La Contraloría General de la República ordenó este viernes la realización de un sumario tendiente a determinar las responsabilidades administrativas por las irregularidades que rodearon la contratación, por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), de una empresa de asesorías comunicacionales por un monto de 36 millones de pesos.
Se trata de la firma Inversiones y Asesorías San Ignacio Ltda., cuyos servicios, indicó el ente fiscalizador en un informe conocido durante la presente jornada, fueron requeridos por la modalidad de trato directo, en circunstancias que debió llevarse a cabo bajo la modalidad de una licitación pública.
También indica que los servicios prestados debieron destinarse al logro de fines institucionales, lo que no habría ocurrido, ya que el objetivo de la consultoría habría sido la protección comunicacional personal tanto del cuestionado director del SII, Julio Pereira, como del subdirector Jurídico de la entidad, Mario Vila.
“Cabe concluir que el SII no se ajustó al ordenamiento jurídico vigente al contratar a la empresa ‘Inversiones y Asesorías San Ignacio Ltda.’, mediante el excepcional mecanismo del trato directo, pues no se cumplieron las condiciones que para ese efecto prevé la legislación que regula la materia”, señala el ente fiscalizador.
Y determina que “el Servicio de Impuestos Internos deberá arbitrar las medidas tendientes a que en lo sucesivo, sus contrataciones de bienes y servicios, así como el sistema de capacitación y las actividades y prerrogativas del personal a honorarios de su dependencia, se ajusten cabalmente a la normativa que los rige, sin perjuicio de lo cual esta Contraloría General instruirá un sumario a efectos de determinar las responsabilidades administrativas que se deriven de los hechos ya señalados”.
Junto a este informe, la Contraloría emitió este viernes 1 de marzo otros dos dictámenes relativos al SII. Ambos fueron favorables para Pereira, ya que se determinó que «no se advierte irregularidad en la designación a contrata de don Felipe Wiegand Restrepo», que era cuestionada por ser el cuñado de Pereira y el otro apunta a la petición de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados para conocer si correspondía el trámite de toma de razón para que se llevara a cabo la condonación a Johnson’s. Al respecto, y apelando a la jurisprudencia, la Contraloría determinó que efectivamente dicha operación no requería de ese trámite.
Esto, a pocas horas que el contralor Ramiro Mendoza anunciara su publicación y adelantara que el esperado sumario que espera el gobierno para resolver el futuro del director de la entidad se conocería dentro de las próximas dos semanas. Lo anterior, porque éste determinaría si efectivamente el funcionario presentaba conflictos de interés a la hora de resolver la millonaria condonación tributaria a a la empresa de retail Johnson’s, que permitió que fuera adquirida por el holding Cencosud, mismo al cual el propio Pereira le arrienda -por 22 millones de pesos mensuales- un terreno en Las Condes para el funcionamiento de un centro comercial.
