Como un proyecto “completamente radical” calificó Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, los lineamientos establecidos por la ministra de Salud, Carmen Castillo, respecto a la reforma al sistema privado de salud, dados a conocer ayer en entrevista con La Tercera.
La ministra anunció que el proyecto que presentarán, a más tardar a mediados de septiembre al Congreso Nacional, incluirá la creación de un fondo mancomunado en donde todos los aportantes, del sistema público y privado, contribuirán con un 1% de sus cotizaciones.
Además, dio a conocer que el proyecto considera la eliminación de la declaración de salud e indicó que “la idea es que las personas puedan atenderse en el sector privado con libertad y sin limitaciones en salud”.
Estos dos puntos anunciados por la secretaria de Estado son duramente cuestionados tanto por el presidente de Colmena como por Rafael Caviedes, presidente de la asociación de isapres.
Para Caviedes, no hay duda respecto a la necesidad de modernizar el sistema de salud; sin embargo, dijo que hay puntos que le generan una señal de alarma: “uno de ellos es el famoso fondo mancomunado. En definitiva, se transforma en un impuesto para los afiliados al sistema y recalco que es para los afiliados y no para las isapres, porque en definitiva, si alguien se afila va a tener que pagar una cuota, sin embargo, alguien afiliado a Fonasa no va a tener que pagar. Afiliarse al sistema de isapres va a salir relativamente más caro si se aplica un impuesto para constituir el fondo”.
De la Carrera, por su parte, dijo estar sorprendido respecto a los dichos de la ministra, ya que -dijo- “proyecta el fin del sistema privado de salud y no sólo el de las isapres”.
“El expropiar el 1% de la cotización, por bajo que suene, es absolutamente inconstitucional”, puntualizó el ejecutivo, al tiempo que agregó que lo que se dio a conocer refleja que durante un año no hubo trabajo, ya que más que avances, ve retrocesos en el proyecto.
Sobre eliminar la declaración, al presidente de la asociación de isapres le parece “una buena declaración de intenciones. Hay que llegar en algún momento a eliminar la declaración, pero hoy es absolutamente imposible, salvo que sea para el movimiento interisapres”.
En esta línea, agregó, que el sistema no sólo debe ser solidario, sino viable y eficiente y “si se pretende eliminar la declaración para el 1,7 millones de personas en lista de espera, a los que están en lista de espera del GES o a los que están en lista de espera de cirugía en prestaciones no GES, es absolutamente inviable”. Esto, aseguró, ya que no es factible que quienes pertenecen a las isapres sean capaces de financiar estas prestaciones.
Una postura similar planteó el presidente de Colmena, quien agregó que “si el Estado no tiene dinero, lo que quiere es que con el dinero de las cotizaciones de toda la gente del sector privado se resuelva el problema de las listas de espera del sector público. Es una locura, no tiene ninguna racionalidad financiera”.
Así, desde el sistema privado aseguran que esta será “otra reforma más del Gobierno que no va a tener financiamiento”.
Sin embargo, no sólo el sector privado reaccionó a los dichos de la ministra, ya que el diputado Juan Luis Castro (PS), quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, pese a estar de acuerdo con los lineamientos, indicó que se requiere profundizar respecto a lo planteado.
“Esta no debe ser una ley corta como muchos han planteado. Ojalá la ministra pueda disipar las dudas respecto al proceso legislativo y la especificación de cada uno de los aspectos que mencionó”, sostuvo el congresista.
En esta misma línea, para Castro hubo un error en la forma en que la ministra comunicó el proyecto. “Parece que hay ministros que prefieren hacer un trabajo pre legislativo a través de los medios de comunicación”, sostuvo, y destacó que “en señal de molestia” no participará de la reunión junto al ministerio para discutir el proyecto.
Fuente: Pulso
