Al estilo de las empresas que hacen públicas operaciones que pueden tener impacto en bolsa al cierre del mercado, el Banco Central publicó el viernes, al final de la tarde, la nueva regulación que cambia las reglas del juego a las empresas que emiten tarjetas de crédito no bancarias, las que en su mayoría son retailers.
La nueva regulación le pide más capital y fortalece los requisitos de liquidez. También amplió el grupo de empresas que serán sujeto de la regulación actual.
Pero nada de eso fue lo que más preocupó al retail. De hecho, el anuncio del BC incluyó una de las noticias que más esperaba el sector: tener acceso abierto para operar tarjetas de crédito y débito, como lo hacen los bancos.
Lo que sí cambió completamente las reglas del juego para la industria fue el anuncio del Central de terminar con la diferenciación en la forma de fiscalizar al retail en función de si pagaban al comercio asociado en menos o más de tres días.
Hasta ahora el retail había esquivado la fiscalización in situ que la SBIF hace a la banca, pagando antes de tres días al comercio donde los clientes de las multitiendas compran con la tarjeta de estos emisores.
Así, las empresas sólo eran supervisadas a través de informes de auditoras externas, lo que impidió a la SBIF adentrarse en La Polar para conocer sus políticas de crédito y la forma en que provisionaba los créditos morosos de sus clientes.
El BC terminó con esa alternativa y todos cayeron bajo el paraguas de la entidad que dirige Raphael Bergoeing.
Detrás de eso vino una normativa que pasó solapada ese viernes: la modificación propuesta por la SBIF a la Circular 17 que determina la fiscalización de los actores del sistema.
En su página 19, la superintendencia incluyó un párrafo letal para los afanes independentistas del retail, que pretende no ser fiscalizado ni regulado como la banca, alegando que, a diferencia de sus grandes enemigos, no capta recursos del mercado (depósitos a plazo) para prestar dinero.
“En el curso del año 2013 se solicitará a los Emisores actualmente inscritos en el Registro, el envío de información histórica detallada del comportamiento de pagos y renegociaciones de sus deudores, con el objeto de realizar el estudio previo necesario para impartir instrucciones de aplicación general y uniforme para emisores no bancarios, sobre provisiones por riesgo de crédito y tratamiento contable de créditos en incumplimiento”, señala la propuesta de la superintendencia.
Traducido al castellano, señala al mercado, que la entidad que dirige Raphael Bergoeing se autoadjudica varias atribuciones que ponen los pelos de punta en las multitiendas y las ponen desnudas frente al regulador.
Por un lado, si la propuesta se hace realidad, la SBIF entraría a recolectar información desagregada del comportamiento de pago de los clientes del retail que están al día. La iniciativa permitiría (adelantarse) pasar por alto el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que pretende unificar las bases de datos de la banca y el retail. La segunda consecuencia de este párrafo es que dará pie a un estudio que permitirá “impartir instrucciones” sobre los sistema de provisiones que cada compañía aplica a los créditos riesgosos (morosos) y no ‘recomendar’, lo que en la práctica implicaría equiparar la regulación con la banca.
Lo más preocupante para el retail es que la entidad fiscalizadora pasa, de esta forma, a regular al sector sin que haya cambios legislativos de por medio y se hace por vía de circulares. Y quizás más molesto para la industria es que se entrometa en un hecho hasta ahora vedado: invadir las políticas de crédito al normar sus provisiones y el tratamiento contable de los préstamos en el sector.
Por ello el Comité Retail Financiero —que reúne a los principales actores— emitió un comunicado anunciando que se reunirá el comité legal del gremio para analizar las nuevas normativas, acotando la discusión a cuatro puntos, los tres ya mencionados y un cuarto concentrado en los costos que todo esto tendrá para el sector.
Lo cierto es que en estos días ya se inició el análisis en la industria, recogiendo las opiniones de cada compañía. El mundo del retail es diverso: hay tres grandes operadores (Cencosud, Falabella y Ripley) y los chicos (Hites, La Polar, ABC-Din, Tricot, Corona).
En el primer grupo se podría generar más resistencia dado que por su tamaño pasaron con mejor evaluación la revisión in terreno hecha por la Sbif cuando ocurrió el caso La Polar. Demostraron que estaban bien gestionadas y ahora se sienten innecesariamente acosadas por la autoridad. Son además, los que mejor compiten cara a cara con los bancos, pero sin captar dineros de público, por lo que sienten que no pueden ser fiscalizados de la misma forma.
Los bancos tienen la fiscalización in situ —invasiva para algunos— que hace la SBIF (desde el punto de vista de su solidez financiera) y su realidad parece distinta pues el nivel de fiscalización se debe a lo ocurrido en la crisis bancaria de 1982-1983, por responsabilidad de las propias instituciones privadas. Pero los retailers grandes sienten que no es justo que los traten igual.
Los chicos, no obstante, tiene menos margen. El caso de la multitienda que dirigía Pablo Alcalde hizo evidente que la regulación y fiscalización era insuficiente y vulnerable. “El sistema de fiscalización que había hasta el caso La Polar fracasó, ellos sabían que vendrían cambios”, dice una fuente cercana a la autoridad económica.
La misma fuente niega que se les esté haciendo cambios dramáticos en su fiscalización al retail. Advierten que en el pasado se han fiscalizado temas de provisiones de empresas como Presto (la tarjeta de DyS) y Consorcio, y que lo que se hace ahora es formalizar esta labor de la Sbif respaldados por la normativa emitida por el BC que los incluye a todos en el mismo perímetro regulador.
En los próximos días la industria definirá su posición, si es que logran consensuar visiones. Lo claro es que más de alguno debe sentir que Alcalde y compañía les están haciendo pagar un costo muy caro.
Según una fuente cercana al gobierno, Falabella, la compañía de los Solari, Juan Cúneo y la familia Del Río, es la principal opositora a las medidas anunciadas. Aseguran que Cencosud y Ripley acatarán las instrucciones, pues entienden que el paso futuro es que los negocios financieros de retail avancen a constituirse en bancos.
De hecho, existe Banco Falabella, Ripley y Paris (Cencosud). Por ahora, sólo la empresa de Horst Paulmann está avanzando decididamente a traspasar su negocio de la tarjeta al banco, señalan las mismas fuentes. Ripley debiera tomar un camino similar en el futuro. Pero Falabella, dicen, se niega permanentemente a hacerlo.
Pero los retailers no son los únicos tocados por las nuevas medidas.
Transbank, la operadora de tarjetas controlada por los principales bancos de la plaza ha estado en la mira por ser monopolio en su rubro y la autoridad esta vez le echó mano.
Fuentes del sector bien informadas explican que, en términos de su supervisión, las nuevas normas definen a la compañía que hasta 2013 presidió Hernán Somerville como operadora de tarjetas y ya no sólo como sociedad de apoyo al giro de un banco, lo que implica mayor control y supervisión de la SBIF.
Además, se abrió la puerta al ingreso de nuevos actores al permitir que quienes operen una tarjeta de crédito también puedan hacerlo con las de débito, lo que sería un impulso, por ejemplo, a Multicaja, la empresa del ex presidente de Banco Estado y ex ministro de la Concertación, Javier Etcheberry, para que pueda disputarle el mercado a la filial de la banca.
