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Mercados

Nuevo director del Sernac aterriza en el organismo en medio de tensa calma entre las empresas por aplicación de modificación legal

por 19 abril, 2018

Nuevo director del Sernac aterriza en el organismo en medio de tensa calma entre las empresas por aplicación de modificación legal
Mediante un oficio, el contralor Jorge Bermúdez dijo a la Cámara Nacional de Comercio, a fines de marzo, que tendría sus antecedentes en consideración. En contrapartida, los parlamentarios han planteado –a través de carta a la autoridad– que no corresponde hacer eco del llamado del gremio y quitarle, así, poder al proyecto que modifica al organismo. Para encabezar el Sernac arriba Lucas del Villar, quien estuviera en la subdirección durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y se perfila como un director moderado.
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Poco antes del cambio de mando, varios abogados y fiscales de compañías socias de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se reunieron con asesores en materia de consumidores. En la cita comentaron hacia dónde realmente podría encaminarse la nueva ley del Sernac, organismo que el gobierno de Michelle Bachellet intentó convertir en un “león con dientes”, con nuevas atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias.

Pero los asesores les advirtieron que no estaban del todo seguros, que, probablemente, el tema –a esa altura un bache político tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que mermó las intenciones originales del Gobierno de la Nueva Mayoría, delimitando y suprimiendo facultades del nuevo órgano– sería heredado a la administración de Sebastián Piñera.

Las empresas entonces acordaron que no querían figurar durante los primeros meses de este Gobierno debatiendo acerca de esta ley y que lo mejor era blindarse previamente. Hasta ese minuto –y tras el fallo del TC– su ánimo era, en todo caso, triunfante, pues veían que la modificación había desdibujado el espíritu original del proyecto.

La estrategia entonces recayó en ingresar a la Contraloría General de la República un "téngase presente" –presentado por la Cámara Nacional del Comercio (CNC)– donde, en palabras sencillas, explicaban al contralor que promulgar la ley tal como la había enviado el Parlamento conducía a un evidente error, si se tomaba en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, que dictaminó que varias de estas atribuciones eran inconstitucionales.

El origen del enredo se remonta a la movida que hábilmente orquestó el diputado Fidel Espinoza, quien notó con sus asesores que la sentencia del TC dejaba las indicaciones de la inconstitucionalidad en sus considerandos y no en su parte resolutiva, lo que les abría espacio para promulgar la ley con las cuestionadas facultades sancionatorias, algo que los mismos asesores de las compañías se han encargado de decir que carece de sentido, llamando, de paso, a la calma.

Pero con el pasar de los días el asunto se ha ido tensando. Esto, porque el objetivo de la CNC era mantener en reserva su estrategia, esa que tenía como objetivo no meter más bulla mientras la Contraloría tomaba su definición, esto es, tomar razón del decreto que promulga la ley Sernac con las facultades invalidadas por el TC, o no hacerlo, estimando que el señalado tribunal las declaró inconstitucionales a través de “considerandos resolutivos” (por lo que el decreto recibido desde el Congreso para la toma de razón adolecería de grave error).

Un artículo aparecido en El Mercurio el 8 de abril pasado reveló las tensiones políticas entre Bachelet, Piñera, La Moneda, el Congreso y el Tribunal Constitucional, algo que, de paso, desinfló un poco los ánimos de las empresas, que sintieron que, al conocerse la trastienda del asunto, se metía mucha presión al tema desde todos los escenarios y se ponían los ojos de toda la clase política y empresarial sobre la decisión del contralor general de la República.

Así, si bien en un minuto las empresas dieron por sentado que ganarían la pasada y que Bermúdez no tomaría razón de la promulgación de la ley, hoy han aterrizado las expectativas, aseguran observadores. Esto, pese a que el viento, de acuerdo a su pronóstico, jugaría a su favor.

El primer antecedente llegó a manos del gremio a fines de marzo, poco antes de que se rompiera el silencio, mientras el contralor analizaba el escenario.

“Se ha dirigido a esta Contraloría General don Gastón Gómez Bernales, en representación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile FGN, solicitando que, en virtud de las consideraciones que expresa, esta Entidad de Control se abstenga de tomar razón del acto administrativo del epígrafe por cuanto, a su juicio, el texto de la ley que este promulga contiene disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia que, al efecto, dictó el Excmo. Tribunal Constitucional. Sobre el particular, cumple con hacer presente que el aludido decreto se encuentra actualmente en el trámite de control preventivo de juridicidad ante este Órgano de Fiscalización, por lo cual los planteamientos que formula el peticionario serán ponderados al efectuar el aludido examen”. Las líneas anteriores eran firmadas por el mismo Bermúdez y, aunque breves, daban antecedente de que los argumentos de la CNC sí estaban encima del escritorio.

