En las últimas 48 horas los fiscalizadores del mercado de valores y la banca concretaron cambios normativos para mejorar prácticas del mercado, la transparencia del sector y llenar los vacíos regulatorios que los recientes escándalos dejaron en evidencia. La Bolsa también se sumó al coro.
Los últimos años han dejado en Chile una estela de escándalos dentro de la actividad económica privada y pública. Frente a ello, los reguladores han ido reaccionando para mejorar las normativas que han sido insuficientes para impedir irregularidades como los casos Cascadas, Caval-Luksic, La Polar, las operaciones de fin de año de las corredoras y una larga lista de sinsabores que han golpeado la imagen de la industria financiera.
Esta semana, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) emitieron normas (en el último caso, recomendaciones) para elevar los estándares con que funcionan sus directorios, además de mejorar la transparencia con que funcionan las empresas.
SVS y los directorios
Respecto del funcionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hizo pública esta semana la modificación a dos normas relativas a la forma en que los directores ejercen su rol.
Aunque generó polémica en el mercado, la normativa esencialmente pretende impulsar la autoevaluación de los directores respecto de materias como el tiempo que dedican a su trabajo y la forma en que regulan los conflictos de interés al que cada uno puede estar expuesto.
También puso el dedo en la llaga cuando planteó, como parte de la autoevaluación, si existe un ente externo a la mesa que revise el verdadero cumplimiento del proceso, lo que no gustó a los privados, pues sentían que podría haber un “directorio en las sombras”. A ello agregó la posibilidad de que la mesa destine un presupuesto para que cada director tenga asesoría externa para cumplir mejor su labor.
El origen de esta normativa proviene de la falencia detectada en el cumplimiento de su trabajo y apuntando además a evitar excusas –como la especificidad de sus profesiones– al momento de exigirles asumir su responsabilidad en caso de irregularidades en la compañía.
También la SVS planteó que en la autoevaluación que realicen cada año incluyan información respecto del nivel de diversidad de la compañía.
En ese sentido, se les pide a las empresas que entreguen indicadores generales sobre la composición de sus trabajadores en términos de etnia, religión y género. Esta última medida fue matizada por la autoridad, aunque según un experto en estas materias, la SVS estaría cruzando una línea indebida al entrometerse en materias que, según él, sólo competen al directorio.
Sbif y créditos a políticos y parientes
Finalmente, y tras los cuestionamientos surgidos a propósito de su rol en la verificación de la legalidad del crédito por más de $ 6.000 millones otorgado por Banco de Chile a la empresa Caval, ligada a la pareja del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, el titular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Eric Parrado, dio a conocer ayer los cambios a la norma que regula la entrega de créditos a Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La propuesta normativa, que podrá ser comentada por el público hasta el próximo 26 de junio, determina que cada banco deberá publicar en su sitio web las políticas establecidas para regular la relación con este tipo de personas.
Luego indica que los préstamos por otorgar a PEP, cuando superen un cierto monto (no especificado) tendrán que ser evaluados a un nivel superior al directorio. En la norma tentativa, la entidad que dirige Parrado dice que el piso del monto lo debe definir el directorio y deja abierta la posibilidad para que el directorio continúe aprobando créditos de este tipo en casos “excepcionales”.
Además, la Sbif indica que “periódicamente” la mesa directiva debe ser informada de las personas políticamente expuestas que son clientes del banco, sus productos, operaciones y las condiciones de las mismas. Dicha obligación incluye también contratos entre el banco y las PEP, incluyendo casos en que estas sean prestadoras de bienes o servicios y contrapartes comerciales.
Junto con ello, deberá haber una auditoría interna que emita un reporte periódico a la mesa sobre el cumplimiento de estas normas.
De esta manera, Parrado apunta a cumplir con su objetivo de “elevar” el piso de las exigencias relativas al vínculo de los bancos con clientes políticamente expuestos.
La Bolsa
Sorpresivamente, ayer la Bolsa de Comercio dio a conocer una serie de recomendaciones para las empresas listadas en el ruedo local, en tres ámbitos: operación bursátil, antecedentes financieros y relación con inversionistas.
En el primer grupo, la entidad que preside Juan Andrés Camus propuso que cada empresa tenga una persona que se relacione comunicacionalmente con la Bolsa y que sea responsable de entregar y aclarar noticias que puedan influir en la evolución de su acción.
Aunque parezca evidente, la Bolsa espera que esto permita que la entrega de información a través de la misma sea inmediatamente posterior a la ocurrencia del hecho, aunque establece que la entrega de información financiera debiera ser en horarios en que no haya transacciones en la Bolsa.
Sobre el segundo ítem, relativo a información financiera, sugiere que cada empresa defina un calendario de presentación de reportes, actas de juntas de accionistas y otra información periódica que podrá ser subida al sitio de la Bolsa. En esta línea, recomienda que las conferencias presenciales o por video y/o telefónicas ocurran no más allá de cinco días después de conocerse el estado financiero de la compañía.
En cuanto a la relación con inversionistas, la Bolsa propone que se cree un Comité de Relación con Inversionistas donde participen emisores y áreas de estudios de las corredoras bursátiles, que permitan tratar en conjunto materias relativas a gobierno corporativo, información al mercado, operatoria bursátil y sostenibilidad.
Adicionalmente, la Bolsa recomendó que las empresas le entreguen un reporte de sustentabilidad anual y anunció que en el último trimestre de este año tendrán listo un indicador de sostenibilidad en el mercado bursátil, el cual debiera comenzar a funcionar a comienzos de 2016.
