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Opinión: Piñera y Peñailillo, demasiada audacia

por 27 mayo, 2015

Opinión: Piñera y Peñailillo, demasiada audacia
Piñera y Peñailillo, con las dos actitudes expuestas, han pensado seguramente que podrían situarse por encima del orden publico político o de las burocracias partidarias; y que los temas del dinero para las campañas y el rol de los partidos políticos carecía, a juicio de ellos, de importancia y que los partidos eran, entonces, meros instrumentos de una voluntad superior, la de ellos mismos.
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Un medio de comunicación social (Ciper) ha informado que el ex Presidente Piñera, estando en ejercicio de su cargo, al vender sus acciones en Lan, habría convenido una obligación para el comprador, grupo Bethia; esta consistiría en que tal grupo empresarial debía donar dos mil millones de pesos, unos cuatro millones de dólares de la época, al partido del Presidente, Renovación Nacional. Esta condición puesta en el contrato y parte del precio, hace que no aparezca directamente el señor Piñera donando su dinero; Este hecho es de suma gravedad y hay que agregarle las otras maniobras que ya permiten construir un escenario muy difícil para el ex Presidente, ya que se habrían utilizado, por empresas de su propiedad, dineros de aportes políticos para pagar deudas de ejecutivos a empresas ligadas a su grupo económico (Grupo Piñera – Bancard).

¿Cuál puede haber sido la razón de donar en forma secreta dinero a Renovación Nacional? Es algo que todavía está por dilucidarse, pero probablemente fue un aporte para pagar las deudas de los gastos de su campaña efectuados por el partido o de sus parlamentarios y asegurarse, así, una férrea lealtad durante el mandato presidencial. La maniobra descrita revela, sin la menor duda, una gran audacia que pone en evidencia que es posible asegurar, únicamente por la vía del poder económico, lealtades partidarias con dineros, lo que evidentemente daña en forma terminal a nuestra democracia. La oscuridad que existe respecto de un hecho que ha develado, hasta ahora, una parte de su misterio, nos permite sostener que había plena conciencia de que se trataba de un hecho contrario a las normas legales que impiden que las donaciones se hagan en forma encubierta, ya que en la especie, siendo en definitiva el donante Piñera, en todas partes y ante Impuestos Internos, no apareció. Estamos aquí frente a un caso casi de un manual de plutocracia y de abuso del poder económico, que obliga a dar difíciles explicaciones ante las autoridades.

De acuerdo a lo que ya hemos expresado los lectores podrán darse cuenta de que es posible donar derechamente dineros a los partidos y a sus centros de estudios en cualquier época, no necesariamente en las campañas. Cabe preguntarse entonces por qué el señor Peñailillo y otro grupo de personas, vinculadas a partidos de la Nueva Mayoría, desarrollaron un conjunto de actividades para recibir dineros importantes, los que se destinarían principalmente a preparar nada menos que el programa para un futuro Gobierno, que ellos, cercanos a Bachelet, esperaban que ella presidiera, si en definitiva, como certeramente confiaban, ésta tomara la decisión de postularse ante un gran clamor ciudadano.

El grupo de cercanos a la Presidenta Bachelet pudo perfectamente utilizar a los partidos políticos de la Concertación, antes de definir aquello en la Nueva Mayoría, o a centros de estudios que los hay en abundancia y a través de ellos obtener recursos legítimamente para preparar un programa o agenda presidencial.

En épocas pretéritas nos tocó conocer, durante la dictadura, organismos como el Proyecto Alternativo, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Iche, que desarrollaron trabajos que serían necesarios en una futura democracia. En estos lugares trabajaron muchas distinguidas personas, solo algunos remunerados, y se obtuvieron recursos muy variados. Gobernando la Concertación nos correspondió conocer el trabajo del grupo que preparó el programa de don Eduardo Frei y –que sepamos– la mayoría de la gente trabajó, como alguno de nosotros, sin cobrar un solo peso. En relación con el primer Gobierno de Bachelet, se formó un grupo de 15 personas de los partidos de la Concertación que desarrollaron lo que se llamó Bases para un Acuerdo Democrático; ahí también algunos trabajamos y nunca nadie –que sepamos– cobró un solo peso. Terminado el trabajo, se le entregó a la candidata en la Biblioteca Nacional, y luego se inició la campaña formal.

