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Un nuevo pacto social y la lucha contra la corrupción: la cruzada transversal

por 5 noviembre, 2019

Un nuevo pacto social y la lucha contra la corrupción: la cruzada transversal
La lucha contra la corrupción en todas sus esferas y alcances (no solo limitada a atacar el soborno, con que se la identifica comúnmente) debiera ser un pilar fundamental de todo pacto social. Si se avecina un nuevo pacto para nuestro país, velar de manera efectiva por la erradicación de esta plaga y su flagelo, debe ser una cruzada transversal a todos los actores y sectores que lo suscriban, asumiendo un compromiso común, serio y a largo plazo. Solo así se iniciará correctamente el largo camino para recuperar las confianzas.
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Hace dos semanas comenzaron diversas manifestaciones a nivel nacional que han sido identificadas mayoritariamente como la necesidad de un nuevo “acuerdo o pacto social”. Nuestro país suele ser referente de un modelo que ha logrado generar una riqueza exponencial (alguna vez nos llamaron “el jaguar” de Latinoamérica), pero la otra cara de la moneda da cuenta de que esa riqueza no se distribuye equitativamente, aumentando los índices de desigualdad. Se dice casi al unísono que la sociedad se siente “abusada” e ignorada por años.

Aunque debiera ser evidente, Chile no ha advertido los efectos de la corrupción en sus distintas esferas, siendo -a juicio de la autora de esta columna- la causa eficiente y directa del descontento social y la severa desconfianza institucional. La misma, en apenas unos días, provocó una crisis que desencadenó un estado de emergencia, toques de queda, muertos y víctimas de una serie de agresiones de toda naturaleza, la cancelación de dos eventos internacionales, urgencias legales, el inicio de un proceso constituyente, un cambio de gabinete, una eventual acusación constitucional, metas y campañas empresariales en materia de salarios, visitas de organismos internacionales, paralización de universidades y colegios, encuestas de todos tipo, etc., causando revuelo a nivel internacional.

La corrupción ha sido definida por Transparencia Internacional como un fenómeno consistente en el abuso de un poder confiado en beneficio propio. Su “Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe” dado a conocer en septiembre de este año, reveló que un 54% de los chilenos cree que la corrupción aumentó en el último año y un 85% considera que la corrupción “en el gobierno” es un problema grave. También reveló que las mujeres son desproporcionadamente afectadas por la corrupción y al acceder a servicios básicos son particularmente vulnerables al soborno, dando cuenta de altos índices de percepción respecto a la extorsión sexual.

Recientes encuestas ciudadanas, a propósito de las prioridades o demandas sociales que habrían motivado las manifestaciones, incluyen en los primeros lugares, al menos tácitamente, la lucha
contra la corrupción (se menciona cárcel para delitos de cohecho, colusión y tributarios, reducción de la dieta parlamentaria, eliminación de elección de parlamentarios por arrastre, límites al precio de medicamentos, narcotráfico, etc.). Otros estudios reiteradamente dan cuenta de una enorme desconfianza en las instituciones, los poderes del Estado, los particulares y entre nosotros mismos.

Hace tiempo que los organismos internacionales especializados nos advierten de un aumento de la percepción de corrupción y, no obstante, seguimos sin tratar el asunto con seriedad y firmeza. Es cierto que en los últimos años se han dictado importantes leyes anticorrupción pero, quienes trabajamos en estas materias, sabemos que siguen siendo insuficientes y alejadas de los estándares idóneos para su prevención y sanción. No pocas veces vemos cómo se hace justicia ejemplar en jurisdicciones extranjeras con resultados muy disímiles a los que ocurren u ocurrirían en nuestro país.

La mayoría de las personas no logran identificar un “conflicto de interés” y cuando lo hacen, lo“resuelven” por sí mismas, ocultándolo o, bien, jurando o prometiendo que no interferirá en sus decisiones, como si una especie de “desdoblamiento” fuera posible. Aun si fuera cierto, ¿quién podría creerlo?

