MERCADOS
Tras el oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones, pidiendo los datos de quienes hicieron retiro de sus fondos previsionales, el parlamentario DC aseguró que la información personal puede requerirse sólo si existe una normativa explícita o con autorización expresa del afectado.
El senador Francisco Huenchumilla (DC) salió al paso de la defensa esgrimida por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien justificó la información solicitada por su cartera sobre las personas que retiraron el 10 por ciento de sus ahorros previsionales, aclarando que fue con fines «estadísticos». Al respecto, el parlamentario respondió que la información estadística sería «anonimizada», y argumentó que la protección de datos personales tiene «rango constitucional».
«La explicación del ministro Briones no es para nada satisfactoria. Desde el punto de vista político, lo mínimo que podemos hacer es cuestionar el fin del requerimiento: si están pidiendo datos con fines estadísticos, como dicen, no existe necesidad de que estos datos se liguen a personas. Debe ser información anonimizada, además, por una cuestión legal», afirmó el parlamentario.
Huenchumilla explicó que el oficio del Ministerio de Hacienda solicita datos pormenorizados, incluyendo el RUT de los afiliados que hicieron el retiro y el detalle del monto específico que retiraron. «La pregunta que uno se hace es para qué», dijo el senador.
«Sería bueno que el ministro saliera a explicar nuevamente esta gestión, ahora, con un poco más de sinceridad», añadió el parlamentario falangista.
«Pues bien —agregó Huenchumilla— además hay que considerar que desde el punto de vista jurídico, la información personal de cada individuo es en Chile un derecho fundamental. Hace dos años fue modificado el Artículo 19 Nº4 de la Constitución, otorgó rango constitucional a la protección de datos personales». Por lo tanto, dijo el senador, «de lo anterior se desprende que el oficio del Ministerio de Hacienda es inconstitucional».
«Aún cuando señalen en el oficio, que los datos se manejarán con carácter de reservado. La Superintendencia de Pensiones debe abstenerse de entregar esta información, porque además estarían transgrediendo la ley 19.628 sobre protección de datos personales, y se exponen a una sanción de la Contraloría», enfatizó el también miembro de la comisión Ética y Transparencia del Senado.
Huenchumilla concluyó que lo que puede entregar la Superintendencia es «información estadística, anonimizada, que sea detallada y pormenorizada, pero sin RUT, nombres, o alguna otra variable que la asocie a personas específicas».