Por lo anterior, el asesor más cercano, señor Peñailillo, tuvo un mecanismo legal y fácilmente operable para desarrollar las ideas para un futuro Gobierno, mientras la Concertación se encontraba en la oposición. La operación que se realizó en forma definitiva a través de operadores políticos de los cuales se conoce, al menos, una parte, parece revelar un gesto de audacia sin precedentes que consiste en conformar un equipo humano por encima de los partidos políticos que operaban como coalición opositora, con la finalidad de imponer las cuestiones programáticas y las propias expectativas, atendida la cercanía con la futura Presidenta, sin recorrer el complejo pero democrático camino de los partidos políticos.

Ya se ven movimientos de facto que operan en la vida política en Chile y que, sin ser partidos políticos registrados y regulados, operan como tales e, incluso, pidiendo fondos a particulares. El mal se propaga a ciencia y paciencia de la autoridad.
De lo expuesto fluye con meridiana claridad que el señor Peñailillo y su equipo cercano decidieron, por razones que no han explicado, obrar al margen de los partidos políticos, y esto es –a nuestro juicio– lo central, siendo el mecanismo, boletas y trabajos falsos, el medio para una finalidad ulterior de orden político.

Esta cuestión continuó en forma más sofisticada durante el primer año de Gobierno en materias muy trascendentes, que fueron enviadas al Congreso sin que los partidos tuvieran, antes del ingreso de los proyectos, la menor idea de lo que se propondría, como ocurrió en materia tributaria, sistema electoral y en algunos aspectos en materia educacional.

Los partidos políticos de la ex Concertación permanecieron impávidos y sus reclamos, cuando se constituyeron en la Nueva Mayoría, no fueron escuchados y esta es una cuestión que en materias de orden público político no es de segundo orden; y probablemente sea la causa definitiva y eficiente que explique las irregularidades tributarias, ya que ellas, en lo que se refiere a boletas políticas, son nada más que el ropaje artificioso con que se viste una desnudez republicana que, de no ser corregida, provocará un colapso final en el prestigio del sistema democrático.

Piñera y Peñailillo, con las dos actitudes expuestas, han pensado seguramente que podrían situarse por encima del orden publico político o de las burocracias partidarias; y que los temas del dinero para las campañas y el rol de los partidos políticos carecía, a juicio de ellos, de importancia y que los partidos eran, entonces, meros instrumentos de una voluntad superior, la de ellos mismos.

El cuadro político descrito es alarmante. Una destacada parlamentaria y presidenta de partido de la Nueva Mayoría, refiriéndose a los hechos ilegales e irregulares que conoce la opinión pública, manifestó que todos los que se sientan en el Senado y en la Cámara de Diputados, han sorteado la normativa legal y han recurrido a resquicios, con la finalidad de eludir, en alguna manera, el marco legal relacionado con el financiamiento de las actividades de los partidos políticos, durante todo el tiempo anterior a la correspondiente elección.

Hasta ahora, pocos dirigentes políticos han controvertido los dichos de tal parlamentaria, por lo cual, en un primer análisis, habría que concluir que tales afirmaciones corresponden a la verdad. Si eso es así, esto es, si todos los parlamentarios o la mayoría de ellos hubieran violado la legalidad en actual vigencia, nos encontraríamos no solo ante irregularidades, anormalidades o ilícitos civiles y penales, sino que estaría también afectada a fondo la legitimidad del propio Parlamento. Este no es un tema baladí, por cuanto para poder legislar con autoridad, y en su caso proponer cambios de orden constitucional, es menester estar dotado de una legitimidad democrática, auténtica y verdadera. Lo que está sucediendo en Chile es que el poder político –que siempre se ha entendido como la justicia socialmente reconocida– y la autoridad política –que se concibe como la prudencia también socialmente reconocida–, estarían dañados en grado extremo. De esta gran crisis política, la más grave desde el año 1973 al tiempo presente, sólo se podrá salir sobre la base de la verdad.

Ramón Briones y Hernán Bosselin

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