El Consejo de Defensa del Estado (CDE) entró al Caso Cascada a mediados de año. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) todavía no había sancionado con US$164 millones a quienes participaron del “esquema estructurado”, pero sí había formulado cargos contra los 15 involucrados; asimismo, en aquel entonces, enfrentaba una serie de recursos en la Corte de Apelaciones y en el Tribunal Constitucional, donde se le reprochaba su proceso administrativo.
La entidad dirigida por Carlos Pavez lo pasó mal. Una exitosa orden de no innovar interpuesta en junio por Roberto Guzmán –luego multado con US$22,5 millones– obligó a la SVS paralizar su trabajo con la amenaza de que una serie de operaciones bursátiles –consideradas en el “esquema”– caducaran sin poder ser sancionadas, pues podían superar los cuatro años desde la ocurrencia de los hechos. Pero la irrupción del CDE puso las cosas en orden y, de ahí en adelante, el regulador salió airoso de la veintena de presentaciones que siguieron tramitando Guzmán, Ponce y el resto de los formulados en el caso.
Hoy, sin embargo, el escenario es distinto. Si hace unas semanas el CDE y la SVS estaban alineados en su cruzada legal, por estos días al Consejo le inquieta lo que pasa respecto de esta arista dentro del regulador del mercado, el cual recientemente instruyó un sumario interno para determinar responsabilidades administrativas en la pérdida de actas de directorio de Oro Blanco, sociedad que junto a Pampa Calichera son parte de la investigación del Ministerio Público sobre la falsificación de estos instrumentos privados.
Esta investigación preocupa al CDE. Una eventual responsabilidad de funcionarios de la SVS en esta arista ha hecho que el Consejo venga sosteniendo, desde hace un par de semanas, reuniones de coordinación con la Fiscalía Centro Norte. Y hoy el CDE ya cuenta con los antecedentes del caso, analizándolos con el objeto de dilucidar si acá hubo delito funcionario, lo que podría motivar futuras acciones legales.
Fuentes informadas de este asunto explican que el CDE tomó cartas motu proprio. La ley le da competencia al Consejo para intervenir en este caso, pues el artículo 3 de su Ley Orgánica establece que entre sus funciones se cuentan ejercer acciones penales en casos de “delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado”. La misma ley, en su artículo 41, instruye que “el Ministerio Público informará al Consejo de Defensa del Estado, a la brevedad posible, los antecedentes relacionados con delitos que pudieren dar lugar a su intervención”.
Los delitos funcionarios pueden ser varios y los de mayor connotación tienen que ver con casos de corrupción, donde hay malversación de caudales públicos, cohecho o soborno –como ocurrió en el Caso Inverlink–; pero también dicen relación con la “infidelidad en la custodia de documentos”, según lo establece el Código Penal.
Este medio, durante la semana pasada, le consultó insistentemente al CDE por estos hechos, sin embargo, no quisieron pronunciarse al respecto. Por ahora, el Consejo no tendría designado un abogado para investigar las responsabilidades de funcionarios de la SVS en la falsificación de actas, pero no se descarta, a la luz del análisis que hagan sus consejeros.
Extravío y eventual falsificación
El sumario interno que lleva adelante el regulador es por el extravío de documentos de Oro Blanco, de los cuales existen copias. Según consignó el diario La Tercera la semana pasada, la Superintendencia de Valores y Seguros dio cuenta de la pérdida tras un requerimiento del Ministerio Público. La SVS debía precisar si cuatro actas de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera de 2011, que les entregó la Fiscalía, eran las mismas que la cascada le aportó en el marco de la investigación, con el fin de verificar si existían antecedentes falsos en ellas.
Los descargos de Julio Ponce ante la SVS se basaron en parte en estos documentos, con el objeto de exculpar de responsabilidades al controlador de la cascada en relación a decisiones financieras que tomó el directorio, por ejemplo, en la operación que involucró a CHL (ex fondo Linzor) en marzo de 2011 y que tuvo como contrapartes a Inversiones Global Mining –filial de Pampa Calichera– y Oro Blanco.
Básicamente, la eventual falsificación se habría dado por la inclusión de un párrafo donde se decía que dicha operación había sido aprobada, telefónicamente, por tres directores, entre los cuales estaba Pablo Guerrero, quien desmiente estos hechos.
Sin embargo, una de las grandes dudas al respecto es cómo se produjo esa supuesta falsificación. Por ahora, no es claro si dicho extravío guarda relación con esto, pero sí genera preocupación por la vulnerabilidad institucional a la que pueda estar expuesta la SVS. Esto, porque –según dicen fuentes bien informadas de este asunto– el CDE se metió en una investigación donde el Ministerio Público podría llegar a la convicción de que la falsificación pudo haber ocurrido al interior de la SVS.
Detrás de esta interrogante estaría Morales –y ahora el CDE–, pero para ello una de las diligencias obligatorias que debería llevar adelante la Fiscalía Centro Norte es investigar a Pedro Mattar y su estudio jurídico.
El papel del ex fiscal de la SVS
En los antecedentes que maneja el Ministerio Público figura el nombre del reconocido abogado Pedro Mattar, quien en 2001 dejó la fiscalía de la SVS para asumir la titularidad de la Fiscalía Nacional Económica.
Mattar es todavía recordado en la SVS, no sólo por su trayectoria sino por la amistad que tenía con Roberto Guzmán. De hecho, cuando se conoció la formulación contra este último, funcionarios del organismo regulador se vieron algo sorprendidos, considerando que a Guzmán lo conocían justamente por su relación con el entonces fiscal de la Superintendencia.
Francisco Gutiérrez Philippi –hermano de Pedro Pablo, abogado de Moneda– fue director independiente de Oro Blanco en julio de 2012 y renovó su cargo en abril de 2013. Renunció en marzo de este año con una serie de críticas contra el manejo de sus sociedades. Éste declaró a la Fiscalía Centro Norte hace sólo unas semanas, a mediados de noviembre, y sus palabras serían claves para investigar el papel de Mattar en el asunto.
El ex director planteó que, para pedir los números individuales de las compañías, debía pedir el libro diario y el libro mayor de Pampa Calichera y de Oro Blanco. “Esta era la forma que tenía de ver en qué se gastaba el dinero de las compañías. En un par de oportunidades di cuenta que había revisado la información y que había gastos legales excesivos. Esto último, me refiero a gastos del 2012 y 2013. No había detalles de la labor de estos asesores. Había una empresa de abogados que es de propiedad del señor Pedro Mattar. Yo representé que sólo se señalaba como servicios prestados ‘REVISIÓN DE ACTAS’. Incluso tuve que insistir con el gerente general para que me dijera de quién era esta empresa. También había pagos a otras empresas”. Los gastos por dicha revisión habrían alcanzado cerca de $170 millones.
Según consignó revista Qué Pasa, la supuesta alteración de documentos se habría dado entre mayo y agosto de 2012, después de que la SVS ordenara reversar las utilidades contables que generó la operación con Lizor, año que –según las declaraciones de Gutiérrez– el estudio de Mattar prestó servicios.
Este medio contactó al abogado, quien escuetamente rechazó estar involucrado en el Caso Cascada, sin emitir más comentarios.
