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Las dudas sobre la investigación de operaciones de corredoras para ayudar a clientes VIP a eludir impuestos Mientras rol de la SVS en el caso está en la mira

Las dudas sobre la investigación de operaciones de corredoras para ayudar a clientes VIP a eludir impuestos

Héctor Cárcamo
Por : Héctor Cárcamo Periodista El Mostrador Mercados
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La Bolsa entregará en enero su revisión de las transacciones. En esa fecha caducan las de varias corredoras, entre ellas la del presidente de la rueda. Celfin intermedió US$ 500 millones en 2 días en 2010-2011.


Al menos hasta el año 2013 varias corredoras de bolsa chilenas realizaron operaciones millonarias de compra y venta de acciones para clientes VIP al final de cada año y a comienzos del siguiente.

Es vox populi –pues así lo reconocen ejecutivos y empresarios que participan o han participado en dichas operaciones– que era un favor que se hacía a clientes de alto patrimonio y que el objetivo final era simular el traspaso de acciones para elevar el capital de los clientes y permitirles de esa forma reducir los pagos de patentes comerciales a los municipios donde están establecidos.

Según reveló este medio el 8 de octubre pasado, Penta era una de las corredoras que más intermedió estas transacciones, con operaciones cercanas a US$ 1.000 millones en el período analizado.

Pero no es la única. LarrainVial, Celfin Capital –ahora BTG Pactual–, Banchile y Bice también las realizaron. Según dicen en el mercado, otras corredoras también lo habrían hecho, pero este medio no tiene evidencia de ello.

Dos días después de la publicación inicial, Pulso informó que la Bolsa había iniciado una investigación a un amplio número de corredoras. Luego, el 14 de octubre, el titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez, dijo que se hallaban haciendo un seguimiento a la información que estaba recabando la Bolsa y que no estaban realizando una “gestión específica” respecto del tema.

El 30 de octubre, desde Londres, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), Juan Andrés Camus, indicó que la investigación concluiría en dos meses y que la estaba llevando a cabo la unidad de auditoría de la Bolsa, como una entidad administrativa independiente del directorio que él dirige.

A contrarreloj

Lo cierto es que los plazos corren. Como dejó en claro el caso Cascada, para la SVS el plazo para concluir la investigación es perentorio, pues si pasan cuatro años antes de sancionar los presuntos incumplimientos a la Ley del Mercado de Valores caduca la posibilidad de multar o tomar otro tipo de medidas.

Por ello, si la SVS está investigando y determina que hubo ilegalidades tendría que formular cargos y sancionar en tiempo récord.

La Bolsa, en tanto, dice que concluirá su investigación en enero de 2015. Los resultados de su investigación, en caso de determinar irregularidades, llegarían cuando las prescripciones hayan liberado de castigo a las transacciones realizadas al menos en diciembre de 2010 y enero de 2011, eso en el caso de lo que haga la SVS.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Bolsa señalan que el artículo 33 de la Ley Orgánica de la SVS –que determina las caducidades– no afecta a la entidad bursátil, por lo que no tiene fecha límite para sancionar, pues corre la regla general.

No obstante, fuentes bien informadas revelan que al menos a partir de 2009, año desde el cual existe el Comité de Buenas Prácticas –hasta entones y desde 2006 se llamaba Comité de Autorregulación– que preside Enrique Barros, no se han aplicado sanciones a operaciones de tanta antigüedad.

¿Quién investiga?

El Comité que preside Enrique Barros tomó cartas en el asunto. Fuentes bien informadas señalan que el 14 de octubre de 2014, 6 días después de la publicación de este medio, el Comité solicitó a la Bolsa que realice una investigación del caso y que informe si hubo impacto en los precios de mercado de aquellos días en que se realizaron operaciones durante 2009 y 2014.

La Bolsa, a través de su gerente general José Antonio Martínez, respondió el 29 de octubre, indicando que había iniciado la recopilación de antecedentes y que culminarán el análisis en enero de 2015, fecha en la que enviarán los resultados al Comité, aseguran las fuentes.

Sin embargo, desde la Bolsa las fuentes aseguran que es ella la que inició motu proprio la investigación y que el Comité de Buenas Prácticas sólo pidió que les mantuvieran informados del proceso.

Esta versión es desvirtuada por fuentes cercanas al Comité, que aseguran que dicha entidad no pidió ser informada sino que directamente solicitó la investigación.

