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¿Qué sentido tienen las prioridades legislativas del Gobierno en temas forestales?

por 4 abril, 2017

¿Qué sentido tienen las prioridades legislativas del Gobierno en temas forestales?
Las grandes empresas harán su parte en la reforestación, por su propia cuenta, porque es su negocio y tienen la capacidad financiera. ¿Pero qué pasará con los pequeños y medianos propietarios que no pueden cubrir los costos iniciales de una plantación? Chile tuvo un instrumento de fomento a la forestación que probó ser efectivo. Con ajustes menores se podría reactivar de manera acotada a los pequeños y medianos propietarios que ya recibieron una bonificación; sujeto a una duración limitada, una superficie máxima y dando la posibilidad de reforestar con especies nativas.
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La Presidenta Bachelet firmó un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional Forestal y de Conservación de los Recursos Forestales. Sin duda, el país requiere una nueva institucionalidad en el ámbito forestal, con las facultades para ejercer plenamente las potestades de un servicio público. Si bien Conaf realiza adecuadamente las funciones que se le asignan como parte del Ministerio de Agricultura, tiene limitaciones jurídicas por ser una corporación de derecho privado. Es un asunto que está sin resolver desde 1984 y ha impedido sacar adelante algunas leyes, por ejemplo, la que hubiera permitido crear áreas silvestres protegidas privadas en 2004.

Es bienvenida entonces una iniciativa legal al respecto y ya veremos si se aprueba la idea de legislar sobre la materia, teniendo presente que hubo instancias previas que no lograron superar tal etapa. Pero independientemente de lo propio de este proyecto de ley –que se firmó ceremonialmente el viernes 24 de marzo, pero como aún no se ha entregado al Congreso su contenido no es de conocimiento público–, es previsible que su discusión será larga porque es un tema complejo, dada la naturaleza de su alcance en el tiempo y en el territorio.

Entre otros aspectos, será necesario regular de manera precisa la forma de administración y las funciones y atribuciones que tendrá el nuevo servicio; además de sus relaciones con otras instituciones públicas, lo que es difícil de negociar por los múltiples intereses contrapuestos.

Por consiguiente, se trata de un proyecto de ley sobre un tema importante, pero en ningún caso urgente como se ha divulgado a la opinión pública para justificar la premura de su discusión (de hecho, solo se está reactivando una iniciativa de este Gobierno que estaba “dormida”). Tampoco es un proyecto que permita resolver los problemas inmediatos generados por los devastadores incendios forestales: la necesidad de reforestar y la de mejorar la gestión ante las emergencias.

Con respecto a los incendios, se sabe que la flexibilidad orgánica que le otorga su carácter privado le ha permitido a Conaf realizar operaciones de emergencia que en otras circunstancias no hubiera sido posible llevar a cabo. Es evidente la dificultad que habría tenido un servicio público, aplicando el Estatuto Administrativo, para combatir incendios forestales: cuando se hubiera llegado al final del conducto regular, la resolución habría sido irrelevante (ya todo quemado). Por tanto, es motivo de debate determinar qué mejorará efectivamente al respecto por tener una Conaf de carácter público.

Con respecto a la reforestación, repoblar los cerros con cobertura boscosa es fundamental para controlar la erosión, mantener limpia el agua y absorber carbono del aire, como lo han señalado diversos especialistas. También se sabe que el establecimiento de las plantaciones es intensivo en mano de obra, desde la preparación del terreno que podría empezar este año hasta las podas en algunos años más. Como consecuencia de los incendios se tendrán que hacer duros ajustes de crecimiento negativo para alcanzar un nuevo equilibrio en el abastecimiento de la industria forestal; para retornar una tendencia de crecimiento positivo es necesario que los terrenos quemados no queden abandonados a su (mala)suerte. Por tanto, esta actividad es definitivamente la prioritaria por sus beneficios en lo ambiental, social y económico.

Las grandes empresas harán su parte en la reforestación, por su propia cuenta, porque es su negocio y tienen la capacidad financiera. ¿Pero qué pasará con los pequeños y medianos propietarios que no pueden cubrir los costos iniciales de una plantación? Chile tuvo un instrumento de fomento a la forestación que probó ser efectivo. Con ajustes menores se podría reactivar de manera acotada a los pequeños y medianos propietarios que ya recibieron una bonificación; sujeto a una duración limitada, una superficie máxima y dando la posibilidad de reforestar con especies nativas.

Como medida de política pública, daría impulso al proceso de reforestación con señales relevantes para los actores forestales. Desde la perspectiva del fisco, esta política vista como un subsidio al trabajo rinde bastante más en términos de valor social que el gasto para paliar el desempleo en las comunidades afectadas por los incendios.

Queda entonces abierta la pregunta: ¿qué sentido tienen las prioridades legislativas del Gobierno en temas forestales?

André Laroze
PhD en Recursos Forestales
Secretario Ejecutivo de CERTFOR

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