El gobierno de Estados Unidos decidió plantar cara a las agencias de calificación por su papel en la debacle financiera de 2008. El Departamento de Justicia presentó una demanda civil por fraude contra Standard & Poor’s por las notas que la compañía neoyorquina otorgó a productos financieros de alto riesgo antes de la crisis.
Un enfrentamiento que podría inspirar a otros países que se sientan perjudicados por el papel de estas instituciones.
En países de América Latina no es raro escuchar quejas —ahora y en décadas pasadas— sobre las notas y advertencias que sus finanzas o sus instituciones bancarias han recibido de las calificadoras.
«Se requiere más»
La propia presidenta de Argentina, Cristina Fernández, celebró el anuncio del fiscal general de EE.UU., Eric Holder.
Holder dio a conocer este martes los detalles de la demanda, en la que se exige a S&P US$ 5.000 millones por «defraudar» a inversores con el fin de lucrarse, al presentar como objetivas unas calificaciones «deliberadamente hinchadas» de bonos hipotecarios conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateralizada).
«Buenas noticias, (es un) paso adelante, pero se requiere más», dijo al respecto Fernández.
«La inhabilitación para actuar como calificadoras debería ser la verdadera y más efectiva sanción. En cada ataque a la moneda de un país, se llevaron ganancias para pocos en perjuicio de ciudadanos de a pie», escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.
Acciones globales
Pero, ¿Y si Argentina y otros países quisieran seguir el mismo camino que EE.UU.? ¿Puede haber una batalla global contra estas agencias?
Según le explicó a BBC Mundo Jeffrey Manns, profesor de derecho de la Universidad George Washington, es posible que otros gobiernos soberanos e inversores extranjeros se inspiren en las alegaciones presentadas por el gobierno estadounidense e inicien acciones legales, aunque ve difícil estas prosperen si las compañías no admiten haber llevado a cabo malas prácticas.
Los analistas creen que probablemente, antes de que un tribunal federal le dé la razón al gobierno estadounidense —lo que otros países podrían ver como una oportunidad—, S&P aceptará llegar a un acuerdo pecuniario.
«Probablemente aceptarán pagar una multa, pero se negarán a admitir haber realizado malas prácticas para evitar demandas privadas. Y si no acepta haber realizado malas prácticas, será mucho más difícil para los inversores privados poder demandar», señala Manns.
En cualquier caso, Manns advierte de las consecuencias que tendría el hecho de que las agencias tuvieran que hacer frente a compensaciones millonarias.
«Por un lado, cobrarían mucho más por sus servicios porque tendrían que incorporar a sus precios la posibilidad de ser demandadas. Además, serían mucho más conservadoras en sus calificaciones (…) lo que haría que para las compañías que son calificadas fuera mucho más caro obtener financiación en los mercados».
Acción sin precedentes
Esta acción legal, iniciada frente a un tribunal federal de Los Ángeles y a la que se unieron las autoridades de una decena de estados, es la primera del gobierno de EE.UU. contra una agencia de calificación de riesgo. Los analistas consideran que tanto S&P como Moody’s y Fitch (todavía no se han presentado acciones contra estas dos últimas) tuvieron un papel central en el estallido de la crisis hace cinco años.
«Les ha llevado tanto tiempo presentar la demanda porque el gobierno federal estaba ocupado tratando de resolver la crisis financiera. En un principio, las autoridades no querían hacer nada que pudiera agravar la situación», dijo Manns.
«Aunque para los ciudadanos podía resultar frustrante ver que los responsables de Wall Street no asumían ninguna responsabilidad, eso formaba parte de una estrategia», señaló el experto.
Según Manns, «la premisa era que hasta que la economía no se estabilizara, a los reguladores no les interesaba iniciar acciones legales».
«Ahora estamos en el siguiente estadio. Tras los pactos alcanzados con los grandes bancos —por los que estos acordaron pagar sumas millonarias— llegó el turno de las agencias calificadoras».
«Acusaciones falsas»
En un comunicado, S&P consideró que la demanda presentada en su contra «no tiene fundamento» y aseguró que se defenderá «vigorosamente» en los tribunales.
«Las acusaciones de que mantuvimos deliberadamente las calificaciones altas cuando sabíamos que debían ser más bajas son simplemente falsas», indicó la agencia.
El martes las acciones de McGraw-Hill, propietaria de S&P, sufrieron una caída superior al 10 %, ante el temor de los inversores de que la agencia se vea finalmente obligada a pagar una multa millonaria.
Informaciones publicadas por medios estadounidenses señalan que la Casa Blanca y S&P llevaban meses negociando el pago de una multa. Al parecer, la Casa Blanca quería que la agencia compensara a los inversores con US$ 1.000 millones y reconociera haber llevado a cabo malas prácticas.
S&P, por su parte, se habría negado a este último punto y habría aceptado abonar tan sólo US$ 100 millones. La falta de acuerdo propició la ruptura de las negociaciones y la presentación de la demanda por parte de las autoridades federales.
Para Jeffrey Manns, uno de los problemas de que S&P admita haber tenido una conducta inadecuada es que con ello «abriría una Caja de Pandora de demandas por parte de inversores privados» lo que allanaría el camino a una serie de litigios que podrían ser «ruinosos».
«Con esta demanda, el gobierno federal quiere llevar a las agencias calificadoras no solo ante los tribunales, sino también frente a opinión pública. Para las agencia calificadoras su reputación es su negocio y que les saquen en público los trapos sucios es dañino», asegura Manns.