Dada la confidencialidad de estas investigaciones, ninguna entidad entregó documentos que permitan clarificar la situación.

Conflicto de interés “insubsanable”

Más allá de esto, un abogado que conoce de cerca los temas de regulación y gobiernos corporativos se suma a los que opinan que la Bolsa tiene un conflicto de interés insubsanable al tener propiedad y gestión en la misma entidad.

Un ex regulador, en tanto, cree que si la SVS no está investigando el caso de manera independiente de lo que hagan las bolsas, sería “complejo” y que, si está a la espera de los antecedentes que puedan recabar las bolsas, al menos no se vería bien, pues la Bolsa está revisando antecedentes de corredoras cuyos dueños están representados en el directorio de la institución, que es el que finalmente analiza dicha información.

Eso sí, el propio Camus dijo en una entrevista reciente que si, llegado el caso, tuviera que analizarse en la mesa, deberían inhabilitarse quienes tuvieran vínculos con las sociedades investigadas.

El punto no es trivial. Este medio ha recabado nuevos antecedentes de operaciones realizadas por Celfin, pero esta vez de diciembre de 2010 y enero de 2011, con condiciones de pago, precio y montos casi idénticos en la ida y en la vuelta, que expondrían a la corredora BTG Pactual –antes Celfin– a ser sancionada por la SVS siempre que dicha investigación concluya y se sancione a dichas operaciones.

Según revelan fuentes del mercado, la SVS no habría pedido hasta ahora antecedentes a las corredoras en forma directa y ni la Bolsa ni la SVS han informado si el regulador le pidió a la entidad privada información al respecto.

En todo caso, cercanos al fiscalizador advierten que la SVS podría tener su propia información de los períodos pasados, por lo que también podría realizar su investigación sin necesidad de solicitarles antecedentes.

La autoridad no respondió a las consultas, dada la confidencialidad que le ordena la ley.

Pero, de acuerdo a lo que señala un abogado experto en estos temas, “no hay mucha confiabilidad respecto de la rigurosidad con que la Bolsa realizará sus investigaciones, dado el conflicto de interés que tiene en su interior”.

Por ende, advierten las fuentes, si la SVS está esperando los resultados de la investigación de la Bolsa, sería cuestionable su rol.

La sombra de las cascadas

En todo este embrollo, el Caso Cascadas ronda una y otra vez. En su resolución final y en las distintas etapas de la investigación, la Superintendencia aseguró que el cumplimiento de las normas de la Bolsa y de la Ley del Mercado de Valores no era suficiente para asegurar la legalidad de las operaciones que formaron parte del llamado “esquema” que lideraba Julio Ponce Lerou.

El esquema lo secundaban en forma instrumental Leonidas Vial, LarrainVial y altos ejecutivos de esta corredora, además de un rol más central por parte de Roberto Guzmán Lyon y Aldo Motta, entre otros.

La propia Bolsa, mientras era presidida por Pablo Yrarrázaval y, luego, cuando lo reemplazó Juan Andrés Camus, aseguró que las operaciones cuestionadas cumplían las normas y, en consecuencia, eran legales.

Sin embargo, el titular de la SVS de ese entonces, Fernando Coloma, y su sucesor a partir de marzo de este año, Carlos Pavez, explicaron reiteradamente, que las operaciones, si bien cumplían en lo formal la normativa, revelaban sólo una careta de una clara coordinación para engañar al mercado, impedir la competencia y obtener ganancias ilegítimas.

El caso de las operaciones de corredoras para clientes VIP tiene características similares, aunque con matices importantes.

Un abogado experto en mercado de capitales y gobiernos corporativos advierte que el delito de fondo que podrían implicar estas transacciones es la evasión de impuestos. Respecto a ello, el responsable de investigar es el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los principales afectados por estas operaciones son los municipios. El más expuesto, el de Las Condes, informó que «va a estar atenta a lo que resuelva la Superintendencia y otras instituciones que están investigando el caso».

El abogado consultado agrega que es muy difícil determinar la intencionalidad de los clientes y sus intermediarios al realizar estas transacciones y que el traspaso de la propiedad de las acciones efectivamente se realizó, por lo que no deberían ser calificadas como operaciones ficticias.

