El caso estalló en 2014, cuando se supo que Sergio Gordon Cañas –tío del ex general director de Carabineros Eduardo Gordon– había cobrado 3.500 millones de pesos por indemnización y vacaciones. El 13 de julio, la fiscal Ximena Chong planea formalizarlo gracias a los antecedentes aportados en dos querellas de ex ejecutivos de la CAEP, que permitieron confirmar que no estuvo en la institución desde 1948, sino a partir de una década después. El Ministerio de Justicia pidió recientemente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar un proceso para disolver la entidad, debido a que se ha negado a obedecer un fallo de la Corte Suprema para realizar cambios internos.
Tras varios intentos en la última década por investigar y destapar las irregularidades en la Caja de Ahorro de Empleados Públicos (CAEP), el 13 de julio la fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, buscará por tercera vez formalizar al presidente de dicha entidad, Sergio Gordon Cañas, por los más de 600 días hábiles que cobró como vacaciones en enero de 2014.
De acuerdo a los antecedentes, Gordon Cañas obtuvo una indemnización por años de servicio, lo que, sumado al cobro de los 600 días, le permitieron alcanzar 3.500 millones de pesos en jubilación. En todo caso, la acusación inicialmente sería solo por el tema de las vacaciones, pues lo relacionado con la indemnización podría ser tipificado como administración desleal, lo que no es punible penalmente, aunque es una materia en evaluación.
Las pruebas que permitieron acercarse a la formalización fueron aportadas en los últimos meses por el ex director de la Caja, Jonathan Urra, y la ex contadora general de la entidad, Gladys Sepúlveda, quienes, tras ser despedidos en marzo del 2017, se querellaron contra Gordon en agosto por apropiación indebida y, al mes siguiente, por falsificación de instrumento privado y prueba falsa.
Esta sería la primera vez que la justicia penal le caería encima a Gordon Cañas. En 2014, el fiscal Patricio Millán, después de cuatro años de diligencias, cerró la investigación en su contra, pues no encontró antecedentes penales decisivos y, en 2010, la Contraloría General de la República emitió un informe denunciando las irregularidades, pero finalmente optó por marginarse, ya que no había fondos públicos involucrados. Así, en ese primer intento todo quedó en nada.
El bautizado como «el empleado público mejor pagado de Chile», está siendo perseguido –entre las principales pruebas que ahora tendría Chong para inculparlo– gracias al testimonio de Sepúlveda, quien reconoció que le otorgaron las vacaciones requeridas, pero Gordon ocultó que no estuvo en la institución desde el año 1948 para calcular sus beneficios. Así lo corroboró el Instituto Nacional de Previsión (INP), que reveló que, al menos hasta el año 58, trabajaba en otra institución, documento que sería clave para acusarlo.
[cita tipo=»destaque»]La Fiscalía está investigando si la jubilación de Gordon fue fraudulenta –como acusa la querella–, pues los hechos revelarían que nunca habría tenido la intención de dejar la compañía, porque, si bien a fines de 2013 se jubiló y en enero de 2014 recibió los 3.500 millones de pesos, dos meses después regresó. Según dijo Gordon en un reportaje de TVN en 2015, volvió porque quien lo iba a suceder habría estado en irregularidades.[/cita]
La audiencia de formalización, eso sí, podría postergarse como ya ocurrió antes. Originalmente Chong planeaba formalizarlo en la audiencia del 18 de mayo pasado, pero Gordon se excusó por razones de salud y se reprogramó para este 6 de julio. De no asistir argumentando los mismos motivos, la Fiscalía buscaría alternativas para concretar el procedimiento, como formalizarlo en el lugar donde se encuentre –centro médico o su hogar–, a través de video conferencia o, definitivamente, pedir su arresto.
Por ahora, fuentes del caso indicaron que ya se ofició al Servicio Médico Legal (SML) para que verifique la condición de salud de Gordon Cañas, quien llegó a ganar 60 millones de pesos mensuales en su minuto y que hoy tendría un salario que rondaría los 20 millones.
El episodio de las vacaciones podría traer más delitos aparejados, puesto que la causa tiene antecedentes adicionales que darían cuenta de otras irregularidades, como la presentación de antecedentes falsos. Así lo denunció en su querella Urra, quien acusó a Gordon de alterar actas del directorio para intentar demostrar la aprobación de distintos actos administrativos que –según el ex funcionario– serían falsos.
La Fiscalía está investigando si la jubilación de Gordon fue fraudulenta –como acusa la querella–, pues los hechos revelarían que nunca habría tenido la intención de dejar la compañía, porque, si bien a fines de 2013 se jubiló y en enero de 2014 recibió los 3.500 millones de pesos, dos meses después regresó. Según dijo Gordon en un reportaje de TVN en 2015, volvió porque quien lo iba a suceder habría estado involucrado en irregularidades.
En su querella, Urra y Sepúlveda lo acusan de beneficiar a familiares con asesorías por trabajos no realizados, además de efectuar grandes gastos en proyectos inmobiliarios que no se ejecutaron, en especial sobre unos terrenos en la cotizada zona de San Damián, cuyo avalúo fiscal llegaría a los 25 mil millones. En ese caso, dicen los querellantes, se destinaron 1.800 millones de pesos a empresas y personas sin ningún proyecto realizado en mentado paño.
Según los denunciantes, anualmente se pagan 500 millones de pesos en contribuciones sin que dicho terreno genere un solo peso de retorno. Además, en los últimos años la Caja ha presentado números rojos y las aseguradoras tienen utilidades marginales.
No solo eso, fuentes del caso indicaron que, cercanos a Gordon y a algunos directores, estarían planeando desarrollar proyectos inmobiliarios, lo que también impactaría el patrimonio de los ahorrantes de la centenaria institución. Las querellas estiman en casi 2 mil millones los dineros extraídos ilegalmente por Gordon o terceros desde la Caja.
Pero no es la única polémica que rodea a Gordon. En abril de 2017, la Corte Suprema emitió un fallo, terminando con un litigio de siete años ente el Gobierno y la Caja. Esto, pues desde que en 2010 se conoció de las primeras irregularidades con el informe de Contraloría, el primer Gobierno de Sebastián Piñera ordenó, a través del Ministerio de Justicia, una serie de cambios en la institucionalidad de la CAEP, incluyendo cambiar al administrador y que sus sueldos no puedan superar los 5,6 millones de pesos.
Nada de eso cumplió Gordon. Al contrario, acudió nuevamente a tribunales civiles, donde ha vuelto a cuestionar la orden, por lo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría evaluando acciones a seguir, luego que en junio el Ministerio de Justicia pidiera iniciar el proceso de disolución de la entidad.
