Reportaje de Bloomberg
La escala de la supuesta corrupción palidece en comparación con el caso Petrobras de Brasil, donde la petrolera estatal está acusada de pagar US$ 1.700 millones en sobornos, en gran parte a los políticos. Las cifras de pagos irregulares que reconoce SQM es de US$ 11 millones. Y mientras que la economía de Brasil ha sido devastada, la chilena sigue creciendo y los mercados no han resultado afectados.
Chile, ampliamente considerado como un modelo de estabilidad y democracia en una región plagada de corrupción y agitación política, se enfrenta a un escándalo de financiación de las campañas que ha dejado una sombra sobre los políticos de todos los partidos.
Más de un año de revelaciones ha golpeado duramente la popularidad del gobierno de Michelle Bachelet, la Cámara de Diputados, el Senado y la oposición, con índices de aprobación en mínimos históricos. Nuevas acusaciones aparecen casi semanalmente y los partidos están luchando para encontrar candidatos con una reputación intachable para las elecciónes de 2017.
Al igual que en el escándalo de Brasil, una empresa se encuentra en el centro de la historia. En Brasil es la estatal Petrobras y en Chile es SQM, empresa productora de fertilizantes que abastece a más de la quinta parte de litio del mundo y es controlada indirectamente por Julio Ponce, ex yerno de Augusto Pinochet. Y mientras que los montos involucrados en Chile son una miseria en comparación con los de Brasil, el resultado es que está ayudando a desacreditar a toda la clase política.
Los acusados de aceptar dinero ilegalmente de SQM incluyen recaudadores de fondos de campaña o asesores de Bachelet, un ex presidente, Eduardo Frei; así como Carlos Ominami, el padre adoptivo de Marcos Enrique Ominami, candidato presidencial en las elecciones de 2013. Entre los que están siendo investigados también se incluyen a personas vinculadas al ex presidente Sebastián Piñera y su ministro de Economía, Pablo Longueira.
Nadie ha acusado a Bachelet de estar involucrada personalmente, pero el escándalo está tan extendida que ocho de los mayores partidos políticos de Chile han sido vinculados al mismo.
«Chile ha sido considerado como un ejemplo a nivel mundial en cómo hacer la transición de la dictadura a la democracia», dijo Kenneth Bunker, investigador político chileno de la Universidad de Diego Portales y el London School of Economics. «Para muchos, los escándalos recientes han hecho retroceder a la democracia 20 años, y sólo se pueden resolver con una reforma constitucional».
Chile ha celebrado seis elecciones presidenciales desde 1990 sin incidentes. El país ocupa el segundo lugar de América Latina después de Uruguay en el índice de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción. Esas percepciones están cambiando.
De acuerdo con al SII, el modus operandi de SQM fue el siguiente: Se instó a los políticos, sus familiares o sus asistentes para facturar a la empresa para trabajo que nunca hicieron. Desde que las primeras acusaciones aparecieron en enero del año pasado, la fiscalía ha acusado a 21 personas, con docenas más bajo investigación.
La investigación sugiere que SQM sobornaba a todos por iguales, sin preocuparse por la ideología. El mejor ejemplo es Marcos Enríquez-Ominami,. Él es el hijo de un ex miembro de la izquierda revolucionaria que fue abatido a tiros por las fuerzas de seguridad de la dictadura en 1974. Si es acusado y condenado, sería una ironía no menor que tomó dinero de una empresa controlada por el yerno de ese mismo dictador. Enríquez-Ominami ha dicho que actuó conforme a derecho.
Otros políticos también han negado tomar fondos o dijeron que no estaban al tanto de las acciones de sus asistentes o de la recaudación de fondos. Longueira ha dicho que él no concedió SQM influencia indebida sobre la redacción de la ley de royalty minero. El comentario fue en respuesta al correo electrónico en el que Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, parecía que redactó el proyecto de ley. Los chilenos están escépticos.
«La creencia generalizada en Chile es que todos los políticos están involucrados en el esquema de financiación irregular campaña,» dijo Patricio Navia. En las elecciones de 2017, agregó, «la gente tendrá que decidir entre la izquierda empañada y candidatos de la derecha igualmente manchados.”
«Nadie sale de este limpia», dijo Navia.
Ponce, que obtuvo el control de SQM durante la dictadura, fue forzado a poner su participación en venta. Las acciones de SQM, que han tenido una caída mayor a la des sus pares desde que comenzó el escándalo, se han estabilizado en los últimos meses en medio de especulaciones de que Ponce perderá el control de la minera no metálica.
Una de las razones del problema, explica Navia, es que las regulaciones chilenas son financiamiento de campañas políticas eran un desastre. Los candidatos sólo podían recaudar dinero en los 90 días previos a una elección, dejándolos sin nada para financiar una campaña que a menudo comienza un año antes. La ley ha sido cambiada.
La escala de la supuesta corrupción palidece en comparación con el caso Petrobras de Brasil, donde la petrolera estatal está acusado de pagar US$ 1.700l millones en sobornos, en gran parte a los políticos. SQM dijo hace un año que había identificado los pagos irregulares de US$ 11 millones.
Y mientras que la economía de Brasil ha sido devastada, los mercados de Chile no han resultado afectados.
La culpa de la pérdida de confianza de los votantes no se puede achacar totalmente a SQM. Otras empresas chilenas – Grupo Penta y Corpesca SA – también son parte del escándalo de financiación ilegal a la política. Y a eso hay que sumar el supuesta tráfico de influencias de la nuera de Bachelet (Caso Caval). Ademas, dos años de escaso crecimiento han agudizado la crisis de confianza en Chile, la nación más rica de América Latina.
«Ha sido una experiencia catártica», dijo Bunker. Veinte y seis años después de la salida de Pinochet, la «evidencia de que importantes figuras políticas de las coaliciones dominantes estaban involucrados en los sistemas de financiación ilegal de la campaña arrojan una sombra sobre el costo de esta transición.»
