El Caso Cascada vio ayer un importante cambio de piezas. Julio Ponce, controlador de las matrices de SQM, terminó su relación con Raimundo Labarca, abogado que lo representó ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y cuyo estilo confrontacional logró incomodar al regulador.
El abogado, socio de Vergara, Labarca & Cía., será sucedido por Pedro Hernán Águila, quien este año armó su propio bufete. Labarca le hizo entrega de los antecedentes necesarios para seguir el curso de la reclamación que ya presentó ante la Corte de Apelaciones, con tal de revertir la multa de US$70 millones que le aplicó la SVS a Ponce, en el marco de dicho caso.
Las razones de la salida de Labarca son todavía inciertas. Si bien algunos conocedores señalan que hubo problemas por acuerdos económicos, otros afirman que con la sanción del regulador de Valores comienza una etapa distinta, que durará años y para la cual se requería un jurista con un perfil distinto.
Águila se define como un abogado con más de 30 años de trayectoria, “dedicado a la asesoría, representación y defensa de complejos casos jurídicos en materias civiles, comerciales, económicas y de mercados regulados, como electricidad, gas y telefonía. Tiene un reconocido prestigio por los logros obtenidos en litigios y recursos en tribunales arbitrales, justicia ordinaria y Cortes de Apelaciones y Suprema”, según se afirma en la página web de su estudio.
Labarca dejó varias huellas en este caso. En la etapa probatoria de las formulaciones que le imputó la SVS a su cliente, reclamó que el regulador ya tenía el caso “cocinado”, y en los descargos de Ponce criticó la supuesta parcialidad de la entidad fiscalizadora, asunto sobre el cual insistió hasta el final.
Las anteriores, todas tesis que, si bien no las ratificó la Justicia, incomodaron al regulador, que tuvo que destinar recursos para defenderse de las distintas presentaciones que se hicieron ante instancias como la Corte de Apelaciones o el Consejo de Transparencia.
Pese a que en los últimos años se le vio muy dedicado a este asunto, su estudio ya no tendrá ningún vínculo con Ponce, pues Sebastián Oddó dejó de ser socio de Vergara, Labarca y Cía., para armar su propio bufete, llevándose consigo la representación de Patricio Contesse Fica (hijo del gerente general de SQM) –también sancionado por la SVS–, además de la asesoría legal de la cascada sobre SQM, grupo empresarial en que ha oficiado de secretario en varias juntas de accionistas.
Adiós a Simplicity
Otro cambio reciente en el entorno de Ponce es el término de los servicios de la empresa de comunicación estratégica Simplicity, cuyo presidente ejecutivo y fundador es el periodista Matías Cartajena.
Ponce contrató a la compañía en medio de las acusaciones que AFP y Moneda lanzaban en contra de la administración de la cascada. Uno de los eventos mediáticos más recordados gestionados por esta agencia tuvo lugar cuando Ponce sostuvo que “si su excelencia el Presidente de la República no hubiese participado en las cascadas, no habría caso cascadas”, dichos que ocurrieron cuando fue a declarar a la Fiscalía Centro Norte en el marco de la querella que interpuso contra Fernando Coloma, ex titular de la SVS, por prevaricación.
La salida de Simplicity se debe a que el contrato llegó a su fin y las metas acordadas se cumplieron.
Uno que se mantiene inamovible es Jorge Bofill, penalista que lo sigue representando ante el Ministerio Público.
