No sólo Fit Research concentró la atención en la reunión celebrada ayer por el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) –instancia que igualmente ayer le quitó la calidad de corredora a dicha firma–, también los coletazos del Caso Penta y los efectos que éste pudiera tener en operaciones bursátiles que, presuntamente, tenían como propósito reducir la carga tributaria de clientes de las corredoras.
El Mostrador Mercados publicó nuevos antecedentes relativos a este tipo de operaciones. A principios de octubre, se dijo que Penta operó cerca de US$1.000 millones entre 2009 y 2013, y ayer reportó más transacciones, esta vez ejecutadas por Celfin Capital (ahora BTG Pactual), Banchile, Bice y LarrainVial, firmas representativas de más del 40% del mercado local.
El tema fue tratado en la sesión de ayer del directorio de la plaza capitalina, asunto que despierta una creciente preocupación. La entidad ya inició una investigación recabando antecedentes de operaciones ejecutadas por las intermediarias desde 2009 a 2014, entre los días 27 de diciembre y 5 de enero de cada año. Sin embargo, según afirman cercanos a la BCS, la información que se pesquise no sería objeto de un pronunciamiento por parte de la Bolsa, sino que remitida organismos como el Comité de Buenas Prácticas y otros que eventualmente requieran información, como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) o el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De esta manera, la entidad busca ser un facilitador de antecedentes, pero no resolver si acaso las transacciones merecen sanción. Si bien esta coyuntura plantea varias diferencias respecto del Caso Cascada, en la mesa del parqué bursátil existiría consenso respecto a que las operaciones en cuestión no infringen la Ley del Mercado de Valores, pese a que hoy haya cuestionamientos sobre las mismas, lo cual podría motivar un cambio de criterio de organismos fiscalizadores, según explican cercanos.
Lo anterior, a propósito del antecedente de LarrainVial, corredora multada con US$8 millones en el marco del Caso Cascada, pese a no infringir las normativas del mercado de valores. Pues –según la SVS– la intermediaria le dio un uso “engañoso” e “indebido” a los mecanismos bursátiles.
Quienes conocieron las materias tratadas por la mesa presidida por Juan Andrés Camus, afirmaron que el nombre de Juan Hurtado Vicuña, controlador de Consorcio, Entel y la Universidad Santo Tomás, saltó a la palestra.
Lo anterior, porque –de acuerdo a la publicación de este lunes– el ejecutivo habría sido uno de los principales favorecidos de este tipo de operaciones. Sin embargo, también salieron a flote otros temas relacionados.
Uno de estos fue el dictamen de la Contraloría General de la República, la cual el 1 de febrero de 2012 resolvió –tras dos años de disputa– que las sociedades de inversión pasivas, cuyo patrimonio esté invertido en acciones, no deben pagar patentes municipales (gravamen varía entre el 0,25% a 0,5% del capital patrimonial, en función de la tasa que cobre la municipalidad). Esto, considerando que la sociedad emisora de los títulos ya paga este tributo.
Así, y a pesar de que el dictamen de la Contraloría fue revertido posteriormente por la Corte Suprema, dicho antecedente serviría como respaldo de la ambigüedad jurídica que pesa sobre estas transacciones financieras.
Pero ese es exactamente el punto que marcan los que critican las operaciones: las corredoras las hacían precisamente para aprovecharse de esa normativa y, de esa forma, reducir la carga tributaria de la sociedad.
Al mismo tiempo, el ánimo de la mesa apuntaría a entregar antecedentes con tal de que sean las contrapartes los sujetos de posibles investigaciones, eximiendo a las corredoras de la intencionalidad que pudieron haber perseguido sus clientes.
Corredoras ya venían tomando medidas
Más allá de que estas transacciones motiven transacciones, y de las visiones que se plantearon en el organismo bursátil, varias corredoras ya venían adoptando sus propias medidas respecto del asunto, cortando este tipo de operaciones.
Una de ellas fue justamente BTG Pactual –entonces Celfin–, firma ligada a Camus, que se resolvió en diciembre de 2010. Para este año y el próximo, en el mercado ya anticipan que difícilmente habrá saltos en el volumen de transacciones para el cambio de calendario.
