Precios de transferencia: una herramienta de planificación en el contexto de normas Antielusión

Los precios de transferencia son los precios a los cuales una entidad transfiere bienes físicos, intangibles o proporciona servicios a otras empresas pertenecientes al mismo grupo económico. Tal como lo determinan la OCDE y las normas chilenas, los mismos deben basarse en el principio arm’s length, el cual establece que los precios entre compañías vinculadas deben pactarse como si se estuviese actuando con compañías independientes.

En Chile, en septiembre de 2012, se han reglamentado las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes que realizan operaciones con empresas vinculadas del exterior, las que constan principalmente en la presentación de una declaración jurada anual (DJ 1907) y la realización de un informe de precios de transferencia, donde se deben reflejar las metodologías aplicadas para poder demostrar que las operaciones con compañías vinculadas se realizaron cumpliendo con el principio arm’s length.

Ahora bien, más allá de que muchas veces es visto como una carga fiscal más, cada vez más empresas multinacionales utilizan los precios de transferencia como una herramienta de planificación fiscal, esto para lograr una mayor eficiencia tributaria y agregar valor a la compañía. En cumplimiento con las normas en la materia, para llevar adelante estas prácticas y validar la operatoria de la compañía en relación con sus precios de transferencia, se buscan situaciones comparables que involucren a terceros independientes o información de mercado pública/transparente.

Las situaciones a comparar pueden ser a nivel de precios o rentabilidades, aunque los primeros pocas veces son utilizados porque hay muchos factores que influyen sobre ellos –como la similitud en los productos, los volúmenes comercializados, las condiciones contractuales o el mercado geográfico–, haciendo que su aplicabilidad necesite de una situación ideal pocas veces lograda.

Por lo tanto, se observan rentabilidades de mercado focalizadas en las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos en la operatoria. A mayores funciones, activos y riesgos, se espera que la rentabilidad sea más alta. Por ejemplo, una compañía que solamente presta servicios de back office a empresas vinculadas debería ganar menos que una manufacturera que elabora productos de mucho valor agregado.

En este sentido, para ser más eficientes fiscalmente, las empresas buscan desarrollar las funciones y riesgos más amplios en los países donde las cargas impositivas son más bajas. Al comenzar desde cero, la tarea es sencilla. El desafío aparece cuando las entidades ya están operando y se hace necesaria una relocalización de las actividades para ajustar las funciones y riesgos de la manera más eficiente. En estos casos, es fundamental que exista una razón económica sólida que justifique el cambio y que exista sustancia en las operaciones.

Asimismo, otro aspecto que no podemos dejar de considerar son las nuevas Normas Antielusión (“NGA”) publicadas por el SII, que establecen que los contribuyentes deben actuar de buena fe y en sus conductas no puede existir abuso en la formas ni simulación, algo que muchas veces es demasiado subjetivo. En este sentido, es importante que las empresas estén preparadas para que, ante algún cuestionamiento del fisco, puedan demostrar que los precios de transferencia que pactan con empresas vinculadas cumplen la política vigente en la materia y no contradicen a las NGA.

Si bien es posible utilizar los precios de transferencia como una herramienta de planificación para buscar una mayor eficiencia fiscal en las empresas multinacionales, no debemos dejar de analizar las implicancias que pudiera tener desde el punto de vista de las NGA.

Por Martín Bianchi
Gerente de Consultoría de AK Contadores