Un duro requerimiento contra el holding de retail SMU, controlado por Álvaro Saieh, presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La entidad que dirige Felipe Irarrázabal acudió al TDLC pidiendo una multa de US$ 3,7 millones contra SMU, por no cumplir la resolución del tribunal de vender activos e igualar precios antes del 8 de junio pasado, condiciones exigidas tras la aprobación de la fusión de SMU con Supermercados del Sur en 2012.
La presentación de la FNE develó severos incumplimientos del holding de Saieh y calificó como “desafiante” la actitud de la empresa al no cumplir lo exigido, lo que se suma a su comportamiento “contumaz” de haber consultado al TDLC luego de haber concretado la fusión en septiembre de 2011.
La Fiscalía además criticó el actuar “estratégico y oportunista” de SMU, en el sentido de pretender dar por cumplidas las exigencias del TDLC y pedir que se levante o al menos postergue la venta del 40% de Montserrat.
Frente al requerimiento, SMU dijo que es falso que hayan pretendido pasar por encima de la normativa, advirtió que siempre han colaborado con las autoridades y se quejó de no haber sido notificados del requerimiento.
“Rechazamos categóricamente el actuar de la FNE publicando en su página web un requerimiento del cual aún no hemos sido notificados. Las dificultades en la implementación de las medidas y sus posibles soluciones fueron planteadas oportunamente por SMU al TDLC y existe un proceso de consulta pendiente por dicho tema”.
Letra chica
La FNE cuestionó la letra chica del cumplimiento dado a conocer por SMU el 3 de junio pasado, donde anunció la venta de locales (que reunió en la sociedad Bigger Spa) a una sociedad ligada a Guillermo Villablanca, denominada Network Spa. En particular, porque el contrato de esa venta incluye la posibilidad de que SMU, a través de Rendic, siga al menos hasta el 31 de julio operando dichos locales y percibiendo los ingresos que generen.
Según el contrato, agregó la FNE, Rendic (SMU) podrá recibir hasta $ 10.000 millones en ingresos y, después de alcanzada esa cifra, la sociedad Bigger podrá percibir un 3% del exceso.
En cuanto a la obligación de que, mientras no se transfirieran esos locales, SMU debía equiparar los precios de sus productos con los locales cercanos en zonas donde se presentaran condiciones de competencia, la FNE detectó –pese a dicha obligación– diferencias de hasta 47% en algunos precios. “SMU interpretó y ejecutó la medida de mitigación transitoria (…) de manera tal que no equiparó los precios cobrados en los locales a desinvertir con los cobrados en una localidad que enfrenta competencia”, dijo la FNE ante el TDLC.
Finalmente, la FNE atacó la intención de SMU de que el TDLC levante la exigencia de vender el 40% de Montserrat o al menos postergue la fecha para cumplir la orden.
El tercer incumplimiento tiene que ver con la venta del 40% que posee SMU en la cadena de supermercados Montserrat y en dos de sus sociedades relacionadas. Estas acciones debían pasar a manos de un tercero a más tardar el 8 de junio, pero ello no ha ocurrido y, a cambio, la cadena inició cuatro días antes de esa fecha una consulta ante el Tribunal solicitando que se ampliara el plazo para concretar la venta.
La Fiscalía consideró particularmente grave este incumplimiento, pues se trata de una medida determinante para que el Tribunal y la Corte Suprema aprobaran la operación, sobre todo porque SMU consultó al TDLC sobre la fusión con Supermercados del Sur cuando ya se había concretado la operación.
A juicio de la FNE, los riesgos a la libre competencia derivados de la fusión siguen presentes, máxime cuando ya han pasado casi tres años desde la operación, por lo que pidió al tribunal que la consulta de SMU se transforme en un caso contencioso.