Advierte que la SVS abrió una “caja de Pandora” al cuestionar las intenciones de las operaciones que cumplían las normas en el caso Cascadas, pues eso permite cuestionar numerosas transacciones que se realizan a diario en el mercado.

Otro abogado experto en estas materias, que al igual que todos los consultados para este artículo prefiere el anonimato, manifiesta que la SVS está obligada a aplicar en el caso de las operaciones de las corredoras para clientes VIP el mismo criterio utilizado en el caso Cascadas.

“El criterio aplicado por la SVS en las recientes multas del caso Cascadas deja en evidencia que el estándar de exigencia para las corredoras no sólo considera el cumplimiento formal de la ley sino también el de su espíritu. Eso obliga a las corredoras, las bolsas y a la SVS a evaluar si estas operaciones –las ventas y recompras de finales de año– se están ajustando genuinamente a los objetivos perseguidos por la ley”, afirma.

Las últimas y millonarias operaciones de Celfin

El 27 de octubre pasado, El Mostrador Mercados reveló operaciones realizadas por varias corredoras, con las mismas características de las presentadas en el caso de Penta, publicadas el 8 de octubre, y que provocaron el inicio de la investigación en la Bolsa.

Una de ellas era Celfin (hoy BTG Pactual), que presentaba una participación importante a fines de diciembre de 2009 y comienzos de enero de 2010. Dichas operaciones, según la Ley Orgánica de la SVS, quedarían sin sanción por las fechas. Sin embargo, la corredora que en ese momento controlaban Juan Andrés Camus y Jorge Errázuriz siguió intermediando grandes montos a fines del año siguiente.

De acuerdo a la información recabada por El Mostrador Mercados, el 30 de diciembre de 2010 y el 3 de enero de 2011 la corredora, donde hasta hoy es socio Camus, repitió las millonarias y anormales transacciones.

Aunque los montos que intermedió fueron con diversos papeles, cuatro destacan por su cuantía y coincidencia en ambas fechas: Enersis, Falabella, Endesa y Copec.

En efecto, el 30 de diciembre de 2010, Celfin transó 139,5 millones de acciones Enersis, 4,8 millones Falabella, 35 millones de papeles de Endesa y 3,5 millones de Copec. Todas operaciones de venta corta y por Orden Directa (donde la corredora representa al que compra y al que vende). En total, fueron 117.000 millones (más de US$ 250 millones).

El 3 de enero de 2011, en tanto, transó paquetes de acciones idénticos en su monto y con una variación exigua en el precio. Tanto así, que el monto total de las transacciones de ese primer día hábil del año 2011 suma $ 114 millones menos que los transados con esos papeles cuatro días antes. Todo por la vía de Operaciones Directas y con pago PM, en 24 horas, lo que permite calzar los pagos con los del 30 de diciembre.

Adicionalmente, los registros de terminal de la Bolsa indican que varias de estas operaciones se hicieron en rueda física, es decir, con un operador instalado directamente en los terminales del ruedo.

Diversos ejecutivos y ex ejecutivos de corredoras reconocen que, hasta hace poco tiempo, Celfin era una de las pocas corredoras que mantenía un operador que transaba directamente en la Bolsa, pese a que en el tiempo las operaciones han ido transformándose casi por completo en actividades remotas. Según un conocedor del mercado, el tener un operador en la rueda física permitía al corredor asegurar la realización de las transacciones sin competencia.

Así, Celfin, en sólo dos días de transacciones y mientras los chilenos se preparaban para las fiestas de fin de año –o vivían la resaca de las mismas– intermedió operaciones con sólo cuatro acciones por la monstruosa suma de más de US$ 500 millones.

Las cifras sin lugar a dudas, reconoce un ejecutivo experto en el mercado bursátil, se salen de la norma.

Primero, porque Celfin intermedió el 80% de las transacciones que se hicieron el 30 de diciembre de 2010 con acciones Enersis y Falabella, el 85% de Endesa y el 71% de los papeles Copec transados en aquella jornada.

Además, las transacciones que hizo la corredora del ahora presidente de la Bolsa con los papeles nombrados, representaron en sólo un día entre el 15% y el 32% de dicho mes.

Aún más, las transacciones de ese día superaron entre 3 y 9 veces el promedio diario de dicho mes. Similar situación ocurrió respecto de enero de 2011.

Desde BTG Pactual no quisieron hacer comentarios sobre el tema. Tampoco la SVS respondió a las consultas.

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