La contrarrespuesta no se dejaría estar. Tres páginas, con fecha 10 de abril, llegaron también a la oficina de Bermúdez. Firmantes: los parlamentarios que apoyan que las facultades normativas sí se incluyan en el proyecto. En la comunicación insistieron en la necesidad de que el contralor “tome razón del decreto supremo promulgatorio de la ley N° 21.081, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en los términos que señala expresamente el Oficio N° 13.765, de 5 de marzo de 2018, emanado de la H. Cámara de Diputados”.

Los diputados señalaron a la autoridad que “la presentación de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile omite que el Tribunal Constitucional solo declaró inconstitucional aquellas normas que expresamente señala su resuelvo de declaración de inconstitucionalidad, de sentencia de 18 de enero de 2018, de causa rol N° STC 4012-2018. Cualquier tipo de interpretación o hermenéutica sobre el cuerpo del texto de la sentencia y sobre la existencia de otras inconstitucionalidades diversas a las declaradas expresamente en la parte resolutiva de la sentencia, generaría una grave infracción a las normas del artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en relación al artículo 170 de Código de Procedimiento Civil, y asimismo, constituye un atentado grave a las facultades que la Constitución ha reservado exclusivamente al Congreso Nacional en el proceso de formación de ley”. La carta sonó a advertencia.

El mismo día la Contraloría decidió prorrogar su decisión por 15 días hábiles. Pero los opositores al Sernac “león con dientes” aseguran que Bermúdez no entraría en ninguna contradicción si hace eco del fallo del TC y no toma razón del decreto promulgatorio. “Esto no es un voluntarismo político como se ha querido hacer parecer. El Contralor tiene por ley la facultad de hacer eco de decretos o sentencias”, apunta un cercano al caso.

La prosa a la que hacen referencia es el Artículo 99 del Capítulo X de la Contraloría General de la República. Una parte indica lo siguiente: “Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución”. El mismo texto aclara la posición en que Piñera quedaría si Bermúdez no toma razón de la modificación. “Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución , el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que este resuelva la controversia”, indica el fundido.

Este último artículo, sumado al largo análisis del órgano de control, es lo que por ahora mantiene a la CNC en un compás de espera, pero con miras a que el blindaje de Bermúdez estaría justificado en esta atribución de la ley. Mal que mal, en definitiva sería el propio TC el que decidiría una eventual controversia.



Qué son $ 25 mil millones

Sin referirse públicamente al tema, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha consultado con los asesores que entienden del tema en qué terreno queda con la ley que modifica al Sernac. Las posibilidades son disímiles, pero una de ellas –reconocen fuentes–, en medio de un período de austeridad fiscal, no le cae del todo mal al poder central.

Si Bermúdez no toma razón de la ley con sus nuevas facultades, el proyecto mutará y con ello le ahorrará una partida importante de plata al Gobierno. De acuerdo al último informe financiero del mismo, y luego de la presión de varios sectores productores por que se revelaran las cifras del costo del eventual “nuevo” Sernac, la administración gubernamental anterior informó que en régimen (al cuarto año de implementación) el costo del nuevo organismo sería de $ 25.078 millones.

“El mayor gasto incremental respecto del gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2017 para el Servicio Nacional del Consumidor, en régimen, ascenderá a $ 13.948.261 miles, con una dotación incremental de 388 nuevos funcionarios”, detalla dicho informe.

Evitarse incorporar casi 400 funcionarios públicos al organismo es algo que no le cae mal a La Moneda, que, por el contrario, ha estado por podar las sobredotaciones del aparato estatal.

La llegaba de Lucas del Villar a la dirección nacional del Sernac informada ayer, de paso, calma un poco los ánimos de las empresas. Del Villar sí ha sido partidario de dotar a dicho servicio de mayores atribuciones, pero no veía con buenos ojos el proyecto de reforma tal como se planteó.

En estos meses, como observador externo, ha expuesto sus opiniones en algunos gremios. Del Villar fue subdirector del organismo en el primer Gobierno de Piñera y trabajó como asesor de la derecha junto con Jorge Avilés, Claudio Vicuña y Juan Pablo Olmedo.

Ayer, tras su nombramiento, esperado incluso desde antes que Ernesto Muñoz saliera del organismo, Del Villar salió a aclarar que el organismo, así como está hoy, “sí tiene dientes”.

Cercanos al abogado aseguran que ha sido partidario de que las demandas colectivas tomen más fuerza en la entidad. Y que si a la CNC le va mal y la ley se promulga tal como se pensó en el Gobierno anterior, “lo deja en una posición incómoda, pues deberá implementar un cambio normativo que no apoya del todo”.

Gato, león o, incluso, una rara cruza entre ambas. El contralor ahora tiene el rugido.

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