuatro estrellas, de manera de avanzar en la creación de la fuerza militar conjunta.

En cuanto a la justicia militar sugieren completar la reforma de la Justicia Militar a partir del proyecto pendiente en el Ministerio de Defensa.

Además proponen crear la institución del Ombudsperson para las FF.AA., «oficina autónoma e independiente del gobierno y de las FF.AA., con autoridad para acceder a los procesos en materia de reclamos sobre malos tratos; denuncias de corrupción; condiciones de trabajo y previsión; quejas de familiares y de comunidades; recomendación de políticas y de proyectos de ley sobre sus temas; respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; y mediación».

Respecto a la carrera militar, proponen su modernización, aumentando los años de servicio, incorporando personal civil en tareas administrativas e iniciando un rediseño del sistema previsional para las futuras promociones.

Asimismo, en formación en derechos humanos señalan que los curriculums educativos de las escuelas matrices deberán incorporar una cultura de derechos humanos y tener la aprobación del Ministerio de Educación.

También piden una plena integración social, “identificar y corregir prácticas y procedimientos discriminatorios generando mecanismos para la plena incorporación de la mujer y minorías, garantizando un acceso igualitario a las instituciones educacionales de la fuerza militar a través de gratuidad de sus escuelas matrices”.

“De acuerdo a la Resolución de Naciones Unidas (Resolución 1325/CSONU/2000) se deberá aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos”, añaden.

Igualmente, proponen iniciar la reforma de los servicios de bienestar de las FF.AA., en especial su patrimonio  de afectación fiscal, y efectuar el traspaso de las actuales propiedades militares al Ministerio de Bienes Nacionales.

Reformar la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), y retirar a las FF.AA. de sus misiones no militares desempeñadas en el interior del país, permitiendo se concentren en sus labores profesionales.