Cuando ya se van a cumplir casi cuatro años desde que se abrió el concurso para la fabricación de cédulas y pasaportes, la única oferta que aún sigue en carrera, de la francesa Morpho, es cuestionada por sus ex competidoras. Una historia que parece no tener fin y que de paso beneficia a Sonda, que ha renovado su contrato en dos ocasiones mientras se desenreda la madeja del concurso, que le valió al servicio la salida del director que reemplazó a Guillermo Arenas, destituido por el caso Tata.
A casi cuatro años de que el Registro Civil (RC) iniciara la millonaria licitación de US$ 380 millones para la fabricación de cédulas y pasaportes, una nueva denuncia de supuestas irregularidades en el servicio liderado por Rodrigo Durán, podría poner en riesgo otra vez el proceso.
Y es que el pasado 24 de agosto una de las siete empresas que inicialmente postularon al concurso, la estatal alemana Bundesdruckerei, cuya propuesta fue declarada inadmisible por el Registro Civil en julio pasado, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República alegando actuaciones irregulares por parte del organismo público.
La acción, a la que tuvo acceso El Mostrador, suma nuevos hechos a la larga travesía que ha recorrido esta licitación y que actualmente está a la espera de los resultados de un sumario administrativo ordenado por Contraloría, impulsado a raíz de que el año pasado el órgano revisor acreditó que el servicio vulneró las normas del concurso al otorgarlo a la española Indra, la que no cumplió con la obligación de mantener vigente la boleta de garantía. La decisión se basó en una denuncia presentada por la empresa francesa Sagem Securité, ahora Morpho, actualmente la única que sigue en carrera.
La denuncia presentada por Bundesdruckerei hace una semana ante el órgano fiscalizador y a través del abogado Pablo Mir, del estudio Bofill, Mir & Alvarez Jana contempla los siguientes argumentos. El primero es que uno de los testigos del juicio impulsado por Morpho, funcionario público del RC, Bruno Opazo, integrara la nueva comisión evaluadora restándole imparcialidad al proceso, ya que “adelantó su juicio sobre aspectos técnicos de la licitación, y lo hizo, precisamente a favor de uno de los proponentes”.
Por otro lado, critica la modificación de la estructura de las comisiones evaluadoras, que revisaron todo el proceso incluyendo una parte que había sido anulada anteriormente, lo que según la denuncia, derivó en que se “sancionó ilegalmente” a la empresa con la inadmisibilidad de su oferta, cambiándose las reglas de la licitación.
La presentación detalla que “lo actuado por el Servicio tiene como único efecto que esta licitación sea indefectiblemente decidida con un solo oferente, y es lo que se ha confirmado por el hecho de haberse declarado inadmisible la oferta de Sonda S.A (…) cuestión que repugna la finalidad que tiene esta forma de contratación pública, que es decidir de entre el mayor número de oferentes, al mejor”.
Además, señala el escrito, que “este objetivo de protección de los intereses públicos y fiscales desde ya no se cumple en esta licitación, porque la oferta de Morpho, según quedó establecido en la anterior evaluación económica, es la más cara de todas, de modo que optar por ella en ausencia de un legítimo contendor constituye una total contradicción con el criterio por el cual debe ganar una licitación aquel que formule la oferta más conveniente”.
Paralelamente y al día siguiente, el 25 de agosto, Bundesdruckerei se hizo parte de la demanda de impugnación interpuesta por Sonda el 5 del mismo mes en el Tribunal de la Contratación Pública, solicitando la suspensión del proceso de licitación por haber dejado en carrera sólo a Morpho, pese a que, según señalan, presentaría problemas con la boleta de garantía. También enviaron un reclamo al Registro Civil por el mismo motivo, con copia a la Contraloría. El argumento, es que para que la boleta de garantía de Morpho se haga efectiva se debe avisar previamente al banco, lo que implica, según señalan, que la francesa no ha dado cumplimiento con lo acordado, ya que la boleta “no es pagadera a su sola presentación, sino que requiere de un trámite previo”. El jueves la empresa Indra también se sumó a esta demanda.
Desde el registro Civil señalan que la boleta de garantía presentada por Morpho “cumple cabalmente los requisitos de las bases administrativas de la licitación pública”. Y aseguran que el proceso de evaluación se está “desarrollando ajustándose fielmente a lo establecido en las bases de licitación”, destacando que desde que se retrotrajo el proceso a una nueva evaluación en julio pasado “no ha sufrido ninguna suspensión por parte del Tribunal de Contratación Pública”.
