Columna de opinión
«Se ha impuesto la convicción de que nada se puede hacer para enfrentar los problemas estructurales que enfrenta la economía mientras las condiciones externas no mejoren. Mientras los fondos soberanos del país se reducen como efecto de las caídas de los precios de los activos en los mercados financieros, la opción de buscar equilibrar las finanzas públicas hacia el 2020, se realiza en desmedro de la reactivación económica y sobre todo en perjuicio de los esfuerzos por recuperar la capacidad productiva del país, que exigiría una actividad proactiva del Estado en materias de infraestructura, desarrollo tecnológico y apertura de nuevas actividades económicas».
Si bien se habla de la necesidad de volver a estimar el nivel de crecimiento de la economía chilena, lo cierto es que los especialistas están dando palos de ciego, pues son demasiadas las incertidumbres de los cuales depende en el presente año. Con mayor claridad aparecen, eso sí, aspectos externos e internos que auguran un bajo crecimiento.
En el ámbito internacional destacan la preocupación respecto del desempeño de la economía y la política chinas, los conflictos en torno al petróleo y sus consecuencias, la incertidumbre que crean las elecciones en los Estados Unidos y las dificultades que encuentra Europa para terminar de superar la crisis iniciada en los años 2007 – 2008. “Last but not least”, en promedio la economía latinoamericana permanecerá estancada.
China se adentra en lo que los propios dirigentes de ese país han denominado una nueva normalidad que no termina, sin embargo, debe precisarse en qué consiste. Parece claro que difícilmente su economía crecerá al ritmo esperado de 7% en los próximos años. Algunos analistas auguran un crecimiento en torno al 4%. El país enfrenta una demanda en retroceso, una inflación que aparece como excesivamente baja y un endeudamiento creciente en el contexto de una reorientación del modelo de crecimiento. A esto se suman cambios sociales importantes como es el fuerte crecimiento de las clases medias que demandan mejores estándares de vida pero, también, un mayor protagonismo.
Juega también un rol relevante en las dificultades una dirección política que muestra dudas frente a qué hacer en las nuevas circunstancias. Subyacentes, algunos creen ver las dificultades de compatibilizar la liberalización económica con el sistema político vigente. Estos problemas se han expresado en las bajas abruptas de la bolsa y en el manejo cambiario, lo cual repercute fuertemente en las expectativas de los agentes económicos a nivel global.
Un segundo elemento tiene que ver con la caída aguda y violenta del precio del petróleo. Este proceso está asociado con el relativo pesimismo con que se observa a la economía china. Incide, además, la dura competencia por el predominio en la estructuración futura del mercado del petróleo. Arabia Saudita se ha propuesto expulsar del mercado a los productores menos productivos incluidos los estadounidenses que han desarrollado el “fracking” (técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional). No obstante, la elevación de la productividad de los competidores del país árabe ha obstaculizado su objetivo, lo cual ha derivado en una alta oferta de petróleo.
A ello se suma la existencia de reservas superiores en un 50% a las de hace 5 años y más recientemente a la reincorporación de Irán a los mercados formales de petróleo. Esta situación presenta dos dimensiones adicionales que impactan en la economía internacional: la postergación de importantes proyectos de inversión en petróleo y la inestabilidad política que amenaza a varios de los países productores de petróleo, además de la agudización de los conflictos en el Medio Oriente. A estos dos elementos se suman las incertidumbres que provoca la elección presidencial en los Estados Unidos (que muestra posiciones enconadamente enfrentadas), así como la falta de claridad respecto de la política monetaria que seguirá la Reserva Federal por una parte y, por la otra, las dificultades que encuentra Europa para terminar de salir de la crisis económica internacional.
En estos últimos días, la Unión Europea ha manifestado su preocupación por las dificultades que encuentra España para constituir el nuevo Gobierno; reaparecen también los problemas de la banca italiana que, a su vez, despiertan temores de que pueda tener lugar una nueva crisis financiera y el hecho que, pasado un año de Gobierno de Alexis Tsipras en Grecia, el país no logra superar su situación. A esto se suma la peor crisis migratoria que afecta a la región en las última décadas. Completan este conjunto de dificultades, las expectativas de un crecimiento cero para América Latina y los conflictos en varias regiones del globo.
Desde el punto de vista interno, las expectativas pesimistas y la incertidumbre están asociadas principalmente a diversos factores. La caída del precio del cobre y de otros commodities juega un papel decisivo. No obstante, ello constituye el marco en que aparecen las dificultades de fondo que enfrentará el país en el presente año.
La política juega sin duda un rol relevante. Junto con los problemas asociados a la influencia del dinero en la política, incide el hecho que el liderazgo presidencial no ha podido todavía generar las condiciones para lograr un acuerdo entre las facciones que se disputan el liderazgo de la coalición de Gobierno. Aún cuando existe una clara mayoría a favor de las reformas, la existencia de un pequeño grupo con poder de veto, sostenido principalmente por el apoyo de la derecha, ha logrado no solo obstaculizar el proceso reformista sino que además ha sido decisivo para el desprestigio que las afecta (ayudados, claro está, por los problemas de conducción política y la desprolijidad técnica que evidencia la preparación de algunas iniciativas).
La conducción económica contribuye también a esta situación. Se ha impuesto la convicción de que nada se puede hacer para enfrentar los problemas estructurales que enfrenta la economía mientras las condiciones externas no mejoren. Mientras los fondos soberanos del país se reducen como efecto de las caídas de los precios de los activos en los mercados financieros, la opción de buscar equilibrar las finanzas públicas hacia el 2020, se realiza en desmedro de la reactivación económica y sobre todo en perjuicio de los esfuerzos por recuperar la capacidad productiva del país, que exigiría una actividad proactiva del Estado en materias de infraestructura, desarrollo tecnológico y apertura de nuevas actividades económicas. La inversión pública caerá en el presente año y el Fondo de infraestructura, cuyo proyecto estaba comprometido para septiembre del año recién pasado, sigue sin ver la luz. Las restricciones que pesan sobre la actividad científica de las universidades completa este panorama.
Finalmente, el desprestigio que afecta al mundo empresarial lo obliga a revisar sus prácticas, lo que afecta la toma de decisiones. A ello se suma que el empresariado tiende a desentenderse de su responsabilidad de crear nuevos impulsores del crecimiento, concentrando su atención en fortalecer la campaña contra las reformas que impulsa el actual Gobierno, desconociendo que ellas son indispensables para superar los problemas estructurales que afectan a la economía (entre ellas el estancamiento congénito de la productividad) y para generar un crecimiento económico dinámico y sostenible.
Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
