Luego de haber sido rechazada en comisión de Constitución de la Cámara Alta, la sala aprobó introducir la figura que permitirá a quien se autodenuncie una rebaja de hasta 80% en la sanción y si es el primero en un delito que involucre a más actores podrá llegar al 100%. Iniciativa va a tercer trámite.
Finalmente el gobierno logró la aprobación en segundo trámite legislativo del proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros y reemplaza la SVS, dando una nueva institucionalidad para regular el mercado de capitales con atribuciones intrusivas para investigar delitos del sector financiero.
En la sala el proyecto obtuvo 25 votos a favor de todos los artículos que había obtenido unanimidad en las Comisiones de Hacienda y Constitución. Sólo en el caso de la incorporación de la figura de delación compensada hubo apuros, pues dicho articulado había sido rechazado en la Comisión de Constitución. Sin embargo, ante el ingreso de una nueva indicación presentada por el Ejecutivo, la delación compensada obtuvo el miércoles la aprobación con 22 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
En el debate el senador Pedro Araya explicó el motivo de su voto en contra, indicando que el proyecto de ley “cambia diametralmente las facultades que tiene la Comisión de Valores y le entrega una serie de herramientas intrusivas que no tenía antes y pensamos que en este escenario no se justifica la delación compensada».
A esta posición se sumó el RN Alberto Espina quien señaló que la delación compensada es una figura excepcional que existe en el derecho para determinados casos y que “cuando lo aprobamos en el caso de colusión fue porque era difícil encontrar el delito, pero aquí hay una Comisión de Valores y Seguros que va a ver estos delitos».
En favor de la delación compensada opinaron en la sala el DC Andrés Zaldívar, el UDI Hernán Larraín y el RN José García. Zaldívar defendió la decisión afirmando que de hecho en el delito ordinario quien concurre y colabora obtiene beneficios. “Esto no es un tema de purismo, es una cosa de cumplir el objetivo y poder detectar este tipo de delitos y la delación compensada es en caso de delitos graves», recalcó.
Mientras Larraín destacó que la delación compensada “es una herramienta de persecución administrativa y criminal que permite la más pronta y eficaz detección de los delitos en donde esta herramienta se utiliza” por lo que a su juicio “es absolutamente imperioso para la efectividad de esta norma que se instale y sea posible para la seguridad del mercado de valores y seguros».
El proyecto aprobado hasta ahora determina que quien incurra en una conducta sancionable por la Comisión podrá obtener una reducción de hasta el 80% de la sanción pecuniaria aplicable, si se auto denuncia y aporta antecedentes que conduzcan a acreditar los hechos constitutivos de infracción.
Si se trata de una infracción que involucre a dos o más posibles responsables, el primero que se auto delate y aporte antecedentes podrá ver una baja de hasta 100% de la sanción pecuniaria correspondiente, mientras que los otros involucrados, solo podrán optar a rebajar en hasta un 30% la multa, siempre que aporten antecedentes sustanciales y adicionales a los develados por el primer denunciante.
El proyecto ahora deberá ser revisado en tercer trámite por la Cámara de Diputados. En sus aspectos centrales la iniciativa transforma la actual Superintendencia de Valores y Seguros, un organismo unipersonal, en uno colegiado, manteniéndose la condición de servicio público descentralizado y especializado.
La Comisión de Valores y Seguros, siendo institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y estará regida por un Consejo, encargado de la dirección y administración superior de dicho organismo.
El Consejo tendrá cinco miembros (comisionados), con un presidente que será designado por quien ostente el cargo de Presidente de la República, teniendo dedicación exclusiva y permanencia en el cargo por el período por el que se extienda el mandato presidencial.
Además, dicho presidente tendrá calidad de jefe de servicio y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Comisión. Los otros miembros también serán designados por el Primer Mandatario o Primera Mandataria, con acuerdo de 4/7 de los Senadores en ejercicio, permaneciendo en el cargo por 6 años, a través de una designación escalonada cada 3 años.
Junto con ello, las funciones quedan claramente delimitadas y separadas dentro de la Comisión. Tendrá una unidad de investigación responsable de la instrucción del procedimiento sancionatorio que se regula, que estará a cargo de un fiscal -nombrado por el Consejo por Alta Dirección Pública (ADP) y durará seis años en su cargo, pudiendo renovarse una vez.
Junto con ello, se separan los roles de investigación y sanción. Así, corresponderá al Consejo la aplicación de sanciones, sin intervenir en la investigación de las infracciones y el levantamiento de cargos. Esta última fase la llevará a cabo una unidad especializada que se crea, a cargo del Fiscal, para resguardar así el debido proceso y garantizar la imparcialidad.
