Opinión
Desde APIS estimamos que es esencial que la administración de la salud pública se entregue a expertos en gestión, ya que consideramos irracional que justamente los pagadores peor evaluados del Estado (servicios de salud y municipios) sean eximidos por más de tres años, de las exigencias que establecería la nueva normativa.
La industria de Proveedores de la Salud está actualmente enfrentando una seria crisis. Nuestro sector, que abastece a la totalidad de los centros asistenciales del país y que está compuesto por 2 mil empresas, generando más de 25 mil puestos de trabajo y beneficiando así a cerca de 100 mil personas, está puesto en jaque producto de la deuda hospitalaria en Chile, la que a fines de este año podría superar los $800 mil millones, de acuerdo a la estimación del mismo ministro de Salud.
En este contexto, como Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), observamos con preocupación el proyecto de ley anunciado por el Gobierno sobre Pago Oportuno a proveedores.
Al postergar la entrada en vigencia de la medida a los servicios de salud, se nos discrimina y perjudica injustamente, privándonos del derecho a igualdad ante la ley contemplado en la Constitución chilena (Capítulo 3, artículo 19).
Según el ranking de pagadores del Estado, que se basa en la información disponible en la plataforma ChileCompra, las entidades peor evaluadas son precisamente Hospitales y Municipalidades, donde el tiempo de pago se quintuplica si se compara con los 30 o 60 días que establece la iniciativa para materializar el pago a las Pymes y medianas empresas en los sectores público y privado. Lamentablemente, podemos afirmar que nuestra industria no está dentro de las prioridades de pago del Estado, como lo refleja el anuncio del Gobierno.
Desde APIS estimamos que es esencial que la administración de la salud pública se entregue a expertos en gestión, ya que consideramos irracional que justamente los pagadores peor evaluados del Estado (servicios de salud y municipios) sean eximidos, por más de tres años, de las exigencias que establecería la nueva normativa.
Durante los últimos días hemos tomado conocimiento, por medio de la prensa, de que no existe información fidedigna respecto al gasto en el sistema de salud público chileno. La situación es de una gravedad tal, que incluso Contraloría, por medio de un informe, concluye que hay irregularidades en la gestión hospitalaria y que se ha ocultado la deuda real. En resumen, el gasto en salud es un hoyo negro.
Estamos comprometidos con la salud de la población, por lo que no queremos poner en riesgo el abastecimiento de los centros asistenciales. Como APIS hacemos un llamado a las autoridades a que reformulen el proyecto de ley, considerando los tiempos de espera de pagos a los que estamos expuestos –sobre 300 días– y enmendando la exclusión de la que hemos sido objeto, para no perjudicar a los pacientes y a la población en general.
Eduardo Del Solar
Director Ejecutivo de Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS)
