Pocas victorias conocen los minoritarios en la cascada. Más allá de la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el Caso Cascada, proceso cuyo origen pasó por las denuncias que hicieron los accionistas no controladores, desde 2012 que vienen rechazando balances, memorias, políticas de remuneraciones y, prácticamente, cualquier acuerdo adoptado por la administración de las matrices de SQM. Sin embargo, ayer sus votos sí tuvieron el efecto deseado.
Esto, porque ganaron un sillón más en el directorio de Norte Grande, la matriz de la cascada que está abierta en bolsa (Norte Grande es filial de otra cascada compuesta por sociedades cerradas, algunas de las cuales están domiciliadas en paraísos fiscales). Rodrigo Zegers y Radoslav Depolo quedaron como directores de la sociedad, gracias a los votos de accionistas como las AFP y Moneda Asset.
Ambos con las máximas mayorías al superar el 13% de los votos, mientras que el controlador, Julio Ponce, distribuyó sus votos para sí mismo, así como para su hermano, Luis Eugenio Ponce; Patricio Contesse Fica, hijo del gerente general de SQM y sancionado con US$2,4 millones; Sergio Montes y Hernán Contreras, abogado, este último, con estrechas relaciones con la Nueva Mayoría. Según se publicó en este medio, Contreras es cercano a Camilo Escalona, Raúl Díaz y Osvaldo Andrade. Él fue ratificado como director, pero cuando ingresó a la mesa, en noviembre de 2013, su nombre habría sido sugerido a Ponce por Darío Calderón, abogado con amplias redes en la otrora Concertación.
El gran perjudicado fue Patricio Phillips, ejecutivo de estrecha relación con Julio Ponce. Phillips, quien ha sido director en estas sociedades y a principios de la década pasada llegó a presidir Calichera, fue el candidato con menor votación y perdió su condición de director en la sociedad.
Moneda pide cabezas
Como ha sido la tónica de las últimas juntas de accionistas, Vicente Bertrand, ejecutivo de Moneda, leyó una carta criticando el manejo de las sociedades. Esta vez, eso sí, apuntó al hecho de que personas que han sido sancionadas por la SVS se mantengan en sus cargos.
“Es inaceptable que quienes expresa o tácitamente han apoyado o validado lo actuado por el controlador y sus asesores pretendan seguir ocupando cargos en la administración de la Compañía”, partió diciendo Bertrand.
“El mínimo pudor y decencia obligan a que quienes han sido objeto de cargos por parte de la SVS, o son imputados en una investigación criminal o han generado o validado actuaciones o interpretaciones que nuestros tribunales han declarado contrarias a la ley, cesen en sus cargos en la administración o asesorando a esta compañía y sus filiales y, por cierto, recibiendo remuneraciones de esta”, agregó.
“Solicitamos, por consiguiente, y apelando al más básico sentido común, que quienes han sido objeto de cargos por la SVS o que han participado en el acto ilegal que ha obligado a la celebración de esta junta, renuncien, de una vez por todas, a ejercer cargos de director o gerente de esta compañía y de sus filiales y que en su lugar se proponga y designe para desempeñar tales funciones a personas cuya idoneidad no esté siendo fundadamente cuestionada, esto incluye al señor Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp y Sebastian Oddó”, ahondó Bertrand.
El asesor jurídico de la cascada de Ponce también salió al ruedo. Oddó no ha sido sancionado por la SVS y tampoco ha sido objeto de investigaciones; sin embargo, en la carta leída por Bertrand se le imputa que fue él quien ideó y realizó la interpretación de la ley de sociedades anónimas que motivó la polémica de la última elección de directorio en abril pasado y que produjo ayer su repetición, esto luego de la intervención del regulador de Valores e, incluso, la Corte de Apelaciones. Un antecedente que no bastó para que el regulador de Valores enviara a un veedor para monitorear el correcto cumplimiento de la junta, pues ya había instruido a la sociedad sobre cómo debía proceder, explicó.
“Lamentamos esta situación pero no nos sorprende. Se trata de un capítulo más de la inaceptable e impresentable campaña de violación de los derechos de los accionistas minoritarios y que ha motivado una histórica formulación de cargos por parte de la SVS y el inicio de investigaciones criminales que según se ha informado llevarían a que prontamente el gerente Sr. Motta aquí presente sea formalizado”, se siguió leyendo en la misiva.
Cansados de la prensa
Se especuló que probablemente la inminente formalización contra Aldo Motta y Claudia Morales, fiscal en las distintas sociedades que compone la cascada, motivó la decisión de la compañía de impedir el acceso a la prensa en la junta realizada ayer. Más de una decena de periodistas no pudieron acceder, cosa que sí había sido posible en ocasiones anteriores.
Pese a que no hubo una razón formal de la compañía, fuentes cercanas al grupo de las sociedades de Ponce explicaron que, sin conocer la razón del directorio, probablemente éste estaba “cansado” de la prensa, considerando la cobertura que han tenido estas sociedades desde que la SVS inició la investigación del Caso Cascada.
Una cobertura que, en todo caso, la potenciaron ejecutivos de este mismo grupo empresarial mediante asesores comunicacionales.
Cabe recordar el impacto que tuvo la frase de Ponce después de haber declarado en el Ministerio Público en una de las tantas aristas penales que envuelven al caso, cuando apuntó al papel del ex Presidente Sebastián Piñera como gestor del llamado “Caso Cascada”.
