Las acusaciones incluyen lavado de activos y entrega de información falsa al mercado, pero no uso de información privilegiada. También hay duros cargos para Julio Moreno, Nicolás Ramírez y María Isabel Farah.
Un nuevo hito se marcó ayer en el histórico caso de las repactaciones unilaterales en La Polar. La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Norte, a cargo del fiscal José Morales, presentó la acusación contra los ex ejecutivos de la empresa que engañó a un millón de clientes, manipuló información financiera y se transformó en el ícono de la corrupción en el sector privado.
Luego de esta fase, se citará a la audiencia de preparación del juicio, donde se definen pruebas y testigos para el juicio final.
En la acusación, Morales pidió 14 años de cárcel para Pablo Alcalde, el ex presidente y ex gerente general de La Polar, que dirigió la empresa por más de una década pero que, al descubrirse el escándalo, dijo no saber nada de lo que estaba ocurriendo y que había sido engañado por sus subordinados.
El fiscal desestimó la posibilidad de acusar a Alcalde por uso de información privilegiada, lo que según el abogado de Alcalde, Jorge Bofill, es un primer paso para lograr demostrar la inocencia de su defendido.
Ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y tras dos años de investigación, el Ministerio Público cerró la fase indagatoria y acusó también al ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y a la ex gerente de Administración, María Isabel Farah, por infracciones a Ley de Mercado de Valores y Ley General de Bancos.
Entre los cargos está la entrega de información falsa al mercado, aunque el delito más grave por el que se les acusa es el de lavado de activos. Morales pidió para Alcalde 12 años de cárcel efectiva, mientras que para Moreno y Farah solicitó 11 años.
«Lo que hicieron estas personas desde el año 2006, fue disimular en los estados financieros ganancias que nunca obtuvieron (…) ciertos deudores que eran incobrables, los hacían aparecer como activos que eran cobrables. Eso significó falsear los estados de la empresa por alrededor de US$1.000 millones”, afirmó Morales, quien recalcó que en los mismos años estos ejecutivos obtuvieron jugosas ganancias y bonos de casi $ 3.000 millones cada uno. En esta línea, el fiscal pidió que se decomisen estos dineros.
«El lavado de activos dice relación con que las ganancias de estas personas las invirtieron y además las ocultaron en un período coetáneo a cuando explota el escándalo», sostuvo Morales.
Otros encausados por la Fiscalía fueron el ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez, y los ex ejecutivos de La Polar Martín González, Santiago Grage y Pablo Fuenzalida, por violación a la Ley de Mercado de Valores y Ley General de Bancos. Todos arriesgan penas de al menos 3 años, a excepción de Ramírez, para el cual Morales pidió 9 años.
Los abogados de Moreno, Miguel Chaves, y de Farah, Alex Carocca, pidieron la reapertura de la investigación, pues a su juicio quedaban diligencias pendientes por parte del fiscal. Para ello, deben presentar una solicitud no más allá del 26 de diciembre próximo. En todo caso, el fiscal refutó esos planteamientos.
Según Morales, la audiencia de preparación de juicio podría ocurrir en no más de seis meses.
Ayer, en tanto, la Corte Suprema ratificó la condena contra la empresa por inducir a engaño a sus clientes a través de publicidad, al asegurar que seguía al pie de la letra las normas del Sernac Financiero, pese a que éstas aun no estaban vigentes.
Pese a la dura sentencia, derivada de una denuncia hecha por el Sernac, la compañía sólo pagará $ 24 millones.
La multienda fue denunciada en mayo del año 2012 por inducir a error o engaño a los consumidores al hacer mal uso del Sernac Financiero.
En el mensaje que envió a sus clientes en marzo del 2012, apenas diez meses después que estallara el escándalo de las repactaciones unilaterales, La Polar informaba –a través de su sitio web y en el estado de cuenta enviado a los consumidores– lo siguiente: “Nuestro contrato está 100% ajustado a las exigencias del Sernac Financiero”.
Según el Sernac, la empresa intentó inducir a error o engaño a los consumidores, porque a esa altura aún no eran aprobados los reglamentos que establecían las normas específicas de la nueva Ley, por lo que no existían parámetros claros de parte de la multitienda para determinar si era real esa afirmación.
La Corte de Apelaciones había respaldado a Sernac señalando que “es falso afirmar que un contrato se encuentra ajustado a las normas del Sernac Financiero si esas normas no se encontraban especificadas reglamentariamente al momento de difundir la publicidad”.
La Polar acudió a la Suprema, la que rechazó el recurso de queja y confirmó lo dicho por el tribunal de Alzada. “La Ley es clara: Las empresas en su publicidad no pueden inducir a error o engaño a los consumidores. Los mensajes publicitarios deben ser verdaderos, comprobables y nunca engañosos”, dijo Juan Luis Ossa, director del Sernac, al comentar el fallo.