Pero anteriormente sí lo sufrió.
En el marco de esta licitación, el Servicio ha perdido dos juicios ante el Tribunal de la Contratación Pública, uno impulsado por Sonda que había sido excluida del proceso, lo que fue acogido por el tribunal, por lo que volvieron al concurso. Y otra por Morpho, que en julio de 2010 denunció que la adjudicación a Indra había sido ilegal y arbitrariamente seleccionada, debido a la aceptación de una boleta de garantía presentada fuera de plazo, lo que significó que hubo 20 días en que Indra no cumplió con las bases de licitación.
Esto fue acogido por el tribunal, que el 17 de junio de este año ordenó que el procedimiento de licitación se retrotrajera para que se efectuara una nueva evaluación técnica con las ofertas presentadas por SICE, Sonda, Bundesdruckerei y Morpho. Al final y según resolvió el registro civil por distintas razones técnicas y administrativas, la única que quedó en concurso fue Morpho.
El año pasado Morpho también presentó esta denuncia ante la Contraloría, que en diciembre de 2010 detectó irregularidades y acreditó que la licitación no debió ganarla Indra, lo que detonó la salida del director del servicio, Christian Behm. Aún está en curso el sumario administrativo iniciado por el órgano contralor, que investiga las irregularidades en el concurso y la contratación fuera de la ley de profesionales que participaron en la comisión evaluadora que prefirió a la empresa española.
Además, hoy viernes vence el plazo que tiene Sonda para demandar al Registro Civil por la reciente resolución que volvió a dejarlos fuera del proceso. Según el abogado de la empresa, Luis Hubner, están evaluando las acciones legales que tomarán.
No es el primer conflicto que el Registro Civil enfrenta en torno a sus licitaciones: el fallido proceso del sistema tecnológico que salió a la luz en 2008 se convirtió en un escándalo y concluyó con la condena del doble asesor del servicio y la empresa Tata, Andrés Contardo y la salida del director Guillermo Arenas y cuatro subdirectores.
Este escenario podría significar un nuevo retraso. Retraso que beneficia a Sonda, empresa de Andrés Navarro, que continúa proveyendo las cédulas y pasaportes hasta que se adjudique el negocio a un nuevo proveedor. Hasta el momento, el contrato que Sonda mantiene con el servicio estatal ha caducado dos veces. La primera el 30 de agosto de 2008, y como aún no se adjudicaba la licitación, el servicio público debió renovar su contrato por dos años más. Luego, el 30 de agosto de 2010 volvió a caducar la extensión, la que se amplió hasta el mismo mes de 2013.
Según el abogado de Morpho, Tomás Aylwin, “cualquier suspensión o dilatación del proceso sólo beneficia a Sonda. Su contrato venció en agosto de 2008 y ya ha sido renovado sucesivamente, incluso optimizando sus condiciones, sólo porque no ha podido adjudicarse esta licitación”.
En opinión de expertos, la posición de Sonda es razonable solo hasta el punto de que el servicio debe seguirse proveyendo. Pero la participación de la empresa en las acciones legales que detienen el proceso generan conflictos de interés porque se ve directamente beneficiada.
Al respecto, el abogado de Sonda aclaró que sólo puede referirse a temas legales.
Aylwin señala que “una vez que las ofertas de Bundesdruckerei y Sonda fueron declaradas inadmisibles, estas empresas han efectuado diversas acciones judiciales y administrativas para intentar suspender o anular esta licitación. Lo mismo ha hecho Indra una vez que el dictamen del Tribunal de Contratación Pública no la incluyera dentro de las ofertas reevaluables”. A su juicio, todas las presentaciones de quienes han sido descalificadas “buscan lo mismo: entrampar el proceso, evitar que se adjudique a quien corresponda y burlar los efectos de lo ya ha sido fallado por el Tribunal de Contratación Pública”.
Además, explica que desde que partió la nueva fase de la licitación, el 22 de julio pasado, “los tribunales de justicia ya han rechazado dos órdenes de no innovar solicitadas por Indra y Sonda, y declararon inadmisible un recurso de protección presentado por Bundesdruckerei ante la Corte de Apelaciones”.
En todo caso, lo más probable es que la larga trama de la mayor licitación de la historia del Registro Civil aún tenga para rato.