Las señales deben ser claras y transparentes o queda una permanente sensación de abuso y aprovechamiento, aun si no lo hay. La importancia de enfrentar el conflicto de interés dice relación con una mayor fiscalización “popular”, luego de los avances en materia de comunicaciones y tecnología que han hecho disponible la información, su registro y difusión para todo el mundo, incluso en segundos. Los ciudadanos esperan que las autoridades cumplan sus funciones de manera íntegra, justa e imparcial, preservando el interés general. Es decir, que los intereses privados no incidan, y ni siquiera “parezcan” incidir en sus decisiones. Por cierto, lo mismo se espera del sector privado.

Se criticó la demora de Carabineros y Fuerzas Armadas para restablecer el orden, constatando una suerte de desobediencia o falta de respeto civil. ¿No es -al menos- entendible esa sensación-reacción si se trata de instituciones envueltas en dos de los fraudes más grandes de nuestra historia? Y no solo eso, aunque aún no se ha alertado, es altamente probable que pronto enfrentemos un enorme dilema en materia de Justicia y que podría poner en riesgo los avances logrados por el sistema penal en los últimos años: ¿quién hará los peritajes y diligencias de investigación en los delitos que se atribuyen a -todas- las policías durante el estado de emergencia? ¿Cómo se garantizará imparcialidad, rigurosidad y objetividad en esas investigaciones, si se está cuestionando a los mismos organismos llamados a realizarlas? ¿Quién va a fiscalizar el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a víctimas, si algunas de esas funciones las cumplen quienes son cuestionados? Si no se obtienen las condenas judiciales esperadas, ¿cómo se enfrentará la inevitable sensación general de impunidad?

Es cierto que distintas materias requieren cambios estructurales para lograr mayor equidad, distribución de la riqueza y, en definitiva, igualdad, la que no pasa por un aspecto económico exclusivamente. Debemos ser conscientes en cuanto a que, ni aun accediendo a todos esos cambios, demandas y reformas, sin una mayor participación ciudadana y garantías serias de probidad y transparencia de todos los actores sociales, tarde o temprano serán inútiles. Se deben establecer y  fomentar mecanismos que eliminen la permanente sensación de que cada vez que se dicta una ley o se toma una decisión supuestamente en beneficio común, alguien o unos pocos “se llevan una pasada” por detrás. De lo contrario, el estallido social no tardará en resurgir y, seguramente, lo hará con más fuerza.

En realidad, en nuestro país no hay una “cultura anticorrupción”, no está en nuestro vocabulario cotidiano y muchas veces ignoramos sus alcances. Sin embargo, de algún modo sabemos o “sentimos” que existe detrás de cada situación abusiva. Imponer una serie de reglas sin explicar su alcance y generar la debida sensibilización es un proceso innocuo y suele producir resistencia, la que deriva en la búsqueda de formas de elusión o incumplimiento. La corrupción y cómo enfrentarla, debiera ser parte de nuestra formación desde lo más básico. ¿Por qué no enseñar ética e integridad desde los primeros años de vida e incorporar, en forma amplia y gradual, el estudio de este fenómeno a lo largo de todo el ciclo educacional? Es la única manera de generar un cambio cultural que sea efectivo y duradero, no meramente cosmético o temporal.

La lucha contra la corrupción en todas sus esferas y alcances (no solo limitada a atacar el soborno, con que se la identifica comúnmente) debiera ser un pilar fundamental de todo pacto social. Si se avecina un nuevo pacto para nuestro país, velar de manera efectiva por la erradicación de esta plaga y su flagelo, debe ser una cruzada transversal a todos los actores y sectores que lo suscriban, asumiendo un compromiso común, serio y a largo plazo. Solo así se iniciará correctamente el largo camino para recuperar las confianzas.

No podemos seguir esperando o ignorando. Llegó el momento de dar el gran salto: “Equidad, igualdad e integridad” debe ser nuestra consigna.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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