Ante la protesta de la comunidad científica y la ausencia de consenso dentro del propio gobierno, el Ministro Longueira postergó su idea de traspasar Conicyt al Ministerio de Economía y se sumó a la convocatoria de una Comisión que estudiará la futura institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI).
Más allá del debate es claro que la institucionalidad chilena de CTI adolece de una clara fragmentación y una débil conducción. Ello menoscaba la capacidad de Chile de avanzar hacia un desarrollo cada vez más basado en el conocimiento y la innovación.
Para comenzar, es importante hacer un balance de la experiencia acumulada, especialmente en cuanto a los logros y problemas del Consejo de Innovación para la Competitividad. En este sentido, cabe reconocer que tuvo grandes aciertos: incentivar el dialogo entre actores muy diferentes entre sí; publicar un conjunto de estudios sobre la realidad nacional de la ciencia y la innovación; así como entregar a las autoridades insumos para la toma de decisiones. Pero lo más importante fue proponer el primer plan estratégico de innovación para la competitividad con una perspectiva de 12 años. Eso fue un importante avance que de ninguna manera puede ser abandonado.
Sin embargo, el diseño del Consejo adoleció de importantes defectos. En primer lugar, fue un error el conformar un “consejo asesor” que reunía todas las instancias y actores del sistema de innovación, manteniendo al mismo tiempo la tradicional segmentación entre Conicyt y Economía-Corfo. Esta idea resultó de un temor exagerado a la “captura” de estas instituciones por parte de los beneficiarios, cuando en realidad se trata de centros científicos de pequeña escala, investigadores individuales y pymes innovadoras. En cambio, los riesgos de captura sí son temas de alta relevancia para las agencias que regulan las grandes empresas de electricidad, telecomunicaciones y de servicios sanitarios.
En segundo lugar, la decisión de nombrarlo como un “Consejo de Innovación para la Competitividad” constituyó un error hasta ahora poco discutido. En efecto, la innovación no sólo es crucial para elevar la productividad, sino también para asegurar la sustentabilidad y la inclusión social. Es cierto que los fondos tecnológicos han financiado muchos programas y proyectos científico-tecnológicos en estas áreas, pero la definición antes citada abre espacio a un sesgo de políticas públicas que podrían discriminar contra la innovación para la sustentabilidad y el bienestar, como también contra las investigaciones sobre la realidad social y cultural de Chile, debido a que “no elevarían la competitividad”.
Estos errores de diseño institucional y la ausencia de un acuerdo parlamentario, hace necesario avanzar hacia una nueva institucionalidad. Empero, es necesario evitar cometer graves errores históricos. Para comenzar, no comparto la idea que Conicyt retorne a su condición de órgano asesor de la Presidencia o que se conforme un “Ministerio de Ciencias” porque ambas opciones cristalizarían la fragmentación del sistema de innovación, provocando un grave retroceso sobre lo ya avanzado.
Al mismo tiempo, tampoco comparto la idea de que el Ministerio de Economía coordine la institucionalidad de Ciencia, Tecnología e innovación. Básicamente por dos razones. Primero, porque el Ministerio de Economía tiene numerosas otras temáticas que son de alta relevancia para el país. En efecto, no hay que olvidar que entre sus funciones están la de ser la principal entidad pública encargada de la regulación y la fiscalización de servicios de utilidad pública, de la protección al consumidor, de la promoción de la competencia, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la promoción del turismo así como de nuevos sectores que se consideren prioritarios para el desarrollo nacional y regional. Cada una de estas áreas tiene una extraordinaria importancia para el país. Son millones de consumidores y medio millón de empresas.
Dejar que la ciencia, la tecnología y la innovación sean coordinadas por un Ministerio que realiza tantas actividades significa que su condición de prioridad estará sometida a las preferencias de los ministros y subsecretarios de turno. Esto conducirá a que nunca asuma la condición de política de Estado, convirtiéndose en un tema que tendrá sus altos y bajos de cuatro en cuatro años.
Y segundo, porque es obsoleto sustituir el viejo paradigma lineal de que es suficiente con invertir en ciencia porque así habrá innovación, por otro inverso -pero tan lineal como el anterior- que supone que basta con incentivar la innovación porque ello generará más ciencia. Ambos enfoques están errados y deben ser superados por una visión de sistema ciencia, tecnología e innovación que es la utilizada en todos los países desarrollados. Desde esta perspectiva, la investigación científica puede “empujar” la innovación, como ya ocurrió con el descubrimiento de la lixivación bacteriana del cobre que décadas después se tradujo en inversiones en Codelco y otras empresas. Al mismo tiempo, los esfuerzos de innovación tecnológica, ambiental y social pueden ejercer un efecto de “tiraje” sobre la investigación científica y tecnológica.
Por lo anterior, una política pública avanzada debe respetar que la investigación científica y la innovación tienen temporalidades diferentes y operan a través de mecanismos distintos. Sin embargo, al mismo tiempo debe incentivar todas las sinergias que pueden existir entre ambas esferas, explorando enfoques innovadores. Por ejemplo, muchos países emprenden esfuerzos de I+D de gran escala orientada por una misión científico y tecnológica como ocurre en el campo de la biotecnología. Esto ya se ha hecho en Chile, pero todavía en pequeña escala.
¿Qué institucionalidad sería la más adecuada? Debemos partir de la base que Chile debe superar la dispersión y fragmentación de su sistema de ciencia, tecnología e innovación. Al mismo tiempo debe crear una política de estado con capacidad de una planificación estratégica, en permanente consulta con la ciudadanía y los actores del sistema de innovación. Esta política debe dar gran importancia a los objetivos de aumento de la productividad, pero también debe considerar las dimensiones ambientales y sociales.
Un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podría ser el tipo de entidad que Chile necesita para esta fase de su desarrollo. Como órgano formulador de políticas, debe incorporar y mejorar la idea ya puesta en práctica de planes de 12 años, corregibles cada cuatro años. Como órgano coordinador, este Ministerio debe presidir un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de carácter decisorio integrado por instituciones ministeriales tales como Agricultura, Salud, Educación y otros. También debe contar con un Consejo Asesor de tipo consultivo, pero más representativo al actualmente existe, porque es preciso incorporar a otros actores de la sociedad civil.
Como órgano implementador, este nuevo Ministerio debería contar con al menos dos agencias. Una de ellas es Conicyt que ya se dedica a lo que sabe, vale decir la promoción de la investigación científica y tecnológica, estimulando la cooperación entre universidades y empresas. La otra debe ser Corfo -o en su defecto una agencia de igual flexibilidad institucional– que siga haciendo lo que ya hace, vale decir promover la innovación vía fondos y programas tecnológicos.
En los últimos veinte años, Conicyt y el Ministerio de Economía jugaron un rol catalizador de la política de ciencia, tecnología e innovación en Chile, logrando importantes avances. Pero se requiere dar un salto y por ello es tiempo que Chile deje atrás la fragmentación institucional y avance hacia la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta forma, que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía podrán desarrollar con mayor eficacia las labores que le son propias.
