Desde hace ya dos años, en tanto los brasileños veían cómo un escándalo de corrupción cada vez más amplio pesaba sobre la economía y algunos de los nombres más famosos del país en el ámbito de la política y los negocios caían en el descrédito, mantengo constantes conversaciones con mi descontento vecino almacenero. “¿Realmente cree que van a llegar a Lula?”, se mofó riendo Avelino el otro día en su pequeño mercado de Río de Janeiro con referencia al superpopular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien hace responsable de la mala situación del país. “Ja, quisiera ver ese día”.
No veo la hora de oír lo que diría Avelino ahora. El viernes por la mañana, la policía federal lanzó la fase 24 de la Operación Lava Jato, una gigantesca investigación sobre sobornos y tráfico de influencias en la petrolera estatal Petrobras. Poco después del amanecer, la policía se presentó en 33 domicilios de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía con órdenes de allanamiento. Se llevó a once personas para interrogarlas, entre ellas a Lula, su esposa y sus tres hijos.
No se presentaron cargos y Lula no fue detenido ni esposado, pero no fue fácil pasar por alto el simbolismo de ver al dirigente antes adorado –que era venerado por sacar a millones de personas de la pobreza y decirle la verdad al poder– ser introducido en un patrullero y llevado para someterlo a un interrogatorio.
Sí, la policía y los fiscales lograron dejar al descubierto el saqueo de Petrobras apuntando a los magnates, los lobistas y los ex dirigentes políticos sospechosos de pagar sobornos o vender favores. Pero conforme la pesquisa del Lava Jato avanza, los detractores como mi amigo Avelino se preguntan hasta dónde llegará la ley y a cuántos funcionarios actuales se les perdonará la vida.
Es cierto que la sucesora de Lula, la presidenta Dilma Rousseff, lucha para no ser llevada a juicio político, pero las acusaciones son por presuntos delitos fiscales y no por corrupción. Y después están las tres decenas de legisladores en funciones a quien el fiscal general Rodrigo Janot nombró hace casi un año como sospechosos en el caso Petrobras. No los puede llevar a juicio sin el visto bueno de la Suprema Corte.
Ahora, esa burbuja de invisibilidad podría estar empezando a desinflarse. Lula está siendo investigado por una larga lista de supuestas irregularidades, como la de permitir que los proveedores del gobierno pagaran mejoras en su casa y aceptar donaciones y honorarios como orador de compañías acusadas de sobornar a los funcionarios para obtener contratos de Petrobras. Esto está bastante lejos del banquillo de los acusados, y ni que hablar de la cárcel, pero el hecho de que él también sea objeto de investigación indica que hasta las leyendas deben responder ante la ley.
Y Lula no es el único político aparentemente intocable que sufre un tropiezo. La detención del director de campaña de Rousseff, João Santana, plantea preguntas acerca de si ella financió su reelección de 2014 con sobornos de Petrobras. Y el jueves, la Suprema Corte votó a favor de enviar al presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha a juicio por presuntamente recibir sobornos de un proveedor de Petrobras. Ese fallo hace de Cunha el primer presidente de la Cámara a quien se le ordena someterse a juicio ante al alto tribunal de Brasil.
Y gracias a una pequeña revolución en el sistema legal de Brasil, la red podría llegar aún más alto. Hasta hace poco, en Brasil no se podía enviar a nadie a la cárcel hasta que no se hubiesen agotado todas las instancias de apelación posibles –indulgencia basada en el loable principio de que los inocentes deben recibir toda la protección–. En realidad, la norma prácticamente aseguraba la impunidad al permitir que los procesados poderosos con abogados hábiles inundaran los tribunales con escritos y apelaciones infinitas. El mes pasado, la Suprema Corte cerró ese resquicio legal y dictaminó que todos los condenados por un delito en un tribunal inferior y cuya condena se sostuviera tras la apelación deben ir derecho a la cárcel.
Lo que ayudó a cerrar el caso contra Cunha y poner a Lula en el radar de los investigadores fue el testimonio de sospechosos de delitos que aceptaron dar nombres a cambio de penas más leves.
Brasil está mejor gracias a ese fallo pero uno no se daría cuenta si observa el estado de ánimo que reina en la calle, donde la opinión pública ya está fuertemente polarizada y los manifestantes contrarios al gobierno planean insistir en el juicio político el 13 de marzo.
Es improbable que esto haga mella en la investigación del Java Jato. La policía federal, que tiene debilidad por los clásicos, dio a la última operación el título de “Aletheia”, o “búsqueda de la verdad” en griego. Creo que Avelino lo aprobaría.
Por Mac Margolis, columnista de Bloomberg
*Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o Bloomberg LP y sus dueños.
