Opinión
Hasta el momento, desde el Legislativo y Ejecutivo se han enfocado en la búsqueda de mecanismos para recaudar impuestos de las plataformas y aplicaciones. Ciertamente es una parte del problema, pero estamos hablando de situaciones donde falta que la política se haga parte en las propuestas, en especial en la política juvenil, donde son nuestros mismos vecinos, familiares o amigas quienes viven esta realidad.
Hasta hace unos años parecía impensable compartir el auto, contratar una niñera a través de una aplicación, vender la ropa usada a través de una red social o pagar por dormir en la casa de un desconocido. Hoy todas esas acciones son cada vez más cotidianas gracias a la innovación que nos ha traído la economía colaborativa.
Ella, sucintamente, es un modelo que se basa en el “movimiento que engloba nuevas prácticas económicas que tienen en común algún grado de participación u organización colectiva en la provisión de bienes y servicios”, poniendo el énfasis en redes de negocios horizontales y borrando el límite entre productor-consumidor, que generalmente se realiza utilizando una aplicación móvil o una plataforma web, bajo el pilar de cobro de comisiones por ventas realizadas. Estas, en teoría, promueven la creación de capital social, pero en la práctica puede ser bastante diferente, principalmente por el beneficio económico que existe para quienes gestionan estas plataformas.
En un principio, esto es algo bien visto tanto por los consumidores, ya que los servicios son más baratos, como también para aquellos que trabajan part time, quienes están contentos porque ganan un dinero extra a su salario. Pero para los que dependen de ellas, tienen condiciones de trabajo muy difíciles. Ahora ¿de dónde surge esta necesidad? Porque los sueldos no alcanzan: cada día son más las y los trabajadores que deben buscar soluciones creativas ante este fenómeno mundial. El problema no es tan solo la cesantía, sino que la debilidad de los trabajos –unido a la deuda y financiarización de la economía–.
La base de estas startups que se expandieron internacionalmente es un esquema de contratación que se apalanca en colaboradores y socios con los que no tiene una relación de dependencia. Algunos economistas señalan que este tipo de actividades, más que activar economías, afectan a sectores que han mantenido el control de áreas productivas, desestabilizando el statu quo empresarial.
Ello se ratifica en que en los socios de Uber se ve la misma condición precaria de taxistas y colectiveros, en los arrendadores de Airbnb se ve la misma condición precaria de pensionistas y hosteleros, en Glovo se ve la misma condición precaria de los antiguos repartidores. Paradójicamente, los más afectados con el surgimiento de plataformas y aplicaciones son los pequeños empresarios que tenían negocios antes de este boom. Allí, tal vez, debe haber una crítica al enamoramiento por la tecnología, que lleva a la búsqueda de ideas que producen un rápido crecimiento y retornos de capital en poco tiempo, cuando en verdad no se está cambiando nada más que evadir impuestos y procurar la explotación de un otro/a.
Ahora, es posible que estas formas de colaboración transformen el estilo de vida y marquen una nueva adaptación del capitalismo, con el surgimiento de una economía híbrida con experiencias como Prilov, Alba Babysitters, Gulliver, Broota, entre otros.
No obstante eso, es bueno que empecemos a hablar respecto de estos trabajos-no-trabajos que gestionan las plataformas como Uber, Glovo, Airbnb, entre otros, porque hay todo un mundo de precariedades y riesgos que asumen principalmente las y los jóvenes. En estos se expresan la contradicción entre el sueño de la libertad de manejar el tiempo y ser tu propio jefe, con la realidad de no tener protección social y la (auto)explotación que nadie asume, por el supuesto quiebre del modelo tradicional de subordinación y dependencia.
No se puede desconocer que para muchos y muchas estas actividades son una solución, pero debemos discutir firmemente qué protección se les da estos trabajadores: que se les reconozca como tales (no como colaboradores o socios), que cuenten con un sueldo base, que se contraten seguros contra riesgos, abrir la posibilidad de asociarse en sindicatos, etc., todos elementos que ni siquiera en Europa han avanzado, en el marco de desarrollar un cuadro legal que se adapte a este nuevo paradigma y los desafíos de la economía digital 4.0.
Hasta el momento, desde el Legislativo y Ejecutivo se han enfocado en la búsqueda de mecanismos para recaudar impuestos de las plataformas y aplicaciones. Ciertamente es una parte del problema, pero estamos hablando de situaciones donde falta que la política se haga parte en las propuestas, en especial en la política juvenil, donde son nuestros mismos vecinos, familiares o amigas quienes viven esta realidad.